Después de que Pedro Sánchez fuera investido como presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados al filo de las 13.30 de la tarde del jueves, el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, anunció el acontecimiento ante un auditorio repleto de empresarios por el acto en defensa del Corredor Mediterráneo. La respuesta desde el público fueron pitidos, según informa Víctor de Elena.
Aunque anecdótico, la respuesta representa la inflamación empresarial con la situación política general y, más en concreto, con los compañeros de viaje del PSOE para esta legislatura. El último en rebelarse contra los pactos alcanzados por Sánchez ha sido Antonio Huertas, presidente de Mapfre, quien aseguraba este viernes que estos acuerdos pretenden "llevarnos al ignominioso" concepto de la "España multinivel", con ciudadanos de primera y de segunda.
"No podemos aceptarlo de ninguna manera. Yo personalmente me rebelo contra eso y os pido a todos los ciudadanos de a pie que seamos completamente conscientes que no podemos aceptarlo, independientemente de las ideologías que tengamos", ha expuesto, delante de políticos y empresarios, al final de su intervención en un acto del Ciclo 90 Años de HOY de Extremadura.
Aunque de palabra, el poder económico español está dejando claro su descontento. El presidente de la patronal valenciana, Vicente Boluda -presidente de la compañía de servicio de remolques Boluda Towage-, pedía una consulta popular sobre los acuerdos para formar nuevo Ejecutivo en el acto en defensa del Corredor Mediterráneo: "Haré una afirmación que probablemente no comparta todo el mundo, pero creo se debería someter el pacto de investidura a una consulta a la ciudadanía y, de esta forma, el Gobierno conocería la opinión de la mayoría de los ciudadanos a la hora de afrontar los compromisos derivados de los pactos alcanzados, que van a condicionar toda la legislatura". Boluda concluyó que los pactos de investidura “atentan” contra la igualdad de los españoles y “contra la separación de poderes”.
Frente a Boluda se encontraban referentes de los negocios valencianos, como el presidente de Balearia, Adolfo Utor; el primer ejecutivo de Vectalia, Antonio Árias; el de Chocolates Valor, Pedro López; José Miguel Rosell, responsable de S2 Group y una de las voces más autorizadas del mundo empresarial español, el presidente de Mercadona, Juan Roig. El magnate valenciano aseguró que si el proceso político que vive el país se produjera en Portugal, donde el grupo de supermercados se encuentra en expansión, se lo pensaría dos veces. “Ralentizaríamos las inversiones”, aseguró Roig, quien también comentó que “no es nada bueno una división entre españoles”.
Más comedidos han sido los socios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), quienes se han limitado a hacer un llamamiento a “las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales de la sociedad española". Así como para pedir atención para las protestas judiciales que ha despertado el acuerdo. “Debiera generar honda preocupación constatar la contundente respuesta que esos acuerdos de investidura han suscitado en instituciones y asociaciones tan centrales en nuestro sistema”, anotó en un comunicado el IEF.
CEOE y Foment, dos versiones de los mismos hechos
Es palpable el resquemor del empresariado español, aunque los grados de disgusto dependen de a quién se pregunte. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, así como el presidente de la Cepyme, Gerardo Cuerva, tienen clara su respuesta. En el comunicado emitido por CEOE, Cepyme y ATA a principios de semana por la “preocupante situación” que vive España, las patronales advertían de los peligros “del grave menoscabo que [los acuerdos de investidura] pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica”, en clara alusión a la amnistía de los presos del ‘procés’.
No obstante, el documento no mencionó en ningún momento la palabra que ha desatado las protestas callejeras y la inflamación de los poderes judiciales y económicos -amnistía-. En Cataluña, Foment del Treball -incrustado en CEOE- se congratularon de los la vuelta de las sedes sociales de las compañías que abandonaron Cataluña en los últimos años por la situación de inestabilidad política que incluía el pacto entre PSOE y Junts.
Posteriormente, fue Garamendi quien afirmó a TVE “nosotros no somos partidario de la amnistía”, pero la elusión del término en el primer momento deja entrever que los empresarios catalanes han considerado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez como el mal menor.
Tranquilidad en los mercados
La preocupación generalizada por el nuevo Gobierno en puntos clave de los poderes del Estado contrasta con la tranquilidad aparente de los mercados. Después de subidas en vertical, los tipos de interés se encuentran en un momento de valle que ha conseguido un clima financiero más benigno para el nuevo Gobierno, con el interés del bono español a 10 años desacelerando medio punto y la prima de riesgo por debajo de los 100 puntos básicos por primera vez desde julio.
Además, en la misma semana en que las 52 capitales de provincia españolas se llenaban de manifestantes por la convocatoria del PP y grandes empresarios hicieran patente su preocupación, el Ibex 35 ha conseguido volver a máximos desde 2020 hasta situarse por encima de los 9.700 puntos básicos.
