Huawei se enfrenta al primer gran examen como proveedor de las redes ultrarrápidas 5G en España. El Gobierno se dispone a hacer un examen inicial de problemas y una potencial lista de proveedores de riesgo alto para la seguridad. Y el gigante chino sale a la palestra para reclamar al Gobierno que la aplicación de la nueva normativa, aprobada por la vía rápida a través de un decreto ley, y ese primer ‘ranking’ se hagan en base a unas reglas claras y “objetivas” que eviten una discriminación. Insisten en que la normativa refleja que la expulsión de un suministrador de las partes más delicadas de la infraestructura de las operadoras sólo se puede llevar a cabo en “casos excepcionales” y acogiéndose al principio de Seguridad Nacional y avisan que desconocen qué criterio se utilizará las potenciales injerencias de países extranjeros como China o Rusia.
Existe incertidumbre entre las grandes empresas a unas semanas de ese primer hito. Las operadoras ya avisaron al Ministerio de Economía de esa inseguridad jurídica. Ahora, el proveedor al que todos miran también advierte que la redacción del texto queda muy abierta, por lo que el ‘diablo’ estará en el esquema de seguridad que se establezca tras el verano y en la aplicación de la normativa. “Pedimos que la regulación que se establezca sea objetiva, que no sea discriminatoria y que sea proporcionada y podamos seguir trabajando con clientes”, explica Gonzalo Erro, responsable de Seguridad de Huawei España, en un encuentro mantenido en el Centro de Ciberseguridad europeo de la compañía en Bruselas (Bélgica).
La primera parada en el viaje se fija a finales del próximo mes de junio. El Gobierno tiene la opción de poner sobre la mesa una primera lista de proveedores con riesgo bajo, medio o alto en base también a la primera información aportada por operadoras y proveedores. Además debe plantear las medidas para mitigar riesgos y cuáles son los activos críticos que se han de proteger en la parte de radio (para transmisión de la señal). En este primer 'round' del combate, el gigante chino reclama que exista transparencia en las medidas para corroborar esa proporcionalidad y no discriminación. El Ejecutivo se agarró para aprobar la ley en la guerra de Ucrania y el cambio en la geopolítica.
La geopolítica es una de las claves. Es uno de esos aspectos que se dejan especialmente abiertos en la ley española. La propia Huawei admite que no tiene información sobre cómo se va a monitorizar esas potenciales injerencias de un país extranjero. Y es uno de los problemas. La compañía se pone la venda en uno de los aspectos que se valorarán: la estructura accionarial. Insiste en que no es una compañía estatal, sino que está controlada por más de 120.000 empleados ubicados en China que tienen títulos. El fundador, Rea Zhengfei ostenta, según sus propios números, un 0,84%. Pero además de la transparencia sobre la propiedad del grupo se deberán aportar pruebas de que un tercer Estado no tiene poder para ejercer presión sobre la estrategia y de que dicho país cumpla la protección de datos europea y española.
Entre proveedores y operadoras existe una cierta previsión de que en esta primera lista que lleve a cabo el Gobierno no habrá una expulsión de alguno de los suministradores por decretarlo como de alto riesgo. Esta se contempla en el artículo 14 del decreto ley. Y el responsable de seguridad de Huawei España insiste en que esto debe contemplarse sólo en "casos excepcionales". Desde la compañía china insisten en que existe un potencial riesgo económico y en despliegue en caso de reducir el número de empresas que aportan la tecnología para las redes. En este sentido, recuerdan el informe elaborado por Oxford Economics que hablaba de hasta 440 millones de euros de sobrecoste en la inversión en caso de que se produjera esa restricción.
Lo que sí que ha despertado más la crítica en el equipo español de Huawei es el retraso vivido en la aprobación de la ley. Se ha dado luz verde en el primer semestre de 2022, cuando todas las grandes operadoras de España han tomado decisiones comerciales sobre sus proveedores evitando la contratación de la compañía asiática ante una mayor inseguridad jurídica. Ante esto, el ‘jefe’ de Seguridad en España apunta que habría sido mucho mejor tener este texto antes para así contar con plazos con los que planificar en los ‘cuarteles generales’ de las telecos.
Orange anunció en enero que Ericsson se encargaría de aportar la tecnología para todas las partes de su 5G. Vodafone apuntó desde su matriz en Reino Unido que la parte ‘core’ de su red -la más delicada por contener buena parte de todos los datos- no tendría tecnología china. Por último, Telefónica hizo lo propio. Ante un potencial veto de las empresas chinas -la propia Huawei y ZTE-, la primera señala riesgo para el despliegue teniendo en cuenta que la ley exige una diversificación de proveedores y así tener al menos dos. “Siendo un mercado como el que somos en España, conformado por cuatro compañías, la propia situación de inicio es bastante delicada”, apunta Erro. Esa ‘expulsión de facto’ del mercado por la inseguridad que generaba la ausencia de una ley también se ha dado en otros mercados europeos como el belga. Pese a todo, desde Huawei insisten en que mantienen alianzas comerciales con las operadoras de telecomunicaciones, no sólo con las redes 4G sino también en contratos más pequeños en 5G. “Lo que queremos es que todo dependa de decisiones comerciales”, apunta el directivo.
A diferencia de las operadoras, que se mostraron especialmente críticas por la fórmula del decreto ley y por la falta de diálogo antes de su elaboración, Huawei insiste en que era un paso que se tenía que dar en algún momento, pues los plazos estaban demasiado ajustados. "No tenemos nada que decir sobre ese trámite y esperábamos un texto más o menos como el que ha salido", señala Erro, quien reconoce que existe algún cambio respecto al texto que salió en audiencia pública en 2020.
El centro de Bruselas
Para intentar despejar cualquier duda, la compañía busca sacar músculo con su centro de ciberseguridad en Bruselas (Bélgica) y toda su estrategia para proteger el 'hardware' y el 'software' de potenciales vulnerabilidades. El responsable de seguridad insiste en que utilizan estándares de la industria después de años de una trayectoria "larga" de certificación en España. En la filial local el equipo de ciberseguridad lo conforman algo más de una decena de personas. A esto hay que sumar cerca de 200 personas del centro de 'testeo' de productos y servicios, ubicado en China y con una estructura independiente de la corporativa que busca analizar todos los fallos posibles en la tecnología con más de 130 herramientas propias y de terceros.
Hasta ahora, Huawei había mantenido un perfil bajo respecto al 5G y un potencial veto con la ley española. Ninguno de sus directivos se había posicionado abiertamente respecto a las nuevas reglas que se han impuesto por parte del Ejecutivo. Con este primer movimiento, el gigante asiático pasa de fase y busca tratar de influir en Economía para evitar que una redacción muy abierta del texto del decreto deje la puerta abierta a una mayor discrecionalidad en las decisiones en un momento crítico para la geopolítica mundial. “Apoyamos la regulación, pero debe promover la competitividad y la innovación en España”, concluye Erro.
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