Lunes, 16.09.2019 - 17:42 h
Recortes a la retribución de las empresas gasistas

La industria apoya a la CNMC en la batalla del gas con una factura de 4.700 millones

Hasta 11 asociaciones industriales han mostrado su apoyo total a Competencia en el proceso de revisión y recorte de peajes.

Los tres negociadores de la CNMC (izda) Marín Quemada, Joaquim Hortalá y Fernando Hernández; a la derecha, Domínguez Abascal y Maria Jesús Martín por el Ministerio de Transición. la silueta corresponde a un abogado del estado por determinar.
Los negociadores de la CNMC (izda) Marín, Hortalá y Hernández; a la derecha, Domínguez y M. J. Martín por el Ministerio. La silueta corresponde a un abogado del Estado .

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha agitado el sector de la energía con circulares que levantan las alfombras del sector del gas y de la electricidad. La Comisión intenta determinar cuánto deben cobrar las empresas por las redes que transportan las energía a los hogares e industrias. Ha propuesto recortes tanto para las eléctricas como para las gasistas, lo que ha provocado un terremoto bursátil y mediático. Todas las empresas han anunciado su intención de presentar alegaciones y, en el sector del gas, las dos compañías más afectadas -Naturgy y Enagás- han dado un paso más al anunciar próximas batallas en los tribunales. Pero la CNMC ha encontrado en la gran industria un fuerte aliado para defender sus propuestas.

Hasta 11 asociaciones industriales han mostrado su apoyo total a la CNMC en el proceso de revisión y recorte de peajes que defiende el organismo. Siderúrgicas, empresas fabricantes de vidrio, papeleras, petroleras, empresas de cerámicas, químicas y textiles han hecho llegar al presidente de la Comisión, José María Marín Quemada, el respaldo de asociaciones como Unesid, AOP, Ascer o Feique .

Su capacidad de presión es importante. La gran industria consume el 62% del gas y la factura que pagan por la materia prima se sitúa en 4.700 millones de euros anuales. Como las grandes empresas consumidoras de electricidad, que exigen la aprobación de un estatuto propio, los grandes clientes del gas se comparan con otros países de la UE para reclamar un trato más favorable.

Uso de infraestructuras

Para las empresas afiliadas a la Asociación para un Gas Industrial Competitivo, los peajes que cobran las empresas gasistas por el uso de sus infraestructuras son responsables de que la factura energética de la industria en España sea elevada en exceso. El presidente de Unesid, Andrés Barceló, ha reclamado en sus intervenciones públicas precios del gas más moderados para evitar riesgos de cierre y pérdidas de empleo que amenazan a compañías como Arcelor.

Para los industriales, la propuesta de la CNMC -que tendrá que ser revisada y discutida con el Ministerio de Transición Ecológica-intenta corregir un modelo equivocado que se armó hace casi 20 años. Ese modelo, sostienen, ha empeorado la competitividad del gas para las instalaciones industriales, que pagan precios entre un 20% y un 25% más altos que el de sus competidores europeos. En costes regulados -lo que ocupan a la CNMC- los peajes están un 45% por encima de la media europea.

Asociaciones como Ascer o empresas como Fertiberia han destacado cómo en España un productor equivalente paga el doble por el gas que uno francés, seis veces más que uno alemán y ocho veces más que un italiano. En el caso de Fertiberia, el diferencial de precios es el que llevó a la compañía a trasladar fuera del país inversiones para atender algunos de sus procesos productivos.

Las miradas de la gran industria se dirigen a los ministerios de Industria y de Transición Ecológica, pero especialmente a este último. La ministra de Transición, Teresa Ribera, está de acuerdo con el fondo de las propuestas de la Comisión para las redes de electricidad y de gas. Pero otras cosa es la forma. El departamento considera que Competencia ha ido más allá de lo debido. Tanto en el Ministerio como en la propia CNMC ha calado la idea de que el recorte de retribuciones propuesto, que ronda los 6.000 millones entre 2020 y 2025 -2026 en el caso del gas-, puede ser suavizado.

Presión y debate

De momento, entre presiones y debates, el Ministerio de Ribera ha anunciado que activará la Comisión de Coordinación prevista para resolver discrepancias con la CNMC. La Comisión intervendrá para limar diferencias en la propuesta para regular las conexiones a la red de electricidad, pero también para explorar una salida común al debate sobre el recorte de retribuciones a las compañías energéticas.

El choque institucional es importante y las dos partes en liza han tirado por elevación para constituir la Comisión de Coordinación. Por parte del Ministerio de Transición los designados para negociar son el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, la directora general de Energía María Jesús Martín y un (o una) representante de la Abogacía del Estado.  La representación de la CNMC estará a la altura. La encabezará el presidente, José María Marín Quemada, que estará acompañado por el director de Energía, Fernando Hernández, y por el secretario del Consejo, Joaquim Hortalá.

El problema es que el decreto que devolvió a la CNMC en enero las funciones que le arrebató el exministro Álvaro Nadal (PP) dejó libre demasiado campo de juego. Y la CNMC de Marín lo ha aprovechado en la primera oportunidad. Ahora toca reajustar. De la negociación entre Domínguez y Marín Quemada tiene que salir una guía de acción para futuras actuaciones de la CNMC en el sector de la energía. Según fuentes del organismo, se trata de arreglar los desajustes que pueden afectar a derechos de terceros. Especialmente los de los consumidores.

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