La persistencia de la situación de interinidad en la que se desenvuelve desde el pasado mes de agosto la Corporación Pública RTVE, con la administradora única provisional, Rosa María Mateo, al frente, y las controversias casi históricas en torno a la política de contratación del hólding audiovisual público, han animado al Ministerio de Hacienda a establecer un control externo al menos sobre los contratos más cuantiosos que se tengan que adjudicar en este periodo.
Para ello Hacienda ha tenido que modificar la redacción de una Orden Ministerial, publicada hace más de siete meses, que regulaba el control previo por parte del Ministerio sobre los contratos más elevados de una serie de organismos estatales, para incluir en la misma a la Corporación Pública RTVE. En virtud de este cambio regulatorio, la administradora única provisional de la corporación deberá solicitar la autorización previa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para poder celebrar cualquier contrato cuya cuantía supere los 5 millones de euros.
De este modo, Hacienda se garantiza la última palabra sobre los grandes contratos de RTVE y también sobre los más controvertidos: aquellos que la corporación mantiene con grandes productoras para la realización de los programas y series más emblemáticos de la televisión pública y que llevan meses en el ojo del huracán por la resistencia de los directivos de TVE a revelar las condiciones de los mismos, pese a la insistencia para ello del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Este nuevo esquema de control, que entró en vigor este martes, pone punto y final a una situación un tanto insólita, que hacía descansar en la Dirección Provisional -junto a la Dirección de Compras de la Corporación- no sólo las decisiones de gestión cotidiana de la corporación sino también otras de más hondo calado.
El asunto se había convertido también en un arma arrojadiza en el debate parlamentario. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta de RTVE, Ramón Moreno, registró el pasado mes de noviembre una pregunta por cada uno de los 97 contratos adjudicados hasta entonces bajo el mandato de Rosa María Mateo. ¿Su objetivo? "Aclarar si Rosa María Mateo se limita en su condición de Administradora Provisional a la gestión ordinaria de la Corporación o, como ya ha hecho en los Servicios Informativos de RTVE, está comprometiendo el futuro", según la nota emitida entonces desde el Partido Popular.
Según una información publicada por Voz Populi, entre su nombramiento como administradora única provisional de RTVE y el pasado 23 de enero la Corporación Pública adjudicó 248 contratos por un montante total de 40 millones de euros, aunque solo uno de ellos superó la cifra de cinco millones que activaría el esquema de control previo recién implantado por el Ministerio de Hacienda.
Adaptación de la Ley de Contratos Públicos
Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que el cambio legal responde a la aplicación de los nuevos esquemas de control implantados por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo del año pasado. Según estas mismas fuentes, la Corporación RTVE no se incluyó en la Orden Ministerial de julio de 2018 -ya con esa ley en vigor- porque existían dudas jurídicas sobre si ese control previo del Ministerio de Hacienda vulneraba de algún modo el principio de autonomía de RTVE consolidado en la Ley de Radio y Televisión de Titularidad Estatal.
Desde entonces la Abogacía del Estado habría estado analizando la dimensión jurídica del problema hasta llegar a concluir que ese esquema de control previo de los contratos de mayor cuantía por parte de la ministra de Hacienda no afecta a la autonomía de la corporación. En el momento en que el Ministerio ha tenido ese informe en sus manos, habría actuado para incluir a la Corporación en el perímetro de controles previos de las entidades dependientes del Ministerio de Hacienda.
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