Poco a poco, el poder de los grandes grupos en el sector energético se va erosionando. Hay más actores en el negocio, tanto de producción como de generación de electricidad y, sobre todo, hay nuevas normas. El Gobierno aprobó en los últimos días de 2020 el nuevo decreto de acceso y conexión a las redes eléctricas con el objetivo de poner orden en el despliegue de las renovables y colocar a la empresa Red Eléctrica de España (REE), participada en un 20% por la SEPI, como responsable único del tráfico. Desaparece la figura del "interlocutor único" de nudo, una figura legal controvertida que permitía a las grandes compañías -Endesa, Iberdrola y Naturgy- intervenir en el acceso de otros generadores a las redes.
La figura del interlocutor único fue regulada en el Real Decreto 413/2014. Establecía que en caso de atasco entre generadores para acceder al punto al que verter su producción, existiría un interlocutor -un árbitro- para actuar en representación de los competidores, "en los términos y con las funciones que se establezcan". En la práctica, los árbitros eran los propietarios de redes de distribución -las grandes compañías- que también son generadoras con centrales tradicionales y que, además, están desarrollando parques eólicos y fotovoltaicos. Una madeja muy cuestionada por asociaciones de energías renovables y expertos legales y por las propias eléctricas. Con el nuevo decreto, cada promotor se relacionará directamente con REE; además, se establece un periodo transitorio en el que los interlocutores seguirán ejerciendo su función, aunque solo en los casos de procedimientos ya iniciados.
La coincidencia entre quien teóricamente debe arbitrar el partido -el acceso a los puntos de conexión- y quien lo juega ha provocado más de un disgusto. A Endesa le ha costado la apertura de un expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Según la Comisión, la filial de renovables de Endesa (Enel Green Power) aprovechó su condición de tramitador único de las solicitudes conjuntas y coordinadas de acceso y conexión a la red de transporte ante REE para favorecer a empresas de su mismo grupo empresarial.
Despliegue renovable
Endesa niega las acusaciones y atribuye el caso a la mala regulación de la figura de los interlocutores de nudo, cuestionada también por la asociación de las empresas eléctricas. Pero el expediente ha colocado en primer plano lo que está sucediendo en el mercado eléctrico, agitado por los planes para instalar 60 GW renovables en los próximos diez años. Los puntos de enganche a la red se han convertido en un bien tan deseado como escaso. Aunque el Gobierno, que aprobó en junio una revisión de las tramitaciones, y REE han tomado medidas para acabar con la especulación con los enganches, los codazos y los atajos están a la orden del día.
Pese a la limpieza de los últimos meses, los datos de REE señalan que en estos momentos hay 121,7 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 47,6 GW en tramitación. Ese volumen de potencia duplica las previsiones recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) durante la próxima década. Una inmensa burbuja.
Cambios en REE
El plan para poner orden, vía decreto, coincide con cambios en REE, la compañía con participación pública encargada de gestionar 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 5.500 posiciones de subestaciones. La Sociedad Estatal de Particicipaciones Industriales (SEPI) ha cambiado a uno de los tres consejeros con los que cuenta en REE. Ricardo García Herrera (físico, climatólogo y expresidente de la Agencia Estatal de Meteorología), que cuenta con la confianza de la vicepresidenta cuarta Teresa Ribera, sustituye como consejero dominical a Antonio Gómez Expósito, un hombre cercano al exsecretario de Estado de Energía José Domíngez Abascal.Gómez Expósito presentó su dimisión en un movimiento que, según fuentes empresariales, está muy medido.
Red Eléctrica de España (REE), junto al Ministerio de Transición, está en pleno proceso de elaboración de los planes de inversión en redes. La planificación se elabora cada cuatro años y abarca un periodo de seis. Es un asunto vital para el desarrollo económico y también para la transición energética. Están en juego miles de millones de euros de inversión.
El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética hasta 2030, contempla una inversión en redes y electrificación de 58.579 millones de euros durante la década, lo que permitiría generar un volumen de empleo anual que oscila entre los 25.000 y los 45.000 puestos de trabajo. Las eléctricas, a lomos de la crisis, han propuesto al Gobierno dos medidas para animar la inversión: subir los límites anuales establecidos para la inversión en redes y adelantar las inversiones previstas por las empresas para la década.
Todo el proceso está bajo la lupa de los grandes fondos de inversión, interesados en invertir en las distribuidoras porque saben que el momento es oportuno: se está produciendo toda una reconfiguración del sector. El auge del autoconsumo, las expectativas que abre vehículo eléctrico y la entrada en el negocio de nuevos agentes -empresas de servicios energéticos- presionan sobre la distribución eléctrica, que necesita dinero fresco. BlackRock, Norges Bank -gestor del fondo estatal de pensiones de Noruega- y CVC Capital Partners sondean la posibilidad de tomar nuevas participaciones significativas en un negocio regulado y de rentabilidad asegurada.
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