La operación de las dos últimas décadas se está fraguando estos primeros días de marzo. La fusión de Orange y Másmóvil, valorada en casi 20.000 millones de euros, se negocia en exclusiva por ambas partes para tenerla lista antes del verano. Y en las plantillas de ambas partes miran con cierta preocupación estos movimientos después de unos años de duro castigo al empleo en el sector de las telecomunicaciones. Los empleados se agarran a que se mantenga una fusión 'fría' entre ambas partes, con independencia de equipos y estructuras, para evitar duplicidades y esquivar una oleada de despidos. Ni los trabajadores de la operadora francesa ni los de Euskaltel están blindados con la garantía de empleo a partir de 2023.
En esta primera fase, sólo ha habido mensajes positivos y optimistas trasladados por parte de las direcciones de las empresas a las plantillas, que suman más de 7.000 empleos. Lo hizo Meinrad Spenger, consejero delegado de Másmóvil, en un vídeo distribuido el pasado martes explicando de manera somera la decisión y arengándolos. También lo hizo Orange en un encuentro con los representantes de los trabajadores, en el que se trató de lanzar un mensaje de tranquilidad. Se confirmó que hasta el próximo mes de junio será difícil que haya algo completamente cerrado y con números en la mano para sacar conclusiones y contar con previsiones.
Pese a la intranquilidad que genera este tipo de transacciones en la plantilla, el planteamiento corporativo inicial deja cierto resquicio a menos despidos. La 'joint venture' al 50% abre la puerta a mantener de manera más o menos independientes ambas compañías con algunas fusiones de servicios corporativos comunes. Esto, según explican fuentes sindicales, podría reducir el número de duplicidades, aunque seguirían existiendo. Uno de los casos que está aún en la retina es el de Telefónica O2 y Virgin Media (Liberty) en Reino Unido, que aprobaron una estructura de fusión muy similar y, al menos por ahora, no han planteado despidos masivos pese a que en un primer momento se temiera una medida así por la elevada cifra de ahorros que prometieron al mercado. Se trataba de ahorros de costes, inversión (capex) e ingresos de 540 millones de libras (640 millones al cambio actual) anuales a partir de 2026.
En la unión Másmóvil-Orange las sinergias son incluso más ambiciosas no en la cifra final sino en el calendario. Serán 450 millones de euros a partir del tercer año. Y después de los ajustes de costes de Orange en los últimos años, entre algunas organizaciones sindicales temen que los ahorros que provengan de los contratos y las redes -Másmóvil se integraría lógicamente en la infraestructura de los franceses- no sean suficientes para llegar a esa cifra. En el escenario más negativo se podrían plantear departamentos comunes, lo que llevaría a muchas más duplicidades. Hay que tener en cuenta que hoy en Orange conviven 5.500 empleados entre las diferentes divisiones después del último despido colectivo. En el caso de Másmóvil, tras la adquisición de Euskaltel, supera los 2.000.
En este proceso hay una alargada sombra y es la escasa garantía de empleo que tienen estos equipos. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado por los sindicatos en Orange a finales del año pasado blindaba a la plantilla de futuros despidos hasta el junio de 2023 y de potenciales externalizaciones hasta junio de 2022. Eso sí, el compromiso tiene una excepción: "Siempre que no concurran motivos económicos o estructurales graves". En el caso de Euskaltel también está muy abierto, algo que puso en guardia a los sindicatos en su momento. La oferta pública de adquisición lanzada por Másmóvil a comienzos del año pasado desembocó en un compromiso de no ejecutar un ERE en la operadora vasca en cinco ejercicios (hasta 2026), pero siempre supeditado a las “variaciones derivadas de la evolución del negocio”. Esto deja la puerta abierta claramente a cualquier ajuste, tal y como temen entre los representantes sociales.
Los sindicatos no esperan noticias sobre salidas hasta bien entrado 2023, cuando haya una potencial 'luz verde' de Bruselas y se completen las 'due diligence'
Estos temores iniciales seguirán estando ahí sin respuesta durante un tiempo largo. Los plazos aún son bastante largos. Tal y como reconocen fuentes sindicales, quedan por delante semanas de negociación en exclusiva para afinar el acuerdo y cerrar definitivamente la transacción. Después se estima que la Comisión Europea estará en torno a un año estudiando la transacción y si, finalmente, exige medidas correctoras para la competencia en el mercado. Sólo ahí se inicia lo que se conoce como 'due diligence', es decir, un estudio a fondo sobre los números y los activos de cada una de las partes. Sólo después de eso se plantearían potenciales recortes de estructura. Y esto, en el escenario temporal más optimista, se produciría en el segundo semestre de 2023 o, incluso, a principios de 2024.
Los antecedentes de las otras operaciones de consolidación no invitan al optimismo entre las plantillas de las dos compañías. Eso sí, en los casos que han tenido lugar en el pasado no había una 'joint venture' al 50% y con un intento, al menos en un principio, de mantener dos estructuras relativamente diferenciadas. Se trataba de integraciones completas. Pero si se echa la vista atrás, la compra de Jazztel por Orange en 2014 desembocó en un ERE dos años más tarde con casi medio millar de salidas debido a esas duplicidades de los diferentes equipos.
Comité de empresa
La adquisición de ONO por Vodafone calcó la situación: en marzo de 2014 compró la cablera por 7.200 millones y pactó un ERE para casi 1.100 trabajadores un año después. En Euskaltel, la ausencia de despidos en la opa de Másmóvil fue una de las líneas rojas que se exigieron desde los sindicatos y desde el Gobierno vasco. Por tanto, tras la compra no hubo ninguna salida en los equipos generales, ni tampoco en la cúpula directiva. Sólo hubo varias decenas de salidas, entre despidos y externalizaciones, tras la llegada de José Miguel García como consejero delegado y la 'toma de control' de Zegona.
Los dos últimos años han estado marcados por fuertes recortes de empleo en todas las operadoras en España, castigadas por la guerra del 'low cost' y la fuerte competencia. Vodafone acordó el despido de 442 trabajadores con 50 días por año trabajado. Orange pactó uno con 400 salidas, de las que la mitad eran prejubilaciones con condiciones más favorables. Por su parte, Telefónica ejecutó el tercer plan de suspensión individual (PSI) con más de 2.300 prejubilaciones para los nacidos antes de 1967.
Ahora, los fondos dueños de la mayoría de Másmóvil y la matriz francesa tienen un primer 'round': pactar definitivamente la operación. Eso sí, el cuarto operador sí que previó la situación y creó un comité de empresa para la matriz y para Yoigo (Xfera Móviles) con 25 representantes, todos ellos de Fetico, sin que haya ninguna representación de los sindicatos tradicionales como CCOO y UGT. Desde la organización sindical, señalada por algunos de sus rivales como un sindicato más ‘pro-empresa’, aseguraban que el grupo Másmóvil confiaba en lo que ellos denominan “sindicalismo moderno”.
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