Son días de calculadora y papel en la plantilla de Telefónica en España. Los trabajadores mayores de 55 años de la compañía echan cuentas para determinar si presentan su candidatura voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Y lo hacen bajo la sombra de las salidas forzosas, que la compañía hará en caso de que no se llegue al mínimo de 3.421 salidas pactado con los sindicatos. El foco se sitúa en la plantilla más veterana, con condiciones más ajustadas para el despido y donde han surgido más críticas entre los equipos. La exención de los primeros 180.000 euros de indemnización será clave para esos cálculos entre todos los potenciales afectados. La empresa permitirá salidas voluntarias en áreas determinadas críticas, pero previsiblemente habrá vetos pues se ha limitado.
La pasada semana arrancó la cuenta atrás de algo más de un mes para adscribirse voluntariamente. A los varios miles de trabajadores que se incluyen en la población potencial (más de 15 años de trabajo en la empresa y nacidos en 1968 o años anteriores) ya se les envió entre el martes y el miércoles pasado toda la documentación económica para tomar una decisión. Aún así ya llevan desde antes de la Festividad de los Reyes haciendo números. Los servicios jurídicos de los grandes sindicatos están a pleno rendimiento estos días. Desde la compañía y oficialmente desde los sindicatos no se quieren dar datos de adscripciones, aunque algunas fuentes las sitúan en torno a medio millar.
La clave radica en la plantilla más veterana, que es la más señalada por la compañía. El ERE pactado reduce de manera sensible las condiciones para los mayores de 60 años -una parte no menor ha rechazado uno o incluso dos planes de bajas con suspensión de contrato en el pasado-. Según explican fuentes internas, existen dudas en este grupo de edad por ese recorte en la indemnización. En este caso, la presión de la forzosidad es aún mayor pues la compañía tiraría de salidas obligadas en un segmento que sería más ‘económico’.
En estos cálculos está siendo muy relevante la exención económica de la indemnización que se abonará a los empleados. Los sindicatos han repetido durante estos últimos días en las reuniones internas que los primeros 180.000 euros no tendrán que abonar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Y esa ventaja fiscal va a ser determinante en los cálculos de los empleados. En el salario regulador que sirve para calcular el pago -del 53% al 68%- se incluye el salario base, la retribución por tiempo, la gratificación por cargo o función y otros conceptos fijos, como acabó aclarando la dirección en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del ERE. Los bienios y pases de categoría que se cumplan durante este ejercicio también se incluyen.
Existe incertidumbre sobre cómo evolucionará la cifra de adhesiones vinculadas a las áreas no excedentarias. La empresa y los sindicatos han pactado una lista de divisiones en las que sobra plantilla que ha sido elaborada por un “asesor independiente” con un informe técnico. La dirección buscaba centrar sólo las salidas en esos departamentos. Sin embargo, los sindicatos lograron que se incluyera un cupo de salidas voluntarias en esas áreas críticas. Pero debe ser en casos en los que las causas reseñadas en dicho documento “tengan un impacto indirecto” en la actividad de esos empleados.
El tope para esas salidas voluntarias en áreas críticas: un 35% de los que cumplan los requisitos de adhesión -según los primeros cálculos apuntados por fuentes sindicales este grupo se sitúa en algo menos de un millar de trabajadores-. Aquí podría haber vetos por parte de la empresa. A ese porcentaje se sumaría el centenar de trabajadores a los que se les prohibió la salida en el último plan de suspensión individual (PSI). Por ejemplo, en Telefónica de España se han incluido en esa lista de divisiones a varias del negocio para empresas (B2B), todo el mayorista (comercialización y desarrollo de negocio) y hasta cuatro en la dirección de Operaciones, Red y Tecnología de la Información, conocida internamente con el acrónimo de ORTI. En Telefónica Móviles, la otra gran filial por trabajadores pero muy lejos de la cabecera, la distribución es muy similar.
Un reto operativo
La compañía se prepara para todo un reto operativo. En el año 2019 y 2021 los planes de bajas (PSI) acarrearon también una dificultad para tratar de ajustar los equipos ante una salida brusca de muchos empleados. En ambos casos la inmensa mayoría de las salidas (2.636 y 2.347, respectivamente) se ejecutaron en las semanas siguientes a la firma, dejando sólo una porción muy pequeña de adscritos para los meses siguientes. En esta ocasión la cifra va a ser sensiblemente superior. La compañía tenía previsto llevar a cabo una salida progresiva hasta 2026, pero ante la reducción desde los 5.000 afectados iniciales se ha optado por ejecutar la “gran mayoría” a finales del próximo mes de febrero y una minoría hasta marzo de 2025.
Cuando las salidas se cierren definitivamente, la empresa tendrá que llevar a cabo una provisión durante el primer trimestre del año que en un primer momento se ha estimado en unos 1.300 millones de euros. Esta cifra refleja el coste muy inferior por empleado respecto a los anteriores planes de bajas. Se trata de unos 360.000 euros frente a niveles en el entorno de los 600.000 euros de los dos anteriores planes de bajas. Esto se explica por el mayor peso de los empleados más veteranos y el recorte de las condiciones especialmente para este grupo de la plantilla. La empresa espera unos ahorros de 285 millones de euros a partir del ejercicio 2025.
