La última reforma del bono social eléctrico podría encallar en los servidores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno ha decidido involucrar a todas las empresas del sector en el reparto del coste que implica el descuento en la factura de la luz que beneficia a los consumidores vulnerables. El giro impulsado desde el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha colapsado el sistema informático de la CNMC, organismo que cada año calcula las aportaciones de cada una de las empresas obligadas a arrimar el hombro para costear el bono eléctrico, toda vez que la cifra de compañías afectadas ha pasado de los tres a los cinco dígitos de un día para otro.
El Gobierno tomó esta decisión tras el último varapalo del Tribunal Supremo que el pasado enero tumbó el anterior modelo de financiación del bono, que imputaba solo a las comercializadoras eléctricas, libres o reguladas, el coste de esta prestación. El fallo del TS obligó a devolver los 800 millones de euros a los que asciende el coste que ha tenido para las compañías esta medida a lo largo de sus cuatro años de vigencia.
Dado que cada empresa aporta más en función del número de beneficiarios que incluya su cartera de clientes, más del 90% del bono social había recaído en las cinco mayores eléctricas del país (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol). Algunas de estas compañías ya registraron en sus últimas cuentas anuales el ingreso extraordinario derivado del fallo del Supremo sobre el bono social, una prestación que ha enfrentado a los gigantes del sector con el Estado desde el mismo momento en que vio la luz.
La sentencia consideraba "discriminatorio y contrario al derecho de la Unión Europea" el anterior modelo de financiación. El Supremo ha tumbado los tres mecanismos de reparto de costes que se han aprobado desde la entrada en vigor del bono social en 2009. En todos los casos, la reacción del Gobierno ha sido ampliar la obligación de costear este descuento cada vez a más compañías, pasando de involucrar solo a las generadoras a ampliar el cerco a todas las comercializadoras. Con la reciente reforma, el Ejecutivo ha incluido en la ecuación a todas las empresas del sector, desde generadoras y distribuidoras hasta las compañías de transporte. Incluso Red Eléctrica (REE) deberá contribuir a la financiación de este descuento.
Según las fuentes consultadas, la reciente modificación supone que el organismo supervisor que dirige Cani Fernández deberá calcular las cantidades que deberán aportar alrededor de 80.000 operadores. Con el modelo previo, apenas entraban en el reparto cerca de 600. El aumento es exponencial y conlleva una ingente labor administrativa que ha sobrepasado los recursos de Competencia.
La CNMC ha pasado de calcular la aportación al bono de cerca de 600 operadores a fiscalizar a más de 80.000, una labor "técnicamente inviable"
Las máquinas de Competencia echan humo. El Gobierno dio un plazo de un mes desde la entrada en vigor del real decreto de medidas económicas contra los efectos de la guerra, el pasado 31 de marzo, para que la CNMC trasladase a Transición Ecológica una primera propuesta para la determinación de la cuantía de financiación del bono social y el coste de los suministros de los consumidores. Dados los recursos de los que dispone el supervisor, la tarea a la que se enfrenta es "técnicamente inviable", según fuentes del sector que indican que el calendario fijado por el Gobierno podría no cumplirse.
El decreto 'antiguerra' ha lanzado varios balones sobre el tejado de la CNMC. Desde controlar que las gasolineras apliquen la rebaja de 20 céntimos al carburante, hasta la supervisar que las eléctricas apliquen el descuento del 80% de los peajes a los consumidores electrointensivos. El exceso de funciones atribuidas al supervisor en el paquete de medidas urgentes, que este jueves ha sido convalidado en el Congreso de los diputados, ha llevado a Competencia a trabajar por encima de sus capacidades. La propia Cani Fernández admitió en conversaciones con este medio que estaba dispuesta a pedir refuerzos en caso de considerarlo necesario.
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