La planificación para decidir cómo será el sistema eléctrico a medio y largo plazo (2021-2026) se retrasa. Las exigencias de evaluación mediambiental y el impacto de la Covid 19 en los procesos administrativos han movido las estimaciones de aprobación de una norma clave para la actividad empresarial en el sector al tercer trimestre del próximo año, según apuntan fuentes al tanto de los trabajos del Ministerio de Transición Ecológica. El inicio de la tramitación del nuevo plan comenzó en febrero de 2019 con la publicación de la orden ministerial TEC/212/2019. En condiciones normales, el proceso de consultas con CC AA, empresas y la CNMC, así como la aprobación por el Gobierno tras su paso por el Congreso de los Diputados hubiera llevado 18 meses. La planificación se elabora cada cuatro años y abarca un periodo de seis.
La prolongación del proceso de planificación es un elemento más de incertidumbre para todas las empresas y también para Red Eléctrica de España (REE), participada en un 20% por el Estado, que depende de los planes de infraestructuras que apruebe el Gobierno para elaborar su nuevo plan estratégico y contentar a los inversores institucionales que forman parte de su accionariado. Según el Ministerio de Transición Ecológica "el trabajo se está haciendo lo más rápido posible teniendo en cuenta los plazos de tramitación y de manera acompasada con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)".
Están en juego miles de millones de euros de inversión. El borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética hasta 2030, contempla una inversión en redes y electrificación de 58.579 millones de euros durante la década, lo que permitiría generar un volumen de empleo anual que oscila entre los 25.000 y los 45.000 puestos de trabajo. Las eléctricas, a lomos de la crisis, han propuesto al Gobierno dos medidas para animar la inversión: subir los límites anuales establecidos para la inversión en redes -aceptado por el Ejecutivo- y adelantar las inversiones previstas por las empresas para la década.
Adelanto de planes
Todas las eléctricas, apoyadas en los estudios realizados por la consultora Deloitte, coinciden en la necesidad de adelantar los planes de transición energética avanzados en el PNIEC y el proyecto de ley del Clima para hacer frente a la crisis desatada por la Covid 19. Lo plantearon en la cumbre empresarial que organizó la patronal CEOE en junio. El gran caramelo envuelto en el informe Deloitte es el empleo: según su estudio, adelantar 30.000 millones en inversión podría crear 40.000 empleos netos.
Más aún: el impacto en la tarifa eléctrica por adelantar las inversiones sería beneficioso para el usuario. En la previsión del documento, el coste de las redes -que se paga en los peajes- se reduciría además hasta un 10%. Ese descenso, unido a la desaparición del déficit tarifario, el aumento de la demanda y el menor precio de la energía generada con renovables, rebajaría el coste total del suministro en un 35% en el año 2030. También la industria obtendría su parte.
Según el estudio de Deloitte para las grandes compañías, hasta un 95 % de la inversión necesaria en redes sería servida por industrial nacional y el peso de la mano de obra nacional se situaría entre el 50% y el 60%. Las redes eléctricas contribuyen en cerca del 30% al Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía española y suponen el 40% de todos los empleos que aporta el sector eléctrico.
Criterios ambientales
Con las eléctricas empujando, el retraso de la planificación introduce inquietud en el sector. Simplemente, no se pueden construir infraestructuras de transporte de electricidad que no aparezcan en el documento de planificación. Y este tiene que someterse a una evaluación ambiental estratégica -permite introducir criterios ambientales en la toma de decisiones-, según recoge la Ley 21/2013. El proceso lleva su tiempo. El Ministerio de Transición Ecológica tiene en curso la fase de consultas a la evaluación ambiental, pero queda mucho terreno por andar.
Las exigencias de evaluación no sólo se han cruzado en el camino de la planificación energética. La obligación de elaborar un "documento de alcance" medioambiental por el Ministerio de Transición y un Estudio Ambiental Estratégico por parte de la empresa pública Enresa está retrasando también la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos Radioactivos, cuya tramitación podría extenderse hasta el año 2022.
De momento, la propuesta inicial de planificación de redes elaborada por REE como operador del sistema eléctrico, cuenta con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En esa primera puesta en escena, el plan -pendiente de modificaciones- fijaba un volumen de inversión estimado -sólo para desarrollo de la red de transporte hasta 2026- de 5.684 millones de euros. Incluía también la repotenciación de 5.448 km de líneas existentes, la monitorización dinámica de 690 km de líneas, 2.190 km de nuevas líneas, 146 km de cables soterrados y 466 km de cables submarinos.
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