La carrera ha comenzado. Los grupos que son algo en el mundo energético, y aquellos que aspiran a serlo, han presentado ya su candidatura para participar en la gran subasta que se celebrará el día 26 para adjudicar 3.000 MW renovables -1.000 fotovoltaicos, 1.000 eólicos terrestres y 1.000 para otras tecnologías-. Es el primer paso en el plan del Gobierno para instalar 60.000 MW verdes en los próximos diez años. Todas las grandes compañías participarán en la convocatoria. Ganará quien ofrezca producir energía al precio más barato. A cambio, cobrará durante todo el periodo de concesión un precio fijo. La subasta, primera que se celebra desde 2017, se abre con incógnitas sobre el impacto real en el recibo de la luz y los efectos sobre un sistema que registra cierta sobrecapacidad.
Nadie se quiere perder la cita. Aunque nada impide que los grandes grupos instalen renovables por su cuenta, al margen del calendario a cinco años previsto por el Ministerio de Transición Ecológica, todo el mundo quiere estar presente, ya sean los agentes tradicionales en el sector eléctrico -Endesa, Iberdrola o Naturgy-, sean los nuevos actores en busca de nuevos mercados, caso de Repsol, o sean las empresas que se han mostrado más activas en la promoción y venta de proyectos como Forestalia o Grenergy. Empresarios y grandes fortunas como los Abelló (Torreal), Riberas (antigua Gestamp) o Benjumea (Powen) han tomado posiciones en el sector de cara a las adjudicaciones.
La subasta se celebra con dos cuestiones pendientes: cuánto afectará al recibo de los usuarios y qué aportará a un sistema que registra cierta sobrecapacidad y que ha visto cómo las solicitudes de acceso a la red para plantas renovables triplican las previsiones oficiales de instalación. El Gobierno no tiene dudas de que la subasta beneficiará a los consumidores. Pero habrá que esperar.
Manda el gas
Las subastas reducirán el precio de la energía, pero el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico, donde se casa la oferta y la demanda, hará que las centrales de gas sigan marcando el precio del kWh. Los precios de la energía -que pesan más del 50% en la factura final- bajarán y beneficiarán a todos los usuarios, pero en el mejor de los casos, tendrá que pasar tiempo.
Los expertos lo tienen claro: es posible que en la subasta resulten precios de adjudicación muy bajos, pero no tendrán una traducción inmediata en la factura final (de los usuarios). Por dos razones. Porque se trata de volúmenes de energía pequeños y porque el precio de mercado lo marca la tecnología más cara que produce en cada hora, que no es necesariamente la resultante de la subasta.
Así, el primer tanteo del mercado no traerá grandes cambios. Es algo que han cuestionado asociaciones como la Fundación Renovables, que critica el diseño de subastas del Gobierno. Lo hace porque no contiene cláusulas específicas contra la especulación y, especialmente, porque no contempla medidas concretas para alentar el autoconsumo y la generación eléctrica descentralizada en pequeños proyectos. "Meter más renovables en el sistema es positivo", explica el presidente del consejo asesor de la Fundación Javier García Breva, "pero habría que equilibrar la desproporción entre la generación distribuida (el autoconsumo) y la generación centralizada (la que controlan los grandes grupos)".
Los desajustes de 2016
En todo caso, coinciden las fuentes del sector consultadas, no sucederá lo mismo que en las subastas de 2016 y 2017, que no se ajustaron a lo previsto y favorecieron la especulación. Entonces, los 5.700 MW de adjudicación de partida se convirtieron en 8.737 MW. Tampoco estuvieron nunca claros los puntos de instalación, ni su capacidad de generación. Muchos de los proyectos sólo existían en el papel por la ausencia de requisitos previos y algunos cambiaron de mano sin haber puesto la primera piedra, la primera placa o el primer generador.
La expectación es muy grande. Incluso no se descarta que haya sorpresas como sucedió en la subasta que celebró Portugal en otoño, con la participación de empresas chinas. En el caso de España, también hay interés del capital chino en el sector. Three Gorges ha constituido su filial en España, donde ya controla 13 plantas fotovoltaicas que suman 572 MW.
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