La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, encabeza la oposición contra el giro en la taxonomía verde propuesta por Bruselas que busca incluir el gas y la nuclear en el listado de tecnologías que impulsan la descarbonización. Ribera, junto a sus homólogos de Austria, Dinamarca y Luxemburgo, volvió a rechazar el pasado martes una iniciativa que podría favorecer el acceso a la financiación sostenible por parte de estas fuentes de energía, muy afectadas por el alza de precios del CO2 en los mercados. En paralelo a su cruzada por las renovables, el ministerio ha inhabilitado a tres comercializadoras independientes de gas por acumulación de impagos desde el arranque de 2022.
El departamento que dirige Ribera ha prohibido la venta de energía a Legas Iberia, Aura Energía y Another Energy Option (AEO). La cifra de comercializadoras de gas que se enfrentan a su inhabilitación en apenas cuatro semanas de año casi iguala al número de firmas de venta de electricidad que el ministerio inhabilitó en todo 2021. Las causas son semejantes.
En los expedientes de Aura y AEO, a los que ha tenido acceso este medio, se especifica que ambas compañías incumplieron los plazos de pago de los peajes de acceso y garantías. También dejaron de inyectar al sistema el gas necesario para cubrir el suministro de sus clientes. Se trata de un problema que lleva meses afectando a las comercializadoras independientes que, debido a la fuerte escalada de los precios de este combustible, han incurrido en episodios de morosidad. En estas situaciones, la ley dicta que es el ministerio que dirige Ribera quien tiene la responsabilidad de cesar a las compañías morosas.
La explicación detrás de esta oleada de impagos reside en que muchas de estas firmas se habían comprometido con sus clientes a ofrecer el gas a un determinado precio, sin haber cerrado el suministro antes de la espiral alcista en los mercados. Al no contar con una operativa financiera tan sólida como la de las grandes energéticas, el golpe de la actual coyuntura de precios ha perjudicado a las firmas independientes en mayor medida que a los gigantes del sector que, además, están absorbiendo los clientes de las empresas inhabilitadas.
El año ha empezado de la peor manera para las comercializadoras de gas que, por otra parte, llevan meses clamando por un balón de oxígeno estatal en forma de rebajas fiscales. Se trata de un guiño que Transición Ecológica si ha lanzado a las compañías eléctricas, pero que el Gobierno se resiste a conceder a la industria gasista, que por su naturaleza está menos alineada con la política energética del Ejecutivo, cuya máxima responsable es la propia Ribera.
Las declaraciones que la vicepresidenta tercera realizó el pasado viernes a su llegada al Consejo Europeo celebrado en Amiens ratifican el posicionamiento del departamento, que se ha declarado contrario a la consideración del gas (y también la nuclear) como tecnologías favorecedoras de la descarbonización. "La propuesta de la taxonomía de la Comisión emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia las tecnologías realmente sostenibles y con poco riesgo ambiental", zanjó Ribera ante las preguntas de los medios.
Teresa Ribera: "La taxonomía de la Comisión Europea emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia las tecnologías realmente sostenibles"
La consecuencia directa de estos expedientes es un aumento de la concentración del negocio de comercialización en beneficio de los grandes grupos energéticos. Esto agrava la tendencia, pues los cinco mayores operadores ya concentran más del 90% de la cuota de mercado minorista de gas natural por número de clientes, según los últimos datos recogidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al primer trimestre de 2021.
Los líderes indiscutibles de este negocio son Naturgy (47,32%), Endesa (19,39%), Iberdrola (14,08%), Total (11,25%) y Repsol (2,80%). En los casos en los que es Transición Ecológica la que da de baja a una comercializadora independiente, y no la propia empresa la que cesa la actividad por propia iniciativa, el ministerio es el encargado de gestionar el trasvase de los clientes de la empresa expedientada a una de las llamadas comercializadoras de referencia o de último recurso, las que operan en el mercado regulado. Este grupo lo forman en España ocho compañías. La mitad está en manos de Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies (antes EDP Residencial) y Repsol.
La CNMC ya advirtió de que, en los tres primeros meses de 2021, el volumen de ventas de Naturgy, Total y Endesa había engordado respecto al mismo periodo del año anterior. "El índice de concentración del mercado (HHI) aumenta ligeramente con respecto al mismo periodo del año anterior (1.150 en el primer trimestre de 2020), situándose en 1.389", reza el informe del organismo regulador.
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