No habrá reunión antes del ‘Investor Day’. Telefónica retrasa la primera reunión de la negociación para apuntalar el plan de bajas incentivadas en España hasta después del 8 de noviembre. Será ahí cuando presente a analistas y accionistas la ‘hoja de ruta’ para los próximos tres años, en la que se establecerán algunas de las medidas para seguir reduciendo costes y aumentando las eficiencias -incluido este nuevo PSI-. La plantilla se mantiene en vilo mientras se perfilan las condiciones y, sobre todo, los criterios de elección de los empleados afectados.
Justo hace dos semanas se desvelaban los trabajos de preparación del nuevo plan de bajas -el cuarto desde 2015- para adelgazar la plantilla en España, especialmente tras el apagado de las antiguas centrales de cobre. El ruido interno en relación con esta medida no había dejado de incrementarse semanas atrás. La compañía no reunió de manera inmediata a las organizaciones sindicales, aunque sí que llevó a cabo llamadas a las principales organizaciones del comité -donde conviven UGT, CCOO, Sumados, Cobas y CGT-. En ellas se les indicó que, en cuanto hubiera un plan totalmente cerrado, serían convocados para conocer los detalles.
El plan inicial de la dirección del grupo pasaba por llevar a cabo esa reunión antes del ‘Investor Day’ fijado para este miércoles y así conseguir que la plantilla conociera los primeros datos oficiales del nuevo PSI antes de enseñar las ‘cartas’ dentro del nuevo plan estratégico. Había prácticamente dos semanas y media para fijar la reunión. Sin embargo, este encuentro no se ha celebrado, ni se celebrará hasta después del día 8, según confirman varias fuentes internas de la empresa a La Información. Desde la compañía rechazan ofrecer un calendario específico para estos encuentros.
Los plazos se ajustan mucho para la compañía, pues en el horizonte se encuentra el plazo de finalización de la vigencia del actual convenio colectivo, que engloba a las tres principales filiales y que sumaban más de 16.300 entre directivos y resto de la plantilla. Dentro del texto pactado a comienzos de 2022, el documento que rige las relaciones laborales en la operadora se entenderá automáticamente denunciado con efectos de 1 de enero de 2024. Es decir, si la dirección optara por una prórroga frente a un nuevo texto negociado con los sindicatos debería comunicarlo (y negociarlo) formalmente antes de esa fecha.
Como telón de fondo se encuentra la posición de CCOO y UGT, las dos principales organizaciones sindicales. En 2021 acudieron de manera conjunta a la dirección para exigir un plan social que complementara el plan de bajas y una prórroga del convenio colectivo. Ahora, la situación es diferente. Por parte de UGT se apuesta claramente por un nuevo texto en el que se revisen las condiciones económicas y se fortalezcan aspectos como el teletrabajo y se actualicen los procesos de movilidad. Por su parte, desde CCOO se habla en genérico de “negociación colectiva”, sin referirse expresamente a un texto revisado (y no prorrogado). En el sindicato han existido en las últimas semanas diversas posiciones respecto a este punto.
También ha existido un cierto debate interno en la compañía sobre el alcance de este plan, las condiciones y cómo se ejecutará. De ello dependerá una parte relevante de los ahorros prometidos a los inversores en el plan estratégico de los próximos tres años. Deberá decidir si sólo lo circunscribe, como ha sucedido hasta ahora, a los empleados de las tres grandes filiales (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) o lo abre a otras divisiones que cuentan con convenio propio. También tendrá que cerrar definitivamente unas condiciones económicas que deben ser suficientemente atractivas para lograr la mayor adscripción posible, especialmente en las áreas que buscan adelgazar (operaciones, principalmente).
Plan plurianual
Por ahora sí que existe una serie de certezas. Una de ellas es precisamente esa mayor afección al área de Operaciones. Aún queda por ver la configuración específica, pero según explican fuentes conocedoras tendrá un mayor acento en la actividad que en la edad. Hasta ahora, éste último era el criterio más destacado. Ahora se buscará fomentar salidas en divisiones específicas, como es el caso de los trabajadores vinculados a las centrales de cobre que se apagarán en abril de 2024. También que la afección tendría un techo que rondaría los 5.000 trabajadores y que éstos se repartirán en varias ventanas, como sucediera en el primer PSI lanzado en el año 2015 -salieron empleados en 2016, 2017 y, tras una prórroga, 2018-.
Mientras tanto, la plantilla en España sigue en vilo mientras aguardan a los detalles respecto al límite de edad o los criterios establecidos. Hoy por hoy existen más de 13.000 trabajadores -excluyendo equipo directivo global- en las tres principales filiales. La cifra no ha dejado de menguar en los últimos años. Los tres planes de bajas anteriores implicaron la marcha incentivada de casi 11.000 personas desde 2015. Antes de ese primer PSI, la compañía ejecutó más de 31.500 salidas a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El último se completó en el periodo entre 2011 y 2013 y sumó 6.830.
