Telefónica y STC llegan al examen de las cuentas anuales de 2023 con la llegada de los saudíes al consejo de los españoles aún a la espera a unos meses de la junta general de accionistas. Las operadoras tendrán la oportunidad de despejar las dudas sobre una transacción en la que analistas como JPMorgan señalan el efecto de las trabas regulatorias del Gobierno, que debe dar luz verde en base al ‘escudo antiopas’. El consenso espera subidas de un 8% en ingresos anuales en los árabes y una caída mínima en el último trimestre del ejercicio en el grupo dueño de Movistar pero con un impacto importante en la rentabilidad debido a la provisión de unos 1.300 millones de euros del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España.
El pasado mes de octubre, cuando ambas compañías se presentaron ante los analistas para desglosar las cuentas de los nueve primeros meses apenas habían pasado unas semanas de la transacción. Los saudíes no tenían conferencia -la hacen para semestrales y anuales- y se limitaron a llamar a la “cooperación” con la operadora ante el revuelo causado. En el encuentro de Telefónica no se hizo mención, ni en el de resultados ni en el del Investor Day. El presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, hizo unas declaraciones ‘ad hoc’ para señalar que el interés de la compañía reflejaba el “carácter estratégico” de la teleco española.
Ahora, cuatro meses después, vuelven a escena los mismos protagonistas. Pero lo hacen sin haber clarificado la posición de los saudíes y su capacidad de influencia dentro del grupo español. En los últimos meses se han mantenido conversaciones para tratar de que el grupo saudí controlado por el fondo soberano PIF no alcanzara el 9,9% que había anunciado -un 4,9% directo y un 5% con derivados vinculados a la luz verde regulatoria-, pero eso no se ha producido. Las dudas del Gobierno residían en la cercanía del grupo asiático con los negocios de la teleco vinculados a la defensa y la Seguridad Nacional. No se ha hecho público por ninguna de las partes si ha solicitado formalmente el permiso al Ejecutivo.
En un informe fechado a mediados del mes de enero, JPMorgan aseguraba que tanto la inversión en Telefónica como la posible entrada en Portugal a través de la compra de Altice reflejan la ambición de STC de expandirse por Europa “no desaparecerá en el mediano plazo”. Insistía en que estas transacciones son “decepcionantes” para la mayoría de inversores internacionales, que pueden obtener exposición directa al mercado de valores europeo. “Destacamos que dichas inversiones requieren aprobaciones regulatorias difíciles, lo que limita el espacio para un rápido despliegue de efectivo”, asegura. Se refiere así a la autorización del Gobierno español, que tendrá voz. Da por hecho que se alargará.
JPMorgan asegura que la ambición de STC de expandirse por Europa con Telefónica y otras "no desaparecerá en el mediano plazo"
Lo que ha sucedido en Vodafone con el grupo catarí e& podría ser un buen ejemplo de cómo van sucediéndose los hechos en este tipo de movimientos. En mayo de 2022 aterrizaron en el capital adquiriendo una participación de casi el 10% tras desembolsar cerca de 4.500 millones de euros. Progresivamente han ido ganando posiciones. En mayo de 2023 la operadora de Emiratos Árabes y la operadora cerraron un acuerdo con el que se aseguraba un puesto en el consejo a la primera -en esa fecha ya rozaba el 15%-. Ahí se incluía un acuerdo comercial. Sin embargo, la llegada de su representante, Hatem Dowidar, no se producirá hasta el próximo 11 de mayo. Prácticamente dos años desde su aterrizaje.
Afección del ERE
Al margen de los asuntos de gobernanza, los analistas esperan un trimestre marcado por la provisión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en España. Firmas como Renta 4 o Barclays dan por hecho que esa reserva de dinero se va a incluir en el periodo entre octubre y diciembre de 2023. El consenso de los analistas plantean unos ingresos para el último trimestre de 9.992 millones (ligera caída respecto a 2022) y con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 1.981 millones, que supone un descenso muy significativo debido previsiblemente a los gastos laborales.
Para el grupo saudí, el consenso de analistas prevé unos ingresos totales para todo el ejercicio de 73.000 millones de riales (unos 18.000 millones de euros al cambio actual). Esto supone un crecimiento del 8% respecto al ejercicio previo. En cuanto a la rentabilidad, los analistas esperan un beneficio neto de 3.440 millones de euros lo que supondría una subida de más del 14%. “El crecimiento se desacelerará al 6% en 2024 pero se mantiene por encima del promedio de la industria”, apunta JPMorgan. La compañía recibirá una importante inyección de liquidez pues el fondo soberano del país (PIF), que controla el 64% del grupo, va a adquirir el 51% de su negocio de torres, valorado en casi 6.000 millones de dólares. Los analistas especulan con un reparto extraordinario de dividendos.
Cuenta atrás para la junta
STC presentará previsiblemente los resultados el martes, mientras que Telefónica lo hará el jueves. La presentación de números anuales es siempre la antesala de la junta general de accionistas. En el caso de la española, la del año pasado se celebró a principios del mes de abril. Si en este 2024 se repite la fecha -es un año marcado por los festejos del centenario- quedan apenas dos meses. Esa asamblea sería el marco para poder ratificar la entrada en el consejo de los saudíes, pero no hay aún visibilidad sobre plazos ni cierre definitivo de acuerdos.
Como telón de fondo se encuentra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). La entidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene la autorización del Consejo de Ministros para llegar hasta el 10% del capital y así compensar la irrupción de los saudíes. Pero no ha habido aún movimientos en este sentido. El capital sigue estando repartido entre el núcleo duro de socios -BBVA y Caixabank-, que ha descartado subir la apuesta, Blackrock y la propia STC.
