El pueblo ha hablado, pero en el caso de Venezuela lo ha hecho de una manera tan callada que resulta difícil poder afirmar que se trata siquiera de un tímido reflejo de la voluntad popular. Independientemente del resultado, la legitimidad y validez de estas elecciones ya estaban cantadas desde el mismo momento en que los principales actores internacionales calificaron los comicios como una "pantomima" y faltos de "los mínimos estándares democráticos".
Las repercusiones de estas ‘fake pools’, como algunos analistas las califican, van a tener más recorrido en Washington y Madrid que en Bruselas. Las razones son claras y se localizan en los intereses de una nueva Administración americana entrante, la de Joe Biden, y las consecuencias sobre las empresas que tienen intereses directos en el país caribeño, como Repsol.
En el caso de los estadounidenses, la Administración saliente se ha mantenido en la misma línea que los europeos, al señalar, a través del Secretario de Estado, Mike Pompeo, que estamos ante unas elecciones que no son "más que una farsa", que no cumple con "ningún estándar mínimo de credibilidad". Los estadounidenses son realmente pragmáticos así que hacen suyo aquel aforismo de hacer coincidir palabras y hechos.
Estados Unidos, concretamente el Departamento del Tesoro, considera que las sanciones al régimen de Nicolás Maduro deben incluir todas aquellas acciones necesarias para que las autoridades del país no puedan beneficiarse de operaciones ilegales en la minería del oro, la extracción y comercialización de hidrocarburos o de "cualquier otra transacción comercial que puedan llegar a financiar las actividades criminales del régimen y los abusos a los Derechos Humanos".
Y esto afecta directamente a Repsol. La energética española posee intereses relevantes en Venezuela. Su exposición patrimonial apenas alcanza los 239 millones de euros en el país, pero en su momento llegó a alcanzar los 1.480 en 2017. La estrategia de Repsol en Venezuela está clara: reducir la actividad al mínimo para no incomodar al gigante americano. Allí sí se juegan mucho los de Brufau. Concretamente diez millones de barriles de petróleo, 36 millones de barriles equivalentes en producción de gas y más de 3.800 km2 de superficie total de explotación anual en los distintos campos del Golfo de México o Alaska.
Pisar de vez en cuando el callo venezolano se ha convertido en una tradición. Ya en 2019, el enviado especial de EEUU a Venezuela, Elliot Abrams, advirtió que la actividad de Repsol allí podría llevar a la Casa Blanca a "tomar decisiones" contra la empresa española. Unas amenazas que se repitieron en mayo del presente año, cuando Mauricio Claver, director para las Américas del Consejo de Seguridad Nacional, comparó a la petrolera española con la rusa Rosneft, a la que Estados Unidos sancionó en marzo, poco antes de la declaración del estado de alarma en España, y que encendió las luces de emergencia en los despachos de Méndez Álvaro.
Todo eso sucedió con Donald Trump en el poder, pero ahora las cosas han cambiado - y mucho - en Washington. Pese a que hasta el 20 de enero el actual mandatario republicano es soberano en cuestiones de política exterior, lo cierto es que no se prevé ninguna decisión 'explosiva' en la tensa relación que mantienen venezolanos y norteamericanos en el próximo mes y medio.
Sin embargo, la Administración entrante sí tiene que mucho decir en el proceso. Venezuela -y por extensión las empresas extranjeras que operan allí - es una de las prioridades con las que Joe Biden se presentó a las elecciones del pasado mes de noviembre en materia de política exterior.
Lo previsible es que la política estadounidense descienda un par de escalones en el pulso que mantiene con Maduro, pero en absoluto esto implicará que las sanciones a Caracas o a aquellos que operan en el país se terminen. Tanto Anthony Biken, el posible titular del departamento de Estado, como Jake Sullivan, su probable asesora de seguridad nacional, son grandes negociadores y han demostrado en el pasado apostar por políticas más diplomáticas que ofensivas. Sin embargo, Maduro se ha convertido en uno de esos "tontos útiles" necesarios para marcar los límites de la acción exterior americana.
Phil Gunson, uno de los mejores analistas sobre la situación venezolana, señala que el levantamiento de las sanciones económicas contra Venezuela está lejos de producirse, aun con Biden como presidente. La razón no radicaría tanto en su efectividad como en su valor político y es que, a un coste muy bajo, suponen una apuesta por la diplomacia ‘light’ en lugar de volcarlo todo a una política agresiva y con alto perfil mediático, como la practicada por Trump con el apoyo incondicional a Juan Guaidó en la Casa Blanca.
Si ese escenario se cumple, Repsol se verá obligada a continuar nadando y guardando a la vez la ropa. Hace apenas tres semanas, la compañía aseguraba en una respuesta a un requerimiento de información de la CNMV, que mantendría su actividad en Venezuela, aunque no descartaba que este hecho pudiera producirse en el futuro, en cuyo caso, ya evaluarían las consecuencias económicas en función de "las circunstancias que concurran en un hipotético abandono".
Repsol mantiene una vigilancia constante con todo aquello que pueda acontecer en Venezuela. La llegada de un nuevo equipo a Washington supone una alarma en la que tendrán que evaluar la conveniencia de unas políticas continuistas o rupturistas hacia el régimen de Maduro. Así lo verifica la respuesta dada a la CNMV, en la que admite que "una modificación de las políticas de Estados Unidos podría afectar a nuestras actividades en Venezuela".
Como crítica -y en realidad reflejo de la realidad- la atención se centra más en la posición estadounidense que en la europea y es que, aunque Repsol tiene un pie puesto en Europa, en realidad sus intereses corren más riesgo en la Bolsa americana que en la española, máxime en un momento en que la americana JP Morgan ha añadido a Repsol a su lista negra particular, junto a ENI, como única recomendación de venta por sus perspectivas en refino, renovables y posible potencial en el mundo financiero postvacuna.
Un nuevo tropiezo en Venezuela o el cambio en el régimen sancionador en Caracas podría significar la retirada definitiva en un mercado que le está produciendo más dolor de cabeza que beneficios o consideraciones positivas de los analistas, que no conocen precisamente la piedad cuando huelen sangre fresca, aunque sea al sol del caribe.
