"Primero cumplir la ley actual"

UGT denuncia "explotación" en Glovo y Deliveroo y exige paralizar la 'ley rider'

El sindicato advierte de que más de la mitad de los repartidores de estas plataformas trabajan en una situación irregular con cuentas alquiladas, una práctica prohibida.

Deliveroo ya trabaja con 600 restaurantes con repartidores propios a través de 'Marketplace+' en España
El sindicato denuncia prácticas "explotadoras" en las plataformas.
Jesús Hellín - Europa Press

A las puertas de la nueva 'ley rider', UGT vuelve al ataque contra las plataformas digitales de comida a domicilio. El sindicato ha denunciado mediante un nuevo informe la "explotación" en compañías como Glovo, Deliveroo o UberEats, con la expansión de prácticas ilegales como la cesión de cuentas a inmigrantes irregulares. Por ello, la organización ha reclamado al Ministerio de Trabajo que paralice la 'ley rider'. "El Gobierno debe hacer cumplir la ley y no entrar en el juego de crear una nueva figura o entrar en una situación de reconocimiento que seguiría manteniendo el mismo estatus de explotación y esclavitud de las plataformas", afirma el secretario de Política Sindical de la organización, Gonzalo Pino.

El Gobierno pretende retomar la puesta en marcha de la nueva legislación de los 'riders' en las próximas semanas, después de unos meses de retraso. Su intención era circunscribirlo sólo a esta modalidad de repartidores de comida a domicilio y no al resto de trabajadores de otro tipo de plataformas. Sin embargo, desde UGT ya se han posicionado, tras unas semanas en las que han estado reticentes mientras miraban al Tribunal Supremo a la espera de una sentencia que fije jurisprudencia sobre si se trata de falsos autónomos.

"Hemos manifestado que no hace falta cambiar la legislación, que lo que hay que hacer es cumplir la que hay", asegura Pino. Desde la organización insisten en que la normativa española es "lo suficientemente amplia" como para que compañías como Glovo o Deliveroo acudan a ella y utilicen las diferentes formas de contratación. En este sentido, apunta a que el Gobierno debe ser garante del cumplimiento de esa ley "y no entrar en el juego" para crear una figura específica de empleado que es lo  reclamado por las plataformas. Sería, en sus palabras, reconocer su estatus y mantener la situación de "esclavitud y explotación".

"Ya no valen con regulaciones a la carta: no es posible que triunfen en este país esas formas de trabajo que se ensañan con las personas y las explotan de forma arbitraria", apostilla. De esta forma, rechaza la intención del Ejecutivo de regular de manera específica esta figura laboral, insistiendo en que la modalidad utilizada por las plataformas hoy en día es la de un 'falso autónomo', como ha confirmado la Inspección de Trabajo en las diferentes actuaciones iniciadas en las principales plataformas.

Para justificar la situación de "explotación" denunciada, UGT ha presentado un informe donde advierte de que, en algunos casos, la mitad de los 'riders' que trabajan en plataformas como Glovo, Deliveroo o UberEats lo hacen con cuentas subarrendadas por otros usuarios. Son empleados en situación irregular. "Las plataformas han tenido conocimiento de todo esto desde hace mucho tiempo; han encontrado una masa ingente de personas que no van a protestar y van a estar todo el tiempo en la calle", denuncia Rubén Ranz, delegado del sindicato en Madrid y coordinador de la asesoría online para la economía digital ‘Tu Respuesta Sindical’, quien lamenta que Glovo, tras la muerte de uno de esos inmigrantes irregulares en Barcelona en 2018, sólo desactivó 17 cuentas alquiladas.

Junto a estas prácticas, en el informe se detallan otras como el cobro por parte de trabajadores de Glovo de una 'comisión' de 50 euros para desbloquear cuentas de 'riders' o la creación de aplicaciones para lograr los mejores bloques de horas para trabajar, que también tienen un coste. "Ha llegado a un extremo en que se ha normalizado y ahora todo el mundo está sacando partido de los repartidores", lamenta.

Ante la situación, desde UGT no sólo piden una mayor vigilancia a la Inspección de Trabajo, sino también al Ministerio Fiscal, al entender que existen presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. En este sentido, recuerdan que un Tribunal de Milán puso bajo administración judicial a la filial italiana de Uber por las condiciones de los repartidores de su servicio 'Eats' mientras investiga si existe explotación.

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