La muerte de Javier Biosca, conocido como el 'bróker de las criptomonedas', ha sembrado una sensación de incertidumbre entre los centenares de perjudicados que confiaron en su empresa, Algorithms Group, para invertir en monedas virtuales. Temen que el dinero se esté moviendo y dificulte o imposibilite la recuperación de lo depositado. Por ello, las representaciones de los afectados, que ejercen la acusación en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el fraude de unos 800 millones de euros, han asegurado que continuarán la batalla legal para conseguir que algún responsable de la trama responda por la presunta estafa perpetrada.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Código Penal recogen que tras el fallecimiento de un investigado o acusado se extinguirá su responsabilidad penal. No obstante, según apuntan fuentes jurídicas a La Información, la responsabilidad civil no desaparece, ya que pasa a sus herederos. Aún así, varias de las acusaciones consultadas aseguran que la trágica noticia no impedirá que se sigan ejerciendo acciones penales contra los posibles coatuores o cooperadores necesarios de la presunta estafa piramidal. De hecho, recuerdan que el fallecimiento del principal investigado por estos hechos no afecta a la continuación de la investigación de la Audiencia Nacional, debido a que la mujer y el hijo de Biosca también están imputados. Además, una de las acusaciones ha solicitado ampliar la querella contra presuntos testaferros y colaboradores de la trama.
El abogado de Biosca comunicaron este martes la muerte de su cliente tras precipitarse desde un quinto piso. Todo apunta a un suicidio, según indicaron al letrado varios testigos que presenciaron los hechos. Siguiendo el procedimiento habitual, la Policía investiga la causa de la muerte para certificar que así ocurrió. No obstante, la acusación ejercida por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal que investigue qué ocurrió exactamente, con el "fin de tener un conocimiento exhaustivo de lo sucedido". Por ello, ha interesado que se practique una autopsia antes del sepelio o incineración. Y es que según, esta plataforma, era conocido que el empresario había recibido un "cúmulo de amenazas" procedentes de "organizaciones criminales que habrían invertido con él".
De hecho, el escrito presentado ante el juez Abascal destaca que al parecer Biosca se encontraría negociando "formas de pago con determinados grupos de afectados" que, posiblemente, no estén personados en la causa judicial. Cabe recordar que, en alguna ocasión, el CEO de Algorithms ya había mostrado su intención de devolver el dinero presuntamente detraído. Antes de conseguir salir de prisión, el empresario expuso su voluntad de reintegrar a los perjudicados las cantidades iniciales que entregaron para invertir en bitcoin, por lo que solicitó a la Audiencia Nacional autorización para abrir una cuenta. No obstante, los representantes de las víctimas rechazaron la oferta al considerar que con esta fórmula no se recuperarían las rentabilidades generadas. Posteriormente, habría iniciado conversaciones con los mismos para alcanzar un acuerdo, si bien todo quedó en el aire tras surgir sospechas de intento de fuga la primera vez que salió de prisión, aunque solo por unos días.
Fuentes jurídicas han señalado a este diario que algunas representaciones de perjudicados están abiertas a estudiar la posibilidad de retomar una solución extrajudicial con los familiares de Biosca investigados para lograr la devolución de las inversiones. En este sentido, apuntan que ello sería también beneficioso para los imputados, ya que se podría lograr una rebaja en la petición de penas por su actitud de colaboración o incluso que alguna acusación llegara a desistir, como ha ocurrido en otros procedimientos. No obstante, otras acusaciones afirman que los abogados del empresario no se han puesto en contacto con ellas para analizar esta vía. En cualquier caso, todas las defensas de las víctimas recuerdan que Paloma Gallardo, la esposa de Biosca, y su hijo Sergio no eran unos simples colaboradores, sino que tuvieron un rol relevante en el entramado, por lo que continuarán exigiendo responsabilidades en la Audiencia Nacional.
Testimonios de testigos
En el sumario de la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 1, dirigido por el magistrado Alejandro Abascal, constan testimonios de testigos que relatan que ambos investigados conocían de primera mano todos los detalles de las operaciones. Por ejemplo, la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, representada por la abogada Emilia Zaballos, aportó a la causa una decena declaraciones de personas que habrían tenido algún tipo de experiencia y contacto con Algorithms Group, que coinciden en describir que Gallardo no solo estaba presente en las reuniones con los inversores, sino que tuvo un papel activo en el negocio a través de la "captación de cliente", así como con el control de "todas las gestiones que se realizaban".
En concreto, la Audiencia Nacional investiga los servicios de inversión que desde 2019 ofrecía Algorithms Group sin tener la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A través de esta mercantil, sus dueños captaron clientes, a los que prometieron rentabilidades de hasta el 25% semanales por sus ingresos. Las sospechas de fraude comenzaron a partir de los primeros meses de 2020, coincidiendo con la pandemia de la covid-19, cuando la trama empezó a dejar de pagar a la mayor parte de los inversores, situación que se agravó en octubre cuando ya no abonaron ninguna de las cantidades comprometidas.
Así, el Juzgado Central de Instrucción número 1 abrió en marzo de 2021 una investigación y en el marco de esta causa la Policía detuvo, tres meses después, a su principal imputado, Javier Biosca, quien durante un año hizo varios intentos de salir de prisión. Finalmente consiguió el visto bueno de la Sala de lo Penal, que obligó al juez instructor Abascal a poner una fianza de un millón de euros. Una cantidad que pareció reunir el pasado mes de junio, a través de un empresario de la construcción, que depositó un aval hipotecario, cuyo importe debería ser el doble del requerido, de acuerdo a la ley. No obstante, el magistrado decidió ordenar el reingreso en prisión después de que las acusaciones advirtieran de que el inmueble afianzado en verdad era un palacete en ruinas de poco más de 400.000 euros.
A todo ello se sumó que, en esas mismas fechas, el abogado que hasta entonces defendía los intereses de Biosca comunicó su renuncia a seguir con la defensa por "diferencias irreconciliables"; y que el fiador decidió retirar el aval porque no conseguía localizar al empresario investigado. La segunda estancia en el centro penitenciario solo duró cuatro meses, pues el pasado 28 de octubre, el dueño de Algorithms Group conseguía de nuevo que otra empresa pusiera a su favor un millón de euros.
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