Afectados del Banco Popular han reanudado las peticiones de diligencias a la Audiencia Nacional para instar al magistrado que investiga la caída de la entidad, José Luis Calama Teixeira, una ingente batería de actuaciones toda vez se reanude la actividad judicial del país. En concreto, pretenden que se requiera al Banco de España, CNMV y Banco Santander en calidad de heredero del negocio, todas las comunicaciones que mantuvieron desde 2015 hasta el mismo momento de su venta dos años después ante las sospechas de irregularidades en la gestión de los antiguos directivos del banco.
Se trata de una petición que formula la mercantil Aeris Invest y otros afectados por la debacle del banco que acabó siendo resuelto por la JUR en junio de 2017. De acuerdo con su escrito, que tuvo entrada en el juzgado el 6 de mayo, los interrogatorios practicados hasta el momento así como las dos testificales celebradas antes de la declaración del estado de alarma han puesto de manifiesto que la crisis que atravesaba el entonces sexto grupo bancario español le llevó a iniciar un proceso de venta privada en el segundo trimestre de 2017 y por tanto ya bajo la vicepresidencia de Emilio Saracho.
Fue entonces cuando el Popular puso a disposición del conjunto de bancos interesados en la operativa, documentación e información relativa a su situación financiera a través del denominado 'data room'. Por ese motivo, ahora solicitan al titular del Juzgado Central de Instrucción que, por un lado, reclame toda la documentación intercambiada entre supervisor y regulador para contrastar su labor de control a la entidad, y, por otro, que se dirija al Santander para que aporte la información que se facilitó a los bancos que se interesaron por el Popular, entre los que se encontraba la propia entidad que preside Ana Botín.
La decisión del juez
La acusación ampara su petición en la providencia dictada el pasado 2 de marzo por el instructor Calama Teixeira el cual acordó, al amparo del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerir al Banco de España, la CNMV, el FROB, el Santander y PwC que conservaran toda la documentación relativa al Banco Popular mientras se prolongara esta investigación penal que arrancó en el año 2017 a tenor de las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción y accionistas afectados con la caída del banco.
Según explica la defensa letrada de la mercantil, la excúpula del banco que ha prestado declaración en sede judicial así como las testificales practicadas a la expresidenta de la CNMV Elvira Rodríguez y al exgobernador del Banco de España Luis María Linde, han arrojado luz sobre las reuniones y comunicaciones que se celebraron entre el Popular. Igualmente, también se dirige al heredero del Popular, que responde en el caso como presunto responsable civil de los hechos, y le pide que aporte toda la documentación que guarde no solo sobre el proceso de venta sino sobre hechos anteriores que también se investigan en el procedimiento, como por ejemplo la ampliación de capital de 2016.
En concreto, se le reclama al Santander que identifique los departamentos que gestionaron el proceso de venta de la entidad, que dé cuenta de toda la documentación que puso a disposición de posibles adquirientes del Popular en el 'data room', que informe de las ofertas de compra que le llegó al banco tras su resolución por la JUR, así como de la oferta íntegra que formuló el Santander, el cual acabó adquiriendo el banco por el simbólico precio de un euro. Para esclarecer el proceso de compra de la entidad, los afectados que denuncian que perdieron sus ahorros al desplomarse el valor de la acción, piden también que entregue al Juzgado Central de Instrucción número 6 el informe de auditoría de riesgos legales y el programa de cumplimiento normativo.
Comparecencias pendientes
Lo que buscan saber los acusados en esta fase del procedimiento es si la entidad acabó en manos del Santander por irregularidades en el último periodo de vida, tales como la presunta difusión de información falsa sobre su situación, o bien por las etapas previas. Al respecto, se ampara en lo recogido por los inspectores del Banco de España en la pericial solicitada por el juzgado. Los expertos concluyeron que la entidad era solvente meses antes de su resolución pero apuntaron que se utilizaron tasaciones no acordes con la normativa ECO y que se llevó a cabo una indebida clasificación de los créditos dudosos y una gestión deficiente en la ampliación de 2016.
Con todo, el magistrado mantiene en barbecho las citaciones de los próximos testigos en desfilar por la Audiencia Nacional. El juzgado había señalado para los días 18 de marzo y 2 de abril las comparecencias del presidente de la CNMV, Sebastián Albella, y del exministro de Economía Luis de Guindos, respectivamente. Sin embargo, la amenaza del coronavirus le llevó a suspender las citaciones incluso antes de que el CGPJ acordara el cese de la actividad judicial tras decretarse el estado de alarma el 14 de marzo. El magistrado fue de los primeros en dejar en el aire las citas pendientes de su juzgado aduciendo al riesgo de contagio que implicaba celebrar estas testificales en salas pequeñas y con tantos actores presentes.
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