Los perjudicados por la quiebra del Banco Popular han reaccionado al reclamo de la Audiencia Nacional de que se agrupen para poder litigar en el procedimiento defendiendo que todos ellos tienen legitimidad más que suficiente para seguir actuando por separado. De esta forma responden al magistrado José Luis Calama que ha solicitado al más de centenar de acusaciones que integran la causa que se pronunciaran acerca de la necesidad de reducir este nutrido número a un total de diez teniendo en cuenta que, si no se actúa en esa dirección, la instrucción se tornará en "ingobernable".
En un escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 4 al que ha tenido acceso este diario, el primer querellante en calidad de acusación particular en este procedimiento, Felipe Izquierdo, responde al magistrado que su rápida intervención en el procedimiento le legitima para actuar por su cuenta teniendo en cuenta que el hecho de llevar personado en las actuaciones desde el arranque de las mismas, hace que las conozca perfectamente. El letrado reivindica además que fue el primero en España en interponer en España la primera demanda civil contra el Banco Popular y en obtener la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y que resultó favorable a sus intereses.
No obstante, también reconoce el razonamiento del magistrado instructor acerca de que al menos una parte de las acusaciones personadas debería aglutinarse en torno a quienes conocen mejor los intereses de los minoristas. Al respecto subraya que muchas veces "los pequeños despachos" pueden ejercer una defensa de la misma calidad o incluso superior que los grandes bufetes teniendo en cuenta que pueden defender sus intereses con "plena independencia y objetivos claros".
Con todo, y considerando que el magistrado ya advirtió a las partes que si no se aglutinaban de forma voluntaria actuaría él de oficio, el letrado muestra "su total conformidad" a agruparse con otra representación letrada si fuera necesario. El instructor que sustituye al magistrado Fernando Andreu al frente de la causa entiende que es necesario que los 103 perjudicados por la ampliación de capital, además de 19 querellados y de la acusación popular se agrupen en un máximo de diez porque sino el caso se dilatará en exceso. Sigue de esta manera la estela marcada en otras macrocausas que se investigan en la Audiencia Nacional como el caso de la estafa de las clínicas iDental o del Madoff catalán en las que también se ha acordado esta medida.
Reforma de la Lecrim para evitar estas situaciones
Por su parte, Adicae, que representa a más de 1.000 afectados, considera que es urgente reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para conseguir que se garantice la tutela judicial efectiva de las víctimas de estas causas sin tener que perder su independencia. Esta asociación expone que su representatividad en defensa de todos los consumidores afectados con la resolución del Banco Popular la legitima "de forma indiscutible" para seguir litigando en este macroprocedimiento reactivado por el magistrado Calama Teixeira después de que incorporara a la causa el pasado miércoles el dictamen que encargó el magistrado Andreu hace ahora más de un año al Banco de España que concluyó que la entidad acabó hundiéndose por una "intensa" fuga de depósitos de 16.000 millones entre los meses de abril y junio de 2017.
Aunque muchos de los afectados denuncian irregularidades en la ampliación de capital que llevó a cabo el banco por 2.505 millones de euros bajo la presidencia de Ángel Ron, los hay que ponen el foco en la gestión que llevó a cabo su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho. Es el caso de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) que precisamente se ampara en las conclusiones del peritaje del Banco de España para reivindicar su continuidad al frente del procedimiento que arrancó en octubre de 2017, según fuentes de la asociación representada por el despacho Cremades & Calvo Sotelo consultadas por este diario.
En su escrito remitido a la Audiencia Nacional el pasado viernes, la asociación reivindica su potestad para ejercer la defensa por separado de cerca de 5.500 afectados, así como su rápida actuación en la causa teniendo en cuenta que presentaron su querella en la Audiencia Nacional un mes después de la resolución del Popular por la JUR y de su venta al Banco Santander por el simbólico precio de un euro. Igualmente desde Aemec -que también está personada en el juicio por la salida a bolsa de Bankia- considera que las conclusiones del supervisor acerca de la viabilidad de la entidad a finales de 2016 le avalan para seguir ejerciendo la acusación particular en el procedimiento.
Los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández concluyeron en su informe que, aunque las cuentas de 2015 no respetaban el marco contable del supervisor y las previsiones del folleto eran "más optimistas" de lo que se debería (especialmente en la evolución de dudosos), lo cierto es que no se puede hablar de que el banco fuera inviable porque a finales de 2016 contaba con un patrimonio neto de 11.808 millones de euros y una capacidad de generación de beneficios antes de provisiones de 1.150 millones de euros. La debacle se produjo, según los expertos, debido a la fuga de depósitos de los últimos meses; de hecho, en tan solo los cinco primeros días de junio la pérdida fue de 5.700 millones de euros.
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