El concluyente peritaje del Banco de España sobre los motivos que acabaron por llevar a la quiebra al Popular ha centrado parte de su análisis en los convulsos momentos que vivió la entidad entre los meses de diciembre de 2016 y febrero del siguiente año en los que se produjo el relevo en la presidencia de Ángel Ron por Emilio Saracho. De acuerdo con los inspectores, se trató de un proceso que, lejos de aprovecharlo para eliminar la división que había en el Consejo de Administración, acabó por convertirse en la puntilla que dinamitó el banco al hacerse de manera "no muy ordenada" y sin un plan de negocio claro.
Así lo recogen los inspectores Santiago Jesús Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández en la pericial solicitada hace poco más de un año por el magistrado que comenzó instruyendo la causa en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, y que ya obra en el sumario del procedimiento. En la misma ponen el acento en este aspecto concreto y lo incluyen como una de las causas que provocaron que el FROB acabara ejecutando la resolución del banco en junio de 2017. Y ello no tanto por el cambio de cúpula en sí sino por el momento en que se hizo, teniendo en cuenta que el Popular presentaba pérdidas superiores a las esperadas y no cumplía con los objetivos fijados en la ampliación de capital del año anterior.
A la incertidumbre que envolvió el cambio de cúpula hay que sumarle, a juicio de los expertos, "un periodo de ausencia de decisiones" que se alargó hasta que Emilio Saracho fue nombrado presidente del Popular en febrero de 2017. Dicha "significativa carencia" en el que fuera sexto banco español se evidenció, a juicio del supervisor, en la inexistencia de un plan de negocio para ese año, de acuerdo con los peritos que no pasan por alto la crisis interna que se vivía en el seno del Consejo y que desembocó en la filtración a la prensa de información presuntamente falsa de mercado por consejeros independientes que provocó el desplome del valor de la acción.
"De remanso a incendio de proporciones masivas"
De hecho, el informe recoge el acta relativa a una reunión celebrada por el Consejo de Administración de noviembre de 2016 en la que se plasma cómo la elección de Pedro Larena como nuevo consejero delegado de la entidad en julio de ese año se hizo "en un ambiente de ausencia de alineamiento y desconfianza mutua entre los miembros ejecutivos y dominicales e independientes". En opinión del Banco Central Europeo se trató de un movimiento nada razonable teniendo en cuenta que siete meses después, ya con Saracho al frente de la entidad, se nombró un nuevo CEO. "Se produjo justo cuando el banco estaba en una situación de 'stress' y creando dudas sobre los proyectos del anterior CEO", reza el informe en relación a las conclusiones del organismo europeo.
Los inspectores también se hacen eco del cambio de estrategia que el mismo Saracho comunicó en la reunión del equipo de supervisión en marzo de 2017 en la que adelantó que sustituiría a Larena por falta de confianza y rechazó de plano las opciones de una nueva ampliación de capital y una resolución por "atentar contra la economía española y europea". Además de negar la continuidad del Proyecto Sunrise auspiciado por su antecesor para deshacerse de los activos inmobiliarios del banco. Con todo, el último presidente del Popular ya advirtió con motivo de su nombramiento que el banco, "que era un remanso desde el punto de vista del consejo durante docenas de años" de pronto había pasado a tener "un incendio de proporciones masivas".
Aunque los analistas concluyen que la entidad no era inviable en lo que respecta al ejercicio 2016, sí determinan que a mediados del siguiente ejercicio la situación se tornó de "urgencia" debido a que la ampliación de capital salió adelante con unas previsiones "más optimistas" de lo que se debería, y debido también a la fuga de depósitos que registró el banco los últimos meses de su actividad y que llegó a los 16.000 millones de euros. Este compendio de circunstancias no solo se reflejó en la crisis interna de la entidad, sino que la onda expansiva acabó alcanzando a inversores y agencias de rating, que acusaron el derrumbe.
La crisis se agravó debido a que se esperaba de la nueva cúpula que fuera favorable a mantener la independencia del banco y no la de apostar por la venta del mismo, que se acabó materializando tras la resolución de la JUR. Cabe tener en cuenta que este episodio es relevante desde el punto de vista penal puesto que el magistrado José Luis Calama investiga en una pieza separada los hechos ocurridos en esta época y más concretamente si existió una campaña de desprestigio en los medios de comunicación ya que implicaría la comisión de delito de manipulación de mercado. Este es uno de los tipos penales junto con el de falsedad documental y administración desleal que el juez atribuye a los expresidentes del banco a los cuáles todavía no ha tomado declaración a la espera de conocer las conclusiones que ahora plasman los expertos en este minucioso informe.
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