Dos años después de estar guardando silencio, el exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano decidió cambiar su estrategia y revelar a la Audiencia Nacional cómo y por qué se contrató al comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal imputado de la macrocausa 'Tándem'. Durante su declaración en sede judicial, que tuvo lugar el pasado 21 de diciembre, no ofreció grandes detalles sobre los hechos que ya 'confesó' por escrito dos meses y medio antes, si bien desveló una novedad: la compra por parte del banco de un sistema de encriptado de teléfonos móviles, cuyas pruebas técnicas las hizo el Grupo Cenyt, el entramado empresarial del polémico policía.
"Le voy a hacer referencia a un correo de 21 de julio de 2016, en el que usted le dice al señor Redondo: 'trae los tres teléfonos'. ¿A qué se refiere?", preguntó la abogada de Corrochano, según el audio de la declaración a la que ha tenido acceso La Información. En su respuesta, el que fuera jefe de Seguridad de BBVA restó importancia a esta comunicación con Rafael Redondo (socio de Cenyt) y explicó que se trataba de unos terminales en los que se probó la eficacia de una aplicación antes de realizar su adquisición formal: "El banco compró a Indra un sistema para encriptar los teléfonos, toda vez que en todos los comités de dirección de los distintos países, sobre todo en Suramérica, que había muchos desordenes públicos, alta criminalidad, y tema de terrorismo internacional en Turquía... pues estaban preocupados porque les pudieran hacer intervenciones ilegales en sus teléfonos", indicó Corrochano.
En este sentido, el exdirectivo relató que, debido a que las empresas de Villarejo ya llevaban años prestando servicios de "asesoría y consultoría" al departamento de Seguridad del banco, se decidió instalar el sistema telefónico en tres de sus móviles para probar la "fiabilidad de esa telefonía y si realmente era ágil y eficaz". "Los teléfonos son de ellos", recalcó Corrochano. "Dicho esto, procedimos a comprar esa aplicación a Indra, que la tiene también otras empresas del Ibex y a todos los miembros del comité de dirección de todos los países les pusimos esa aplicación", aclaró.
De este modo, a preguntas de su defensa -a la que únicamente contestó-, Corrochano trató de despejar cualquier tipo de duda sobre la legalidad de dicho sistema, así como de las intenciones de su uso. Precisamente, la pregunta anterior de su letrada estaba relacionada con la obtención irregular de datos personales. El que fuera encargado de la Seguridad Corporativa de BBVA aseguró que el Grupo Cenyt nunca le ofreció algún servicio relacionado con tráfico de llamadas; ni pudo intuir que para obtener determinados datos se pagara a funcionarios; o que la información facilitada a la entidad financiera provenía de fuentes ilegales. También negó haber recibido información personal de determinadas personas, cuya intimidad se podría haber visto vulnerada.
Primer contrato
Cabe recordar que la novena pieza separada del conocido como 'caso Villarejo' se centra en los contratos que BBVA -investigada como persona jurídica- firmó con el comisario jubilado entre 2004 y 2017 para el desarrollo de diversos proyectos a través de los cuales se espió a empresarios, políticos y periodistas, según consta en el sumario de la causa. Por todos los servicios prestados, el Grupo Cenyt percibió más de 10,2 millones de euros. El primer trabajo que realizó el agente encubierto iba encaminado a frenar la OPA que Sacyr Vallehermoso lanzó para hacerse con el control del Consejo de Administración del banco. Ante dicha preocupación, el entonces presidente de la entidad, Francisco González -también imputado- preguntó al exjefe de Seguridad si había alguna empresa que pudiera bloquear las intenciones de la constructora.
"¿El encargo para hacer ese tipo de investigación sobre ese tema le vino de sus superiores?", le preguntó la abogada a Corrochano, que respondió: "Claro... directamente del presidente". Esta afirmación no supuso ninguna sorpresa para el juez y los fiscales Anticorrupción, ya que el exjefe de Seguridad lo manifestó previamente en el escrito que presentó el pasado mes de octubre y que ratificó durante su declaración. El exdirectivo investigado precisó que este tipo de contrato no se encontraba dentro de las competencias del área que dirigía. Sus funciones, según indicó, se centraban en "identificar y evaluar las amenazas y las vulnerabilidades" y "establecer medidas de carácter preventivo y correctivo para minimizar el riesgo que pudiera ser de seguridad en el banco", no obstante buscó un proveedor para hacer frente a Sacyr porque así lo requirió González.
"¿El encargo para hacer ese tipo investigación sobre ese tema le vino de sus superiores?", le preguntó la abogada a Corrochano. "Claro... directamente del presidente", respondió el exjefe de Seguridad de BBVA.
"El departamento Seguridad es una unidad de apoyo a todas las unidades del banco", agregó Corrochano, al tiempo que subrayó que todos los contratos que firmó fueron "revisados por asesoría jurídica, sin excepción". De hecho, enfatizó que nunca ningún responsable de BBVA le recriminó su conducta a la hora de contratar algún servicio de una compañía externa: "Jamás. Éramos felicitados en el departamento por la gestión del presupuesto. Se hacía de forma muy profesional".
Investigaciones patrimoniales
A lo largo de la declaración, que duró unos 20 minutos, Corrochano perfiló alguno de los temas a los que hizo alusión en su escrito, además del contrato relacionado con Sacyr. En concreto, el exresponsable de Seguridad de la entidad financiera aprovechó para aclarar ante el juez Joaquín Gadea -que en sus funciones de refuerzo sustituyó al titular de la investigación, Manuel García Castellón- el grado de participación que tuvo en otros encargos realizados al agente encubierto, como la investigación del patrimonio de clientes deudores del banco, o la denuncia anónima contra la asociación Ausbanc.
Sobre la primera tarea, en la que fueron espiados los empresarios Fernando Martín, dueño de Martinsa; Fernando Portillo, expresidente de Colonial; y Prasa, Corrochano puntualizó que este contrato dependió del "ámbito de Riesgo y Recuperación" de BBVA, que dependía entonces del investigado Antonio Béjar. Al hilo, admitió que presentó al otrora presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) y a Rafael Redondo para que pudieran "interlocutar sobre recuperación de bienes" de clientes morosos. Sin embargo, destacó que nunca intervino en este asunto y que lo único que conoció del avance de estos servicios era lo que ambos le comentaban "de manera informal".
Denuncia anónima
En cuanto a la denuncia anónima que provocó la investigación judicial a Ausbanc, el exjefe de Seguridad de BBVA afirmó que "antes de las navidades de 2014" se dirigió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y entregó "la copia de un informe" que le dio Redondo sobre la asociación de consumidores de banca. No indicó cuál era la procedencia de dicho documento, pero sí advirtió de que "podía haber indicios razonables de criminalidad" para que se analizará, concretó. Pocos meses después, el propio Corrochano, como representante de BBVA, presentó la denuncia anónima con la máxima discreción, debido a que "se llevó de forma muy confidencial por razones de seguridad", según reconoció.
En este punto, Corrochano explicó que no hubo un contrato como tal para que Villarejo recabara información sobre Ausbanc, sino que directamente entregó el informe de Cenyt a la asesoría jurídica de BBVA y, tras su análisis, el director de dicha área, Eduardo Ortega, le comentó que el documento "era muy interesante para el banco". Así, una vez que Audiencia Nacional abrió el denominado 'caso Ausbanc', el departamento de Seguridad "sí pagó" a las empresas del comisario jubilado "su factura, sus honorarios". No obstante, el exdirectivo de la entidad financiera matizó que este pago "no solo fue por el tema de Ausbanc", sino que también se abonó el encargo sobre "informes de amenaza yihadistas y estudio y análisis de criminalidad en todo el entorno donde tenía intereses BBVA". Un trabajo de asesoramiento e información, que en opinión de Corrochano, fue "económico" y que "no ofrecía otras empresas".
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