Arbizu se suma a Corrochano y Cano: rompe su silencio en el 'caso Villarejo'

Eduardo Arbizu, responsable de Regulación y Control Interno de BBVA hasta el día después de que la entidad fuera imputada como persona jurídica en el caso 'Tándem', también ha manifestado su voluntad de romper su silencio dos años después de que fuera citado a declarar como investigado en la novena pieza separada de esta macrocausa, centrada en las contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte del banco entre 2004 y 2017. De este modo, sigue el camino marcado por el exjefe de Seguridad Julio Corrochano y el exconsejero delegado Ángel Cano, quienes declararán en la Audiencia Nacional el próximo 21 de diciembre. 

Arbizu, abogado del Estado en excedencia, es el cuarto exdirectivo que tras negarse, en 2019, a responder a alguna de las preguntas que le pudieran formular, solicita al magistrado instructor que "señale día y hora" para poder prestar declaración. Así lo ha hecho en un escrito enviado el pasado 3 de diciembre al Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso La Información, en el que indica que "una vez tomado conocimiento de la causa" ya puede enfrentarse al interrogatorio sobre los encargos a Villarejo. El que fuera jefe de los servicios jurídicos del BBVA durante la mayor parte de la etapa de Francisco González -también imputado- al frente de la entidad vasca fue uno de la decena de exaltos cargos del banco que se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que en ese momento no conocían los indicios delictivos se le atribuían al encontrarse las actuaciones bajo secreto de sumario. Dicha 'restricción' sobre las diligencias fue levantada en febrero de 2020, por lo que las partes cuentan con acceso a toda la documentación desde hace un año y diez meses.

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La primera responsable del BBVA que decidió ponerse voluntariamente a disposición de la Audiencia Nacional para aclarar qué sabía y cuál fue su participación en la contratación del agente encubierto, quien recibió un total de 10,3 millones de euros, fue la actual jefa de Seguridad del BBVA, Inés Díaz Ochagavia, quien compareció el pasado mes de marzo. No obstante su declaración desató una fuerte discusión entre la Fiscalía Anticorrupción y la defensa del banco, que ha terminado con la imputación del actual director de comunicación de la entidad financiera, Paul Tobin, por un presunto delito de encubrimiento. Y es que la sucesora de Corrochano, indicó al juez García Castellón que entregaría un dossier con todas las facturas giradas por el Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por Villarejo, y los contratos escaneados, si bien 24 horas después cambió de opinión. 

El dossier sobre Villarejo

Díaz Ochagavia explicó que en el departamento de Seguridad, a raíz de unas noticias publicadas en mayo de 2018 sobre el caso 'Tándem', se creó un grupo de trabajo dirigido por Arbizu y  Tobin para recopilar documentación sobre la contratación y los servicios prestados por el comisario jubilado. El responsable de Comunicación declaró el pasado 25 de noviembre en la Audiencia Nacional -quien solo se mostró partidario de responder a las preguntas del juez de refuerzo Joaquín Gadea y los fiscales Anticorrupción- y, además de señalar que, a iniciativa propia, reportó, primero, al expresidente de BBVA Francisco González y, después, al actual máximo dirigente, Carlos Torres, de lo que se iba publicando sobre la investigación al agente encubierto; detalló que siguió instrucciones del departamento jurídico que en su día lideró Arbizu a la hora de responder las dudas que trasladaban los medios de comunicación sobre la implicación del banco en el también conocido como 'caso Villarejo'.

Más de medio año después de la declaración de Ochagavia, el que fuera su jefe ha mostrado su voluntad de colaborar con la justicia para esclarecer cómo y porqué se contactó con el agente encubierto para encargarle presuntos trabajos de espionaje. En un escrito remitido el pasado mes de octubre, Julio Corrochano, que también se negó a declarar hace dos años y  evitó entrar en prisión tras pagar una fianza de 300.000 euros, explicó que decidió contratar Cenyt para cumplir con las preocupaciones que le había trasladado previamente sus superiores, Francisco González y su 'número dos', Ángel Cano. No obstante, los fiscales encargados del caso 'Tándem' solicitaron al juez instructor que le citara a declarar para escuchar de viva voz todas estas 'confesiones'. Tras ello, el pasado 16 de noviembre, fue el propio exconsejero delegado de BBVA el que solicitó al juez instructor que acordara un día para tomarle declaración. 

Pendientes de las declaraciones previas

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el resto de exdirectivos que en su día se negaron a declarar llevan un tiempo estudiando la pertinencia de prestarse voluntariamente a un interrogatorio. Algunos se encuentran pendientes de lo que puedan manifestar los dos exaltos cargos del BBVA que ya tienen cita en la Audiencia Nacional, incluso el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez, quien declarará el próximo 20 de diciembre en relación a la elaboración y presentación de una denuncia anónima que provocó la investigación judicial del caso 'Ausbanc', que ha concluido con la condena por extorsión del presidente de la asociación de usuarios de banca con el mismo nombre, Luis Pineda, y del secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Otros de los directivos, como exjefe de los servicios jurídicos Eduardo Ortega, a quien se le atribuye la redacción de la denuncia en cuestión, o el propio Arbizu, también se encontrarían pendientes del resultado de las últimas diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción en verano en el escrito por el que interesó la prórroga de la pieza separada, que expira el próximo 28 de enero, indicaron las mismas fuentes. No obstante, en el caso de este último, la petición ya se ha hecho efectiva, por lo que ahora solo queda esperar a que el Juzgado Central de Instrucción número 6 fije en el calendario el día para interrogarle sobre el conocimiento que habría tenido acerca de los trabajos que realizó Villarejo para el BBVA a lo largo de 13 años, ya que era el responsable último de la redacción y el control de esos contratos.