Momento clave en la investigación sobre la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte del BBVA. Los exdirectivos de la entidad financiera que hace dos años se negaron a declarar como investigados ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón estarán muy pendientes de lo que puedan manifestar el exjefe de la UDEF Manuel Vázquez; el exresponsable de Seguridad del banco Julio Corrochano; y el exconsejero delegado Ángel Cano, quienes están citados como imputados los próximos 20 y 21 de diciembre. A partir de entonces, los exaltos cargos del BBVA tendrán alrededor de 40 días para decidir si quieren seguir guardando silencio o finalmente quieren aclarar ante el instructor cuál fue su participación en los encargos realizados a lo largo de una década al agente encubierto, ya que el próximo 28 de enero caduca la prórroga de seis meses acordada para culminar las diligencias pendientes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aceptó en verano la petición de la Fiscalía Anticorrupción de ampliar la instrucción de esta novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem' para poder recabar las pruebas que quedaban pendientes. En este sentido, los fiscales se mostraron partidarios de analizar detenidamente la normativa interna de contabilidad de facturas en el banco para esclarecer si el procedimiento seguido para el pago de los diversos servicios de presuntos espionajes que realizó Villarejo entre 2004 y 2017, y por los que cobró un total 10,3 millones, fue el correcto.
La mayoría de los exdirectivos que en su día se acogieron a su derecho a no declarar, dado que la investigación se encontraba en ese momento bajo secreto de sumario, llevan un tiempo sopesando la posibilidad de solicitar una segunda comparecencia para poder ofrecer su versión sobre la contratación del agente encubierto, si bien, mucho de ellos estaban esperando al resultado de las actuaciones solicitadas por el Ministerio Público. Es el caso de Eduardo Arbizu, responsable de Regulación y Control Interno de BBVA hasta la imputación del banco como persona jurídica en julio de 2019; o de Eduardo Ortega, exjefe de los servicios jurídicos del banco.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información señalan que la petición voluntaria de declarar debe realizarse en fechas próximas, ya que corren el riesgo de que a finales de enero de 2022, el magistrado considere que ya hay suficientes indicios para concluir la instrucción y dejarla lista para su enjuiciamiento. Eso sí, apostillan que esto es una posibilidad más, como también puede ser que el juez García Castellón decida ampliar unos cuantos meses esta novena pieza separada porque así lo solicite alguna de las partes o por la aparición de nuevos hechos presuntamente delictivos.
Y es que el 'caso BBVA', como se conoce a esta parte de la investigación sobre los 'negocios' privados de Villarejo mientras seguía en activo en la Policía Nacional, ha dado un vuelco en el último mes con la imputación del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y, en parte, del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, personado en esta causa como perjudicado, en relación a una denuncia anónima presentada en 2015 contra la asociación de usuarios de banca, que provocó el denominado 'caso Ausbanc' en la Audiencia Nacional, que ha concluido con la condena por extorsión de Pineda y el líder de Manos Limpias, Miguel Bernad.
Una comida en Canillas
Según las fuentes jurídicas consultadas, la declaración del exjefe de la UDEF puede ser de relevancia para la investigación, ya que en ella podría salir a relucir una comida en el complejo policial de Canillas de Madrid que el expresidente de BBVA Francisco González, imputado en esta causa, mantuvo con la cúpula policial y en la que se habría acordado la elaboración de una denuncia para abrir una investigación contra Ausbanc. En el sumario de la causa obra un informe en el que se indica que dicha denuncia anónima habría sido redactada por Eduardo Ortega, quien después la habría entregado al exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano para que, a través de Villarejo, quien previamente habría recabado datos sobre Pineda -lo que se bautizó como 'proyecto Pin'-, llegara a la UDEF.
Precisamente Corrochano, a quien se le impuso una fianza de 300.000 euros para evitar entrar en prisión provisional, es uno de los imputados que ahora ha mostrado un interés en colaborar con la justicia dos años después de que fuera citado a declarar. A principios de octubre, envió un extenso escrito al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón explicando que decidió contratar al Grupo Cenyt, entramado del comisario jubilado, para cumplir con las preocupaciones trasladadas por sus superiores, Francisco González y su 'número dos', Ángel Cano, como el intento de Sacyr Vallehermoso de asaltar el Consejo de Administración del banco en 2004, lo que dio origen al 'proyecto Trampa'. Asimismo, el exjefe de Seguridad aseguró que él no tenía ningún interés particular en la selección de las empresas de Villarejo, ni obtuvo ningún beneficio por ello.
Sin embargo, los fiscales del caso 'Tándem' pidieron al juzgado que le citara a declarar para escuchar de viva voz y poder valorar la veracidad de las 'revelaciones' que Corrochano expuso en su escrito, así como la pertinencia de las diligencias de prueba propuestas. A este movimiento se añade que, el pasado 16 de noviembre, el exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano manifestó por escrito su voluntad de romper el silencio que mantuvo en 2019, una vez que ya ha conocido las actuaciones que forman el sumario de esta pieza separada, levantado en febrero de 2020.
El último informe 'forensic'
Estas no son las únicas novedades que han dado un giro a la investigación. Recientemente se ha incorporado a la causa un último informe elaborado por la consultora PwC, contratada por BBVA para realizar un 'forensic' interno, que ha sido consultado por este diario. La auditora repasa siete contratos firmados entre Cenyt y el banco entre 2004 y 2016 y concluye que Corrochano, que aparece como la persona que firmó cinco de los encargos y autorizó el pago de cuatro de los contratos, fue el responsable de que la entidad financiera no cumpliera con los procedimientos internos. Asimismo, apunta que otros directivos también tuvieron participación en la verificación de la prestación de los servicios o como autorizado del pago de las facturas.
En este sentido se menciona a Cano, en su etapa como responsable de Recursos Humanos y superior jerárquico de Corrochano; el exdirector de Finanzas Javier Malagón; el exmiembro del consejo de administración de Garanti, filial turca de la entidad, y jefe del Departamento de Contabilidad y Supervisión Ricardo Gómez Barredo; el exdirector de Riesgos del Grupo BBVA Manuel Castro; el exdirector de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; y uno de los responsables del Departamento de Seguridad, Nazario Campo. Se da la circunstancia de que todos ellos fueron los directivos imputados que en 2019 se negaron a declarar, al igual que la actual responsable del área de Seguridad Corporativa, Inés Díaz Ochagavia, quien ya ha comparecido ante el juez a petición propia. Para concluir, el 'forensic' señala que tanto la sucesora de Corrochano como el expresidente de Distrito Castellana Norte Antonio Béjar, quien mantiene una 'guerra' jurídica con BBVA, intervinieron de algún modo en los pagos a Villarejo.
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