El juicio por la salida a bolsa de Bankia sigue desgranando los pormenores de los meses más complicados para el banco. En esta tercera de sesión de interrogatorio a Francisco Celma, auditor externo de Deloitte, el experto ha confesado que mantuvo conversaciones telefónicas y reuniones físicas con inspectores del Banco de España ante las dudas del supervisor por la situación de la entidad. En dichos encuentros, que tuvieron lugar los primeros seis meses de 2012, Celma les trasladó que no contaba con toda la documentación necesaria para dar el visto bueno a las cuentas anuales de 2011.
Celma, a quien las acusaciones le atribuyen el delito de falsedad contable por presuntas irregularidades en las cuentas de BFA y Bankia, ha detallado que en enero de 2012, tras mantener reuniones de alto nivel con Francisco Verdú, entonces consejero delegado de la entidad, fue requerido por el supervisor, y más detalladamente por el inspector José Antonio Casaus, encargado de los informes de supervisión de Bankia. "Hubo llamadas en las que les informé de cómo iba evolucionando todo y esto duró hasta el 25 de mayo de 2012", ha apuntado en referencia a la fecha en la que se reformularon los estados financieros del ejercicio anterior.
A preguntas de la fiscal Anticorrupción Carmen Laúna sobre si fue informado en esos encuentros acerca de las dudas de viabilidad de la matriz de Bankia así como de que barajaban ya ayudas públicas por 13.000 millones de euros, Celma ha negado que trataran estos extremos puesto que las reuniones eran únicamente para que él informara acerca de la situación de la entidad; requerimiento al que no se podía negar ya que la ley le obliga a dar cuenta de ello. Con todo, ha reconocido que aunque es común mantener reuniones con altos cargos del banco conforme se acerca la fecha de auditoría, no lo es tanto compartirla con el supervisor.
En relación al borrador de auditoría que le ha expuesto la fiscal en pleno interrogatorio, Celma ha insistido en que no elaboró ningún borrador a finales del primer trimestre de 2012 puesto que carecía de la documentación necesaria para auditar las cuentas. La representante del Ministerio Público se refería así al documento que el propio Celma le remitió al entonces presidente de la entidad Rodrigo Rato, pero el acusado ha vuelto a negar que se pueda entender como tal. "Como les he dicho, esto no es un borrador. Yo recibo una llamada el 18 de abril, me indican dos circunstancias: que me van a dar la documentación y que va a haber una inyección de 7.000 millones de euros", ha insistido para añadir que esa situación nunca se dio.
El experto, para el que el Ministerio Fiscal no ejerce ninguna acusación, se ha referido así a la conversación telefónica que mantuvo entonces con Rato, el cual le trasladó que no se preocupara por ese extremo si bien finalmente no hubo firma de Deloitte a los estados y éstos se entregaron 'in extremis' y sin auditar a la CNMV. Celma también ha vuelto a insistir en que, en contra de lo expuesto por el resto de acusados en el procedimiento, no se le convocó a las reuniones de auditoría del banco, pese a que lo reclamó en numerosas ocasiones. Responde de esta forma a la versión mantenida por los responsables de estos comités en BFA y Bankia -Ángel Acebes y Araceli Mora, respectivamente- quienes alegaron que Celma no les trasladó salvedades, en contra de lo que luego defendió él mismo en su declaración como testigo durante la instrucción de la causa.
Enfrentamiento con el abogado de Acebes: "No me dio su teléfono"
El experto ha aprovechado para desvincularse de la crisis interna de la entidad, que terminó con la salida de Rodrigo Rato de la misma en mayo de ese año. Preguntado por este asunto, ha asegurado que se enteró almorzando, de la misma forma que conoció por la prensa que días antes se habían presentado las cuentas al regulador sin el visto bueno de Deloitte. A partir de ese momento, ha dicho, la nueva cúpula de Bankia, a cuyo frente se encuentra el actual presidente José Ignacio Goirigolzarri, le comunicó tras el estudio pertinente que había que volver a evaluar los estados del ejercicio anterior. En esta ocasión sí recibieron la documentación, validaron los cálculos y ofrecieron dictamen positivo sobre la operación.
"Yo trabajo para la Junta General de Accionistas. La entidad me tiene que dar la documentación para hacer mi trabajo; en trece correos estoy manifestando lo que me falta", ha dicho el acusado a preguntas de las defensas en referencia a las comunicaciones que mandó a los responsables de este departamento y que su letrado aportó a la causa poco antes de que arrancara el juicio el pasado mes de noviembre. Uno de los momentos más tensos de su interrogatorio-y que se ha convertido en el más largo del juicio al sumar tres sesiones- se ha vivido cuando Carlos Aguilar, el letrado de Ángel Acebes, le ha reprochado que no se comunicara con el político para trasladarle su malestar por la ausencia de documentación.
Celma ha insistido en numerosas ocasiones que Acebes no le dio ni su teléfono de contacto ni su correo electrónico, sin embargo, ha rectificado cuando Aguilar le ha leído un extracto de su declaración en sede judicial como testigo en el cual comentaba que sí que disponía de estos datos. "Si dije eso me equivoqué", ha rectificado el auditor antes de que la magistrada presidenta del tribunal, Ángela Murillo, haya anunciando el suspenso de la sesión hasta las 16.00 horas. Ya en la sesión de tarde el objeto del procedimiento se ha centrado en determinar si el documento que envió al banco tras su conversación con Rato se puede o no entender como un borrador de las cuentas y, al respecto y por más que se le ha preguntado sobre dicha cuestión, se ha mantenido en sus trece restando cualquier trascendencia formal a dicho papel.
Ocho horas de declaración
Otro de los puntos intensos de la sesión de este lunes ha sido el interrogatorio al que le ha sometido el abogado de Araceli Mora, quien ha apuntado en la línea de Acebes. El letrado se ha mostrado especialmente interesado en saber el grado de conocimiento que tenía el auditor acerca de que las cuentas se presentaron al regulador sin estudio previo; al respecto Celma ha sido claro: "El Banco de España desde el 15 de enero era conocedor de todas las circunstancias", ha dicho y ha rechazado que en sus reuniones de primeros de año les adelantara que presentaría salvedades a las cuentas, porque, según ha matizado, eso todavía lo desconocía por aquel entonces.
El tribunal ha suspendido la sesión de este lunes cuando se han cumplido ocho horas de interrogatorio, lo que la convierte en la declaración más larga practicada hasta el momento. Máxime teniendo en cuenta que mañana encarará su cuarta y última sesión en el banquillo de los acusados para responder a las preguntas del resto de defensas y de su propio letrado. La intensidad de esta declaración demuestra la trascendencia que tiene no solo para la Fiscalía Anticorrupción, que busca sustentar su ampliación de acusación por falsedad contable a todos los consejeros, sino también para las defensas, que intentan demostrar ante el tribunal que la auditora no emitió salvedades a sus cuentas y que, además, acabó incumpliendo la ley. Al respecto Celma ha insistido que la normativa no se vulneró porque determina que, para dar el visto bueno a las cuentas, se esté en posesión de toda la documentación y eso no ocurrió en marzo de 2012.
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