Antonio Béjar quiere desligarse por completo de las contrataciones del BBVA con Villarejo. Se trata de un posicionamiento que ha mantenido en los escritos enviados a la causa y en sus múltiples interrogatorios en la Audiencia Nacional. Su última comparecencia se producía este mismo viernes. De nuevo el que fuera directivo de Riesgos en la etapa de Francisco González insistía en que se contrató con el entramado del comisario jubilado por orden directa de Julio Corrochano, entonces jefe de seguridad. Béjar siempre ha apuntado al conocimiento que tenía la cúpula de este asunto; no obstante, ayer anunció que daría un paso más y que aportaría un audio que apunta en esta dirección.
Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario confirman que el también expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN) hizo alusión a una grabación efectuada por el agente encubierto y en la que aparecen el propio Villarejo y Julio Corrochano. En la misma los interlocutores de Cenyt y el banco charlan sobre unos nuevos contratos acerca de investigaciones patrimoniales. Los hechos no se remontan al comienzo de la relación laboral, en el año 2004, sino tiempo después. En la grabación, que obra en la causa principal pero que quiere trasladar a esta pieza concreta, el exjefe de seguridad explica que tenían que elegir entre varias firmas pero que se decantarían por la del agente encubierto. Cabe recordar que los contratos se mantuvieron en el tiempo hasta 2017 y por ellos la entidad abonó cerca de 10,3 millones de euros.
De este modo, el exdirectivo que fue despedido del banco el pasado año, mantiene su línea de defensa al margen del resto de cargos del BBVA imputados por los trabajos del comisario. Ya en su primera declaración el pasado año decidió desligarse del resto al acceder a responder a las preguntas del juez estando la causa bajo secreto de sumario (al igual que hizo FG). En su interrogatorio explicó que las contrataciones se ceñían a investigaciones patrimoniales y de clientes que debían mucho dinero al banco. En sus siguientes citaciones, ya en verano de 2019, aportó importante documental y dejó claro que Francisco González le dijo que contratara con las empresas que Corrochano le iban a indicar. FG, por su parte, no solo se desliga de este caso sino que asegura que descubrió quien era Villarejo una vez iniciada esta causa penal.
El pago de las facturas
Otro de los puntos que le enfrentan claramente con la entidad (investigada también como persona jurídica) es el relativo al forensic. Y es que la investigación interna que encargó la defensa legal del banco a PwC no le deja en muy bien lugar. Más bien al contrario, la auditora concluye tras analizar todos los 'hits' que Corrochano y Béjar son los responsables de estos encargos y se basa para ello en numerosos correos electrónicos que se cruzó tanto él como su secretaria con Rafael Redondo, socio de Villarejo en Cenyt. En las comunicaciones se hacía alusión al pago de facturas, a reuniones a celebrar 'in situ' en la sede del banco y hasta de felicitaciones navideñas.
Precisamente el contenido del forensic fue lo que llevó a Béjar a pedir una nueva declaración voluntaria ante los investigadores, con los que colabora desde su imputación. De este modo, y como ya hiciera su letrado durante las comparecencias de los responsables de PwC en la Audiencia Nacional, puso sobre la mesa una serie de irregularidades, según denuncia, que le atribuyen erróneamente la autorización de determinadas facturas. En concreto se refirió a una por importe de 1,2 millones de euros que emitió a Cenyt el 14 de marzo de 2011 relativa al pago de unas primas conforme al contrato de ampliación firmado ese mismo mes. Según expuso, ni el número del autorizante ni el centro de coste corresponden con él.
El forensic, en el foco
La defensa de Béjar también hizo alusión a los correos intercambiados con Rafael Redondo (corrigiendo algunos de ellos) así como a las órdenes que recibió del entonces director de gabinete de presidencia y actual jefe de auditoría del banco, Joaquín Gortari, acerca de que se tenía que investigar una finca en El Escorial en la que estaba interesado Francisco González. Precisamente este punto también lo menciona el forensic de PwC. El documento, que se entregó a la Audiencia Nacional tras los insistentes reclamos del magistrado Manuel García Castellón, recogía investigaciones en la finca de Sa Punta (Mallorca) aunque no consta ningún pago al entramado empresarial de Villarejo por este asunto concreto.
Las comparecencias del socio responsable de Forensic de PwC, Javier López de Andreo, en la Audiencia Nacional sembraron dudas sobre el trabajo encargado. Ello debido a que, aunque estaba llamado a declarar para explicar la técnica utilizada en la búsqueda de 'hits', lo cierto es que el hecho de que intentara acogerse a su secreto profesional no gustó nada ni a la Fiscalía Anticorrupción ni al juez, quienes le recordaron que tenía que colaborar con la causa en calidad de perito. El auditor explicó que algunas de las partes del forensic (como la relativa a las búsquedas de Luis del Rivero o de Luis Pineda) quedaron fuera de las primeras entregas al juzgado por orden de la defensa del banco. La entidad explicó que se hizo por motivos de celeridad.
En consecuencia, las 'víctimas' de los espionajes del comisario (entre las que se encuentran importantes empresarios, periodistas, políticos y banqueros) solicitaron acceder al contenido íntegro del trabajo para conocer en qué consistieron los seguimientos hacia su persona. Algunos incluso se ofrecieron a realizar una 'contrapericial' de la pericial, como hizo el expresidente de Sacyr. Sin embargo el magistrado García Castellón decidió solicitar todos los ítems para que sea la Policía Judicial la que analice el contenido de este forensic. Ahora bien, el juzgado ya advirtió que solo se estudiarán las partes que afecten a las contrataciones y que se protegerá el derecho de la intimidad del banco el cual, por su parte, ha denunciado que los perjudicados se aprovechen de su investigación para actuar en su contra.
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