Más frentes abiertos para el BBVA por la investigación interna encargada a PwC. Los directivos investigados en la Audiencia Nacional por los negocios de José Manuel Villarejo denuncian "irregularidades" en el famoso forensic elaborado por la firma para el banco y han pedido al magistrado Manuel García Castellón poder declarar sobre estos asuntos concretos. En concreto, se trata de un requerimiento que, al menos hasta el momento, ya han solicitado la directora de seguridad del banco, Inés Ochagavia, y el que fuera jefe de riesgos y presidente de Distrito Castellana Norte, José Antonio Béjar.
Mientras este último ha declarado en varias ocasiones en sede judicial en el marco de las pesquisas que dirige Manuel García Castellón, la directiva del BBVA todavía no se ha pronunciado sobre estos hechos. Ochagavia se encontraba entre los primeros nueve altos cargos imputados en julio del año pasado en esta novena pieza del caso Tándem al pertenecer a departamentos desde los cuáles salieron pagos que ascienden a 10,3 millones de euros. Como hicieron la gran mayoría de investigados, la directiva se acogió a su derecho a no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario. No ocurrió lo mismo con Béjar, el cual ha prestado al menos tres declaraciones en la Audiencia Nacional en el marco de su colaboración con las pesquisas.
La entrega al juzgado del forensic ha hecho que tanto uno como otro soliciten al magistrado que les cite para poner en tela de juicio su contenido. Unas críticas que vienen a sumarse a las ya formuladas por letrados de algunas de las partes desde el mismo momento en que el responsable de Forensic de PwC España, Javier López Andreo, compareciera por primera vez el 20 de febrero para explicar cómo se elaboró este encargo de los despachos que ejercen la defensa penal de BBVA. De nuevo volvió a prestar declaración en junio en sede judicial junto con otro socio de la firma Alberto García, en una sesión que acabó con el apercibimiento por parte del instructor para que aporten todo el material que tengan de la investigación y que no obra en las conclusiones entregadas hasta el momento.
El proceso de pago
Ya en esas sesiones hubo abogados que reprobaron a los expertos por apartar menciones relativas a encargos de espionaje a Sacyr, el empresario Fernando Martín o Ausbanc. A todo ello hay que sumarle las reticencias que mostró el abogado de Antonio Béjar. El exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez expuso que había incorrecciones de fechas en relación a facturas de V&V Development (una de las empresas del entramado de Villarejo) o sobre el proceso de pago. Además, apeló a unos correos que se intercambiaron en julio de 2013 Béjar y Rafael Redondo, socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, para desmentir la versión oficial de la entidad cuando se cumple un año del despido de su cliente.
De este modo, trató de confrontar la versión del banco acerca de que los únicos responsables de estas contrataciones eran el entonces jefe de Seguridad, Julio Corrochano, y Béjar. Precisamente, Ochagavia -que sustituyó a Corrochano a su salida de la entidad- también pone de manifiesto presuntas incorrecciones en torno a las formas de pago. En un escrito remitido al instructor del caso Tándem y al que ha tenido acceso La Información, la directiva habla de "errores" del forensic y apunta que ni autorizó ni verificó el pago de una veintena de facturas desde los sistemas internos del banco al Grupo Cenyt.
Los expedientes disciplinarios
La defensa de Ochagavia denuncia que "lo más grave" del forensic es que, a consecuencia de lo manifestado en el mismo, se incoaron unos expedientes disciplinarios contra estos directivos algunos de los cuáles terminaron archivándose. Además, explica que ella no verificó las facturas giradas al Grupo Cenyt asegurando que las mismas venían autorizadas por la plataforma de gestión interna de BBVA, lo cual quiere decir, según apunta, que se trataría de cargos logísticos y no financieros. La diferencia entre ambos, es que mientras los primeros están sometidos a controles auditables, los segundos no están asociados a ningún pedido concreto porque no están ligados a procedimientos de aprovisionamiento.
De hecho, delega responsabilidades en Corrochano, y apunta que "la única persona que tenía la potestad para verificar exclusivamente el servicio contratado, es decir, los informes elaborados por Cenyt, era el jefe del área de seguridad, tal y como así se establecía en el contrato". PwC también recoge unos correos que envió al exdirector de servicios jurídicos Eduardo Ortega conteniendo unas facturas del entramado de Villarejo. Su defensa apunta al respecto que simplemente se limitó a reenviar este documento que pertenecía a Julio Corrochano, el cual ya no se encontraba prestando servicio en la entidad. No obstante, asegura que, aunque la contratación se gestionaba desde el departamento que dirigía el policía jubilado, las órdenes partían de Servicios Jurídicos.
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