Antonio Béjar ha vuelto a enfrentarse al banco para el que trabajó como directivo de riesgos por los encargos que efectuaron a José Manuel Villarejo. El que fuera presidente de Distrito Castellana Norte ha remitido un duro escrito a la Audiencia Nacional en el que acusa a BBVA de haber maniobrado para implicarle en la red del agente encubierto y salir indemnes de la investigación que se sigue en el marco del caso Tándem. Béjar, que está pendiente de ser llamado a declarar de nuevo por estos hechos, vuelve a cuestionar el papel de la entidad y lanza un aviso a navegantes antes de su próxima cita judicial al apuntar que no tiene nada que ocultar.
Béjar, que ha declarado hasta en cuatro ocasiones en esta pieza del caso Villarejo, pidió volver ante los investigadores para denunciar, según expuso, irregularidades en el forensic elaborado por el banco. El mismo le atribuía la responsabilidad de las contrataciones con el entramado empresarial del policía si bien él siempre negó estos hechos y apuntó más bien a órdenes de la excúpula de la entidad. Sin embargo su defensa denunció durante las comparecencias en la Audiencia que había errores en las fechas de las facturas giradas a V&V Development (una de las empresas del entramado de Villarejo) y también sobre el proceso de pago. Expuso entonces que la facturación no era automática, como defendió PwC, sino que se trataba de facturas financieras que solo pueden autorizar o bien el interventor general o el presidente de la entidad, cargos que entonces ostentaban Ricardo Gómez Barredo y Francisco González, respectivamente.
Ahora lo que hace es pedir al magistrado que le requiera al banco todos los correos corporativos que se intercambió durante su etapa en la entidad. Lo hace después de que el juez decidiera encargar a la Policía Judicial del caso un nuevo estudio de los 2,3 millones de hits (búsquedas) que encontró el forensic de PwC. El instructor estudió las peticiones de las partes y dio luz verde a algunas de ellas (como solicitar a la entidad el organigrama completo de Seguridad Corporativa desde 2004). Sin embargo, denegó la solicitud de Béjar de requerir a las comunicaciones corporativas al considerar que podría afectar al derecho de defensa de la entidad, imputada en la causa por las contrataciones a Villarejo que se prolongaron entre los años 2004 y 2017.
"Nada que ocultar"
En el escrito remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso La Información, el exdirectivo que se desmarcó de la línea oficial de la entidad en la Audiencia Nacional asegura que pide estos correos porque "no tiene nada que ocultar" y porque "no hay material incriminatorio en ellos" que le puedan atribuir responsabilidades de contratación con las empresas de espionaje de Villarejo. Más bien al contrario, dice que esas comunicaciones que el juez se niega reclamar al banco contienen "hechos documentados" que le exculparían de los delitos de cohecho y revelación de secretos que pesan sobre él y otros exaltos cargos de la entidad.
"Dichos correos, por motivos que desconocemos, no fueron aportados por el banco investigado", reza el escrito en el cual añade que lo que sí entregó la entidad fue una documental que dio lugar a su imputación en esta novena pieza del caso Tándem. "El banco, sin tener condición procesal alguna, en el marco de una aparente colaboración con la Justicia y en unas diligencias declaradas secretas, aportó diversa información que dio lugar a llamar como investigado a nuestro mandante, que no supo cuál era el material incriminatorio contra él hasta el 4 de febrero, cuando se alzó el secreto de las actuaciones", alega su defensa en referencia a la documental que habría entregado la entidad antes de su imputación en la causa en julio de 2019.
La investigación interna que lanzó el banco hace dos años para depurar responsabilidades por los contratos con los que pagó a Cenyt 10,28 millones de euros acabó volviéndose en su contra tras las comparecencias en la Audiencia Nacional del perito Javier López Andreo. Las partes solicitaron acceder a todas las búsquedas que localizó PwC sobre la relación del banco con el comisario después de que algunas de ellas se apartaran de las pesquisas entregadas al juez. Ello llevó al instructor a requerir a la auditora todo el material localizado para que ahora sea analizado por la Unidad de Asuntos Internos encargada de esta investigación penal. Sin embargo, el instructor garantizó que respetaría las garantías del banco y que se ceñiría exclusivamente al material sobre Villarejo evitando así poner en peligro su intimidad o el derecho de defensa de terceros.
Pese a que la entidad se considera una víctima de esta situación ante las peticiones continuas de las partes sobre el forensic, Béjar apunta en la línea contraria. Asegura que no se vulnera su derecho de defensa por aportar unas pruebas que considera clave para probar su inocencia en estos hechos y que no se pide acceder a información personal sino "solo a información de su actividad profesional como empleado del banco". De hecho, dice que si el banco se niega a entregar esta información al caso, el juez incluso podría tomarla "coercitivamente" con un mandamiento de entrada y registro. Además, añade que no es cierto la versión del banco acerca de que Béjar pudo acceder a sus correos hasta noviembre de 2019.
También rebate al banco en lo que al derecho a la intimidad de terceros se refiere asegurando que para eso existe el expurgo. "La dificultad o densidad de trabajo que implique ese expurgo no puede justificar la denegación de la diligencia, amén de que esta parte acotó los correos solicitados a aproximadamente un 5% del total y de que pueden usarse herramientas de selección y filtrado. El propio auto recurrido accede a que sean analizados 2,3 millones de hits por la policía, por lo que no se puede aceptarse que el volumen de la información a expurgar sea motivo para denegar la diligencia·", reza el recurso del exdirectivo que plasmará todas estas quejas en su próxima comparecencia judicial.
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