Los correos que obran en el sumario del caso Tándem demuestran cómo Rafael Redondo, principal socio de Villarejo en sus negocios de espionaje, visitó la ciudad del BBVA al menos hasta en cinco ocasiones en 2016. Las diligencias practicadas por la Audiencia Nacional ponen de manifiesto como ese ejercicio fue el último del total de 13 que la entidad contrató con los servicios del comisario jubilado. Justo un año después, en noviembre de 2017, era detenido con Redondo y los principales imputados del caso Tándem por integrar presuntamente una organización criminal utilizando medios policiales para sus trabajos privados.
Aunque la entidad que preside Carlos Torres se ha desligado completamente de estas contrataciones que derivan al departamento de Seguridad y que costaron un total de 10,28 millones de euros, lo cierto es que las comunicaciones de esta pieza concreta demuestran que el socio de Villarejo trabajó 'in situ' en las oficinas generales de la entidad. De hecho, y de acuerdo a los mails a los que ha tenido acceso La Información, Redondo contó con una plaza fija en el aparcamiento del banco cinco días de los meses de octubre y noviembre de 2016. La gestión se llevó a cabo directamente desde el departamento de Seguridad que dirigía Julio Corrochano, también policía retirado y amigo de Villarejo.
La persona encargada de solicitar la plaza de aparcamiento de Redondo fue Elena Martín, entonces secretaria de Corrochano. La misma declaró la pasada semana en sede judicial en calidad de testigo a petición de la defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda. En su cita judicial, el magistrado Manuel García Castellón le preguntó expresamente por estos correos que recogían además presuntos tratos de favor de altos mandos policiales implicados en esta trama -como Carlos Salamanca o Enrique García Castaño- y que consistían en su mayoría en facilitar la entrada ilegal en España por parte de ciudadanos extranjeros, en su mayoría mexicanos. A cambio, serían obsequiados con dádivas y donaciones.
Reuniones en la sede
En lo que a este asunto respecta, las comunicaciones iban enfocadas a reservar aparcamiento a Redondo en la ciudad del BBVA. Para ello Elena Martín trasladó el número de matrícula del coche del abogado y su DNI al entonces coordinador de edificios corporativos. La plaza se reservó en la franja fija de 16.00 a 20.00 horas los días 19 y 27 de octubre y 2,7,8 y 10 de noviembre de ese año. En aquel momento el banco ya sumaba doce años de relación laboral con Cenyt, la cual ciñeron exclusivamente a informes de riesgo país así como a análisis de solvencia de morosos con el banco. Sin embargo, el sumario apunta a más de una decena de encargos de presuntos espionajes que se habrían llevado a cabo vulnerando los derechos de los espiados. Entre los objetivos de estos trabajos destacan Sacyr (bautizado por Villarejo como 'Grupo Hostil') y empresarios como Luis Portillo (proyecto Autumn), Fernando Martín (proyecto Fish), o Slon Capital (proyecto Slon).
Tanto la defensa legal del banco -imputado como persona jurídica- como otros exaltos cargos se desligaron por completo de las contrataciones responsabilizando de estos acuerdos comerciales a Julio Corrochano y al exjefe de Riesgos de la entidad, Antonio Béjar. Sin embargo, este último, que colabora con la Justicia, se desligó de esta línea de defensa y expuso que se firmaron los acuerdos comerciales con Cenyt y V&V Developments por orden de la excúpula. Francisco González negó la mayor y apuntó en su declaración en sede judicial que no participó en la contratación de proveedores externos y que tampoco escuchó hablar de Villarejo hasta el estallido de la causa penal. De hecho, la misma discurrió en paralelo a la investigación interna que encargó el banco a PwC para esclarecer el asunto de las contrataciones.
Líneas de investigación
Los correos apuntan ahora a que el socio de Villarejo sí acudió a tratar todos estos asuntos al complejo que tiene el banco en un polígono industrial de las afueras de Madrid y que su visita vino autorizada desde dentro de la entidad. Con todo, los audios recogidos en el sumario de la pieza demuestran como el comisario jubilado solía despachar asiduamente con el que fuera jefe de seguridad del banco, también imputado en la causa. El magistrado abrió recientemente dos líneas de investigación sobre este asunto concreto. Una de ellas consistió en rastrear el destino final de los pagos del BBVA a Villarejo. Para ello se lanzaron una serie de requerimientos a más de una decena de bancos los cuáles acreditaron que las cuentas a las que la entidad efectuó los abonos estaban a nombre de personas de su círculo más íntimo como son su hijo José Manuel, su mujer Gemma Alcalá, su socio Redondo o su presunto testaferro Juan Carlos Escribano.
La otra línea consistió en requerir el forensic realizado por PwC para que lo analice Policía Judicial después de que algunas de las presuntas víctimas del caso denunciaran que la auditora excluyó las búsquedas relativas a sus seguimientos por orden de la defensa legal de la entidad; tesis que el banco desmiente. Precisamente por presuntas irregularidades en el forensic pidieron declarar la sustituta de Corrochano, Inés Ochagavia, y Béjar. El también expresidente de Distrito Castellana Norte defiende que no es el responsable de las contrataciones con Cenyt y que quiere poner de manifiesto en sede judicial una serie de incorrecciones del peritaje de PwC que le incriminan en este procedimiento. El magistrado tenía pendiente tomarle declaración el pasado jueves 12 si bien ha retrasado su citación al próximo día 27 de noviembre a petición de su defensa.
Corrección de los informes
De este modo, la última diligencia acordada hasta la fecha fue la testifical de la secretaria de Corrochano. Entre otro orden de cosas, Martín también fue preguntada por las correcciones de los informes que llegaban de Cenyt al banco. La testigo dijo que efectivamente retocaron algunos de estos trabajos para devolverlos a la firma antes de entregarlos a sus destinatarios. Así consta en uno de los resúmenes ejecutivos que la firma de Villarejo y Redondo elaboró en enero de 2017, apenas meses antes del estallido de Tándem. "Elena, te acompaño documento completo en word, tras sustituir el apartado 'Resumen Ejecutivo' con el texto que me has enviado", le dijo Redondo en su mail de 12 de enero.
El documento en cuestión hacía referencia al "riesgo de violencia alto" que se había detectado en la figura del entonces presidente, Francisco González. El informe vinculada directamente este riesgo a la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Luis Pineda. Al respecto decía el texto que el presidente de Ausbanc atribuía a FG "su situación procesal". Sin embargo el banco cambió esta última frase por: "como autor intelectual de su situación procesal", poniendo el foco de este modo en la figura del banquero. Pineda está siendo juzgado por los hechos arriba mencionados si bien también figura como perjudicado de los negocios del comisario toda vez que las investigaciones de la Policía Judicial acreditaron que fue espiado por orden del banco bajo el bautizado como 'Proyecto Pin'.
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