El 'calvario' de denunciar la corrupción: "La Gürtel me destrozó pero lo volvería a hacer mil veces"

"Momentos duros, muchos. Todos los días volviendo a casa. Allí estaba mi mujer para recoger los restos de una persona que volvía al hogar completamente destrozado. Yo no era un policía o un espía, no estaba preparado para realizar lo que hice y eso produjo un enorme impacto en mi personalidad. Maldecía el tener que ir a ver a esta gente y grabarles, no, no fue fácil ningún momento".

Quien así habla es José Luis Peñas. Hubo un tiempo en que él y Francisco compartían cervezas y conversaciones de deporte. Sobre todo, de alpinismo. Francisco es Francisco Correa, y él, entonces, un concejal del PP en Majadahonda. El nombre del primero lo dice todo en la más famosa trama de corrupción de nuestro país, la 'Gürtel'. El de Peñas, no tanto. Sin embargo, a él se le debe la investigación que sacudió los cimientos de Génova.

Ahora jefe de ordenanzas en el Centro Cultural de Aravaca, habla sin tapujos de aquellos años difíciles que empezaron cuando un buen día de finales de 2007, y tras largas charlas con su mujer, tomó aire y se dirigió a la sede de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía. Consigo llevaba 18 horas de grabaciones que comprometían a todo un partido. Se abrió la caja de los truenos. "Por supuesto, una y mil veces. A pesar de algunos daños indeseables, no por eso dejaría nunca de realizar mi deber cívico", aclara, de entrada, a la pregunta de si repetiría lo vivido.

Los daños indeseables se cuentan en insultos, silencios, enemistades y amenazas de muerte. A él, y a su mujer, a la que un día un coche llegó a sacar de la carretera. La próxima vez, les dijo alguien al otro lado del hilo telefónico, sería peor. Y con los niños dentro. Para él, no hubo mayor chantaje. Pero no cedió. "Nunca he flaqueado por esto, al contrario. Siempre he tenido la cabeza bien alta, ni siquiera quise quitar de la guía mi teléfono particular de casa, yo no me voy a esconder nunca, son otros los que tendrían que hacerlo". Pese a su 'gesto' de heroicidad, Peñas no oculta sus debilidades.

"Todos los días pensaba en no seguir adelante, claro, pero al igual que tu cuerpo rechaza hacer ejercicio y lo tienes que superar y obligarte a salir a correr todas las noches, de igual manera tenía que obligarme para seguir adelante. No era plato de buen gusto".

Con Correa no le unía una relación de amistad, aunque sí de compadreo. Se conocían desde hace años, aunque, por supuesto, nunca se habló nada de sobres, ni sobresueldos. Pero en las navidades de 2005 la relación dio un giro inesperado. Peñas se había citado con el empresario en un hotel, para hablarle sobre sus planes para la creación de un nuevo partido en Majadahonda, cuando, en un momento dado, le escuchó discutir al teléfono. Al otro lado de la línea estaba un dirigente del PP, y el motivo eran tres millones de euros que, según Correa, le debían.

Peñas empezó entonces a grabar las conversaciones. Aquellas cintas fueron tan reveladoras que constituyen prueba de delito. Sin embargo, reconoce que "lo mejor" se quedó en muchos casos silenciado por algo tan banal como que las pilas de la grabadora se agotasen en un momento inoportuno.

En 2009, el juez Baltasar Garzón ordenó la operación policial que revolvería después la política española: una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol, bajo acusaciones de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Las ramificaciones derivaron pronto al PP y los imputados se cuentan hoy hasta en 187. Entre ellos, altos cargos del partido como el dimitido presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Sin embargo, a medida que el proceso avanzaba, lo hacía también el 'calvario' de Peñas. Apartado del partido, se le prohibió incluso entrar en sus sedes. Trató de ponerse en contacto con Rajoy y con Aguirre. Pero del primer recibió silencio y de la segunda insultos. "Con ese hijo de puta no tengo nada de qué hablar", escuchó decir a la 'lideresa' tras la puerta cuando decidió presentarse en su despacho.

Seis años después, el silencio es el mismo. "No, ninguno se ha puesto en contacto conmigo", confirma, "en las sectas es muy difícil moverse, y acercarse a algún apestado es signo de muerte política inmediata. No, nadie se ha puesto en contacto y por otro lado es algo que me alegra. No tengo nada en común con esta auténtica casta de chupadores de lo público. Yo no valgo como ellos para meterme en la nevera y seguir lamiendo las migajas que los superiores dejan caer a los inferiores a cambio de sumisión total. Soy libre y como tal he vivido y viviré".

Pese a su 'trabajo', Peñas fue citado a declarar. En su comparecencia ante Ruz fue rotundo: "Los responsables políticos de la Gürtel no sólo siguen mandando en el Partido Popular sino, desgraciadamente, en este país". Por eso, no duda al reprochar un marco jurídico que protege a "corruptos, ladrones y sobre todo, políticos" y no a quien denuncia. "Con mecanismos más cercanos a países de nuestro entorno la corrupción sería algo mucho menor, pero a los partidos políticos no les interesa, al menos ahora que todavía nos gobiernan corruptos insignes", dice con sorna.

Pese a ello, concede también el "beneficio de la duda" a los partidos emergentes. "Al menos están cambiando formas y forzando a cambiar a los antiguos. Sería una gran noticia que los sustituyesen y lo más importante que dieran la patada a los antiguos dirigentes que son los responsables de la situación indecente de nuestro país". Él tiene clara cuál debería ser la primera medida para empezar a poner freno a la corrupción. "Al igual que la decisión de poderes es base de una democracia, la división del poder político sería la base para eliminar la corrupción. Un sistema con partidos específicos para cada administración haría que cada responsable político fuera responsable de su administración sin necesidad de obedecer a ningún superior. Partidos locales, autonómicos y nacionales sin ningún tipo de relación entre ellos harían que los territorios y las personas se situasen en el centro de la política y no los dirigentes corruptos que nos gobiernan ahora mismo".

Hoy, ni el líder de la trama está en prisión (salió de la cárcel de Soto del Real en 2012 tras admitir el juez los 200.000 euros de fianza que aportó su madre). Por eso, preguntarle a Peñas por su visión de la Justicia arroja una respuesta previsible. "La justicia no ha actuado hasta que la corrupción casi a anegado las parrillas de televisión y los titulares de prensa y medios de comunicación de todo tipo. La justicia esta corrompida por el poder político que es quien los gobierna. La mayoría de jueces lo único que tienen en mente son sus propios intereses tanto económicos como profesionales y nunca piensan en los ciudadanos ni en la Justicia", lamenta.Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas, los ERE: "Era un mensaje claro a los empresarios: Ya basta de tragar".

270 imputados, entre ellos dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, 1.330.000 euros públicos defraudados… si otro caso 'compite' en magnitud con la Gürtel, es de los ERE.

La trama de corrupción que ha implicado a la Junta de Andalucía se enreda en un laberinto de comisionistas, subvenciones fraudulentas y concesiones ilegales, pero tiene un origen bien marcado: en 2009, los dueños del grupo de restaurantes La Raza, muy populares en la comunidad, denunciaron que los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce les habían exigido comisiones en nombre la Consejería de Empleo de la Junta a cambio de una subvención de 900.000 euros para abrir una escuela de hostelería.

Como prueba aportaron varias cintas en las que se escuchaba a Mellet y Ponce pedir 300.000 euros de comisión para la Junta y otros 150.000 para la acometida eléctrica. "Esto ocurre siempre en la Junta de Andalucía", les dijo Ponce. Las instrucciones: llevar el dinero en un maletín que dejarían "olvidado" en el despacho.
La investigación reveló beneficiarios irregulares en jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta en el ERE de Mercasevilla y destapó todo un escándalo de corrupción en un Gobierno de más de tres décadas.

Ni Pedro Sánchez Cuerda ni su socio José Ignacio de Rojas, a quienes se deben los orígenes de esta investigación, dan entrevistas. Se remiten, para ello, a su abogado Joaquín Moeckel, que enmarca la actuación en un "mensaje al tejido empresarial". "Era un mensaje claro: señores, no todo vale. Ya basta de tragar. Se trataba de decir que hay empresarios que no pasan por eso".

Reconoce Moeckel que no todo ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. Pese a las "presiones", que las hubo, ninguno se arrepintió jamás de haber dado el paso. "Nunca se han arrepentido porque piensan que actuaron bien", dice el abogado, convencido de que existe un cierto "silencio cómplice" hacia la corrupción y que la única forma de erradicarla es "intentar que la persona que la denuncie tenga un tratamiento protector".

"Si soy un empresario que tiene trato con la Administración, y denuncio, me quitan contratos, eso es así, así que no denuncio. Tiene que quedar muy claro que ante los tribunales de justicia las personas que denuncian estén parapetadas, protegidas de posibles consecuencias". Pone un símil: "Antes, quien denunciaba violencia de género se encontraba totalmente desprotegido, ahora se da una protección que hace que la gente pierda el miedo a denunciar".Desde entonces, el nombre de estos empresarios va asociado a un calificativo, valentía. "Si la Raza no denuncia, no se sabría la corrupción en Andalucía. Esto fue el germen de toda la instrucción".Montserrat Gassull, las 'mordidas' de CDC: "Mi familia lo ha pasado muy mal. Pero ellos sabían que era lo que tenía que hacer"

El último escándalo conocido ha hecho tambalear al gobierno de Artur Mas, en plena cuenta atrás hacia las elecciones. Es el caso del 3%, el presunto pago de comisiones a CDC por la concesión de obra pública que implica a la empresa Teyco, propiedad de los Sumarroca. Pero la cuerda de esta investigación viene de tiempo atrás, y tiene uno de sus epicentros en el ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona).

El 26 de junio de 2014, el ahora exalcalde de la localidad, Daniel Masagué, era detenido por la Guardia Civil por, entre otros asuntos, adjudicaciones irregulares y pagos bajo sospecha. Entre ellos, al menos 581.000 euros desde filiales de Teyco a dos empresas de Masagué. Entre las obras investigadas, un aparcamiento adjudicado a la constructora de Sumarroca por 2'5 millones de euros y cuyo importe final acabó incrementándose en un 40%. Masagué trató de aferrarse al cargo, pero acabó dimitiendo y dejando la militancia en CDC. En julio de este mismo año, era de nuevo arrestado durante unas horas, junto a tres de los hermanos Sumarroca. En el punto de mira, una vez más, la presunta facturación fraudulenta entre Teyco y el consistorio.

Harta de ver cada semana las irregularidades en los plenos, Montserrat Gassull, entonces concejal de ERC en la oposición, decidió iniciar una investigación de lo que sucedía en Torredembarra. En 2012, presentó las primeras denuncias sobre posibles delitos en la adjudicación de la limpieza viaria, el alquiler de dos locales a precios injustificados, la contratación de aguas o los servicios de la consultora Efial por 18.000 euros mensuales, dedicada supuestamente a puentear a los servicios jurídicos municipales. Acabó imputada por un delito de injurias, pendiente aún de juicio, por una querella criminal presentada por Masagué, quien le reclamó además 15.000 euros.

Adjudicaciones a precios desorbitados, servicios "a dedo"… durante años, relató Gassull, ese era modus operandi en el ayuntamiento. Con su abogada, pasaba horas escudriñando al milímetro las contrataciones, encerrada en casa, estudiando cifras infladas y cuentas injustificadas. Se lo comunicó a la dirección de su partido y, sufrió el primer revés: la callada por respuesta. "Decidí decírselo personalmente a Oriol Junqueras, y me fui a un acto en Tarragona. Me dijo que era lo que teníamos que hacer, pero nada más", cuenta a este diario. Lo sabía Junqueras, y también Mas. "Mi abogada le escribió una carta, pero no obtuvimos respuesta", asegura.

Gassull se sintió sola, dice. Su propio partido le dio la espalda y ella terminó dejando el grupo municipal en 2013 para pasarse al de los no adscritos. Pero nunca dio marcha atrás, ni tampoco se arrepiente. Aunque tampoco oculta que el camino a la denuncia no es fácil. "Lo he pasado muy mal, y también mi familia. Pero ellos saben que soy justa y ellos, también los son. Mi marido y mis hijos, uno de ellos abogado, sabían que esto era lo que tenía que hacer", dice sin titubeos.

Ni imaginó nunca la magnitud que podrían adquirir aquellas primeras sospechas, ni se atreve tampoco a aventurar hasta dónde puede llegar el caso. "Eso está bajo secreto de sumario y veremos cómo avanzan las investigaciones. Hay que dejar trabajar. Pero había cosas muy importantes. Otra cosa es que a veces parece que hay cosas, y luego no, o a la inversa".

Como Peñas y Moeckel, coincide en que los denunciantes están desprotegidos."Creo que como cargo público tendrías que tener garantías. Hasta el final. Porque al fin y al cabo yo firmaba las denuncias con las siglas de ERC".

Los tejemanejes, las tramas, y el lado más oscuro del poder no le han hecho desistir de su vocación. Gassull sigue dedicada a la política a través de 'Compromís amb Torredembarra', partido que lidera y con el que prosigue en su lucha contra la corrupción. No es optimista. "Eso va con la honradez de la persona. Tenemos leyes, sabemos lo que se puede hacer, lo que no, existen mecanismos, pero si la persona no es honrada… también existen formas de burlarla. Creo que, sobre todo, es una cuestión de educación. Tenemos que entender que esto es un servicio público, no digo que un político no deba cobrar, ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta que el dinero es de los ciudadanos, y por eso hay que controlarlo mucho más que el de uno propio".