Los Presupuestos Generales de 2023 ya están lanzados pero falta por conocer una de las claves más importante del futuro proyecto de ley. Confirmado que las pensiones subirán con el IPC sí o sí, el salario de los trabajadores públicos es, en este momento, uno de los principales quebraderos de cabeza del 'sudoku' que está elaborando el equipo del Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero lo tiene claro: los empleados del sector público deberían acompasar las mejoras salarias a las de los trabajadores del sector privado. Es, según explican fuentes del departamento, lo que les va a ofrecer en la negociación que se va a abrir a partir de septiembre.
El Gobierno no ha dado pistas sobre cuál será la subida del sueldo de los empleados del sector público a final de año. Lo que está claro es que esa mejora diferirá sensiblemente de la de las pensiones, que según las estimaciones del Ministerio de Asuntos Económicos será del 7,8%. Los trabajadores públicos lo asumen pero consideran que el Gobierno debería hace un esfuerzo para compensar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo como consecuencia del incremento de los precios, una inflación que la propia Nadia Calviño se niega ahora a poner techo.
El plan de Montero, la 'guardiana' de los Presupuestos, recién ascendida a número dos del PSOE y responsable, además, de la Función Pública, pasa por explorar a la vuelta del verano un acuerdo con los sindicatos de la administración para acordar esa subida salarial. Una negociación que, desde el Ejecutivo, anticipan que no será sencilla. No se descarta, incluso, poner una cifra de forma unilateral si no hay acuerdo a final de mes, fecha en la que la ministra de Hacienda tiene previsto presentar el proyecto de ley de cuentas públicas para el próximo año.
La intención de Montero es repartir la subida de forma plurianual, a través de los próximo años y que se aleje a la de los pensionistas para acercarse a los empleados del sector privado. El Gobierno, indican las mismas fuentes, considera que el esfuerzo debe ser de todos los empleados por igual. No puede hacer, añaden, dos velocidades a la hora de encarar los costes de la crisis como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Los trabajadores en el sector público son sensiblemente mejor pagados que los del privado. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros: el asalariado del sector público cobró en 2020 de media 2.884,70 euros, mientras que el del privado percibió 1.818,60 euros. Los asalariados públicos también han mejorado sus nóminas en los últimos años de una manera sensiblemente superior a la de los privados. Así, en los últimos seis años, entre 2015 y 2020, los funcionarios reciben de media una cifra superior a 300 euros más en sus nóminas, mientras que en el sector privado la mejora no ha llegado a 100 euros.
La cifra inicial que el Gobierno puso sobre la mesa fue subir un 2% el salario a los empleados públicos. Era finales de abril, cuando el Ejecutivo tuvo que enviar a Bruselas el Programa de Estabilidad. Entonces se preveía un incremento de las pensiones del 6%. Pero se trata de cifras desfasadas ya que, según las últimas estimaciones de Economía, las pensiones subirán en torno al citado 7,8% a final de año. Fuentes extraoficiales apuntan que el Gobierno estaría dispuesto a mejorar al salario de los funcionarios en un 3% a lo largo de 2023 y a comprometerse a nuevas subidas a lo largo de los próximos dos años.
Lo ideal para el Gobierno, y es lo que va a buscar a la vuelta de las vacaciones de agosto, sería llegar al ansiado Pacto de Rentas. Es decir, que varios actores se implicaran en una moderación salarias, desde la patronal a los sindicatos, desde el sector público al privado. Pero en el propio Ejecutivo son conscientes de lo complicado de un acuerdo de este tipo en pleno periodo preelectoral y con la inflación sin haber tocado techo, tal y como reconoció Calviño esta misma semana. En este momento ese pacto es una utopía.
Los funcionarios ya se están posicionando de cara a esa negociación que María Jesús Montero abrirá a la vuelta de vacaciones para intentar pactar una mejora salarial. El objetivo de los representantes de los trabajadores es incluir una cláusula de revisión, que se adaptaría al alza y a la baja en concordancia con la evolución de la inflación. Además, consideran que el incremento salarial debe ir acompañado de la estabilización de los puestos de trabajo y de la recuperación de derechos laborales.
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