El comisario jubilado José Manuel Villarejo trabajó para una multitud de clientes tanto particulares como empresas, entre ellas algunas compañías del Ibex 35 que ahora se han visto salpicadas y están siendo investigadas en la Audiencia Nacional por delitos de cohecho y revelación de secretos, entre otros, por la comisión de presuntas irregularidades en la contratación del expolicía. El agente encubierto, que en la época en la que prestó sus servicios de investigación se encontraba en activo como policía, ofreció a través de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt, sus trabajos de seguridad privada o de inteligencia corporativa englobados en funciones de consultoría legal, para lo cual no existe tantos obstáculos legales.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, imputó el pasado 8 de julio a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas para esclarecer si las medidas internas para la prevención de comisión de delitos no funcionaron a la hora de contratar a las empresas de Villarejo. En su auto, aseguró que, según la información policial recaba en otra de las líneas de investigación de la macrocausa 'Tándem', Cenyt no estaba habilitada para prestar servicios de seguridad privada, por lo que reprochó a ambas compañías que sus entonces jefes de Seguridad no hubieran comprobado este extremo.
Según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por La Información, esta observación realizada por el magistrado instructor no es del todo correcta, ya que existe numerosa documentación que constataría que Cenyt prestaría unos servicios de consultoría que puede ofrecer cualquier despacho de abogados. Cabe recordar que dentro del entramado empresarial de Villarejo se encontraba el bufete Stuart & McKenzie, cuyos trabajos también están siendo investigados en el marco del caso 'Tándem', como en la pieza relacionada con el intento de frustrar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez-Maura.
Asimismo, estas fuentes subrayan que toda la información sobre el grupo empresarial del agente encubierto era pública y se encontraba disponible en el registro mercantil, así como que el funcionamiento y actividad de éstas no era anormal. En este sentido, destacan que el juez García Castellón ha recibido la información de la Tesorería de la Seguridad Social reclamada en el marco de la pieza 21 del caso, por la que se investiga a Repsol y CaixaBank, que confirmaría que Cenyt no solo eran Villarejo y su socio Rafael Redondo, sino que detrás había una plantilla de trabajadores contratados.
Repsol defiende la legalidad de los contratos
Esta tesis coincide con la expuesta este mismo lunes ante el juez instructor por la gerente de de Asuntos Penales y Prevención Legal en Repsol, María Díaz Aldao, que ha sido designada por la petrolera para ejercer su representación en la causa 'Tándem'. A lo largo de más de dos horas, la representante no solo se ha limitado a defender la legalidad de la contratación con Cenyt, sino que ha cuestionado las principales líneas del auto de imputación. Así, ha destacado que, a través del departamento de Seguridad, se contrató a dicho entramado empresarial para labores de inteligencia corporativa y no para trabajos de seguridad privada, como relata el magistrado en su resolución. De este modo, ha enmendado uno de los argumentos esgrimidos para justificar la investigación de la petrolera y de la entidad financiera, como es que las empresas no hubieran comprobado qué servicios específicos podía realizar las sociedades de Villarejo.
La representante de Repsol ha hecho hincapié en que en 2011, cuando se contrató a Villarejo para llevar a cabo lo que el comisario jubilado denominó 'Proyecto Wine', no se encontraba en vigor la actual Ley de Seguridad Privada -que entró en vigor en 2014-, si no una normativa de los años noventa que en ningún caso contemplaba que las empresas de inteligencia o de asesoría tuvieran que estar registradas para dicho cometido, según han relatado fuentes jurídicas presentes en la declaración. Tampoco la norma actual lo prevé, ha añadido Díaz Aldao, que ha aprovechado su comparecencia para precisar que no se contrató en exclusiva con Villarejo, sino a Cenyt a la vista de que tenía cierto reconocido prestigio por otras empresas del Ibex 35, que ya habían tenido contactos previos con el comisario jubilado, y algunas de las cuales están también imputadas en esta macrocausa, como BBVA o Iberdrola -en este último caso, la filial Iberdrola Renovables Energía-.
En esta línea, ha negado que en el encargo a la empresa del agente encubierto se contemplara cualquier intento de obtener datos de personas físicas o vulneración de derechos. Es más, ha asegurado que en ninguno de los documentos entregados a Repsol había ni un solo indicio de que la información se hubiese obtenido a partir de actuaciones ilícitas, sino que todo fue recopilado a través de fuentes públicas. Repsol y CaixaBank están investigadas como personas jurídicas por las contratación de las presuntas labores de espionaje de Villarejo para intentar frenar el impacto que podría haber tenido la alianza suscrita entre Sacyr y la mexicana Pemex para hacerse con el control del Consejo de Administración de la petrolera española. Según consta en el sumario de la causa, para llevar a cabo estos trabajos el comisario jubilado habría interceptado llamadas y recabado datos personales del expresidente de la constructora Luis del Rivero y su entorno personal y familiar.
Niega irregularidades
En este punto, la representante de Repsol, que ha insistido en que la empresa nunca tuvo conocimiento de este tipo de datos personales, ha reconocido que uno de los objetivos en la contratación de Cenyt era que ésta no fuera fichada por Sacyr para que la usaran en su contra. Con todo ello, la gerente de de Asuntos Penales y Prevención Legal ha repetido lo que ya manifestó como testigo la responsable de Auditoría Interna de la petrolera el pasado 24 de junio sobre que no hubo ningún tipo de irregularidad ni intento de ocultación en la contratación de Villarejo. Tampoco fraccionamiento de facturas, como sospechó la Fiscalía Anticorrupción, ya que los cuatro pagos que se realizaron al comisario jubilado por sus labores correspondían a distintos encargos puntuales, y no a un único trabajo con el mismo objeto.
Así, Díaz Aldao ha pasado a desmontar un segundo razonamiento expuesto en el auto de imputación: la falta de comprobación de si el comisario jubilado seguía en activo en la Policía a la hora de requerir sus servicios. Según han señalado las fuentes jurídicas presentes en su declaración, la representante de Repsol ha afirmado que el que fuera director de Seguridad, Rafael Araujo -que en su anterior etapa profesional fue comisario-, estaba convencido de que el dueño de Cenyt se encontraba en situación de excedencia en el Cuerpo Nacional de Policía. Aún así, ha recalcado que esta diligencia de verificación no es tan sencilla de realizar como plantea el magistrado, pues la información sobre la identificación personal de cada policía en el escalafón consta en un anexo a la orden ministerial que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyos datos no son de acceso público.
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