El juez mantiene Tándem congelado hasta que la Sala avale sus decisiones

Las piezas separadas del caso ‘Tándem’ sobre las contrataciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte de grandes empresas del Ibex 35 llevan desde el verano congeladas, sin que se realicen grandes movimientos. Ello se debe a que prácticamente todas las decisiones que adoptó entonces el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón con respecto a investigados en los procedimientos vinculados a BBVA, Iberdrola, Repsol o CaixaBank han sido recurridas ante la Sala de lo Penal, por lo que ahora el magistrado no tiene mucho margen de maniobra hasta que la instancia superior avale sus resoluciones.

Una de las líneas de investigación que se encuentra pendiente de que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal resuelva los recursos interpuestos es la decimoséptima, relacionada con los pagos que Iberdrola habría hecho a Villarejo para presuntamente espiar a empresarios de la competencia o grupos ecologistas para proteger sus intereses. De hecho, los magistrados han señalado el próximo 5 de junio para deliberación y fallo del escrito presentado por el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, que lucha por conseguir que el juez instructor deje de vincularle con la filial Iberdrola Renovables Energía, alegando que “jamás” ha ocupado cargo alguno en su Consejo de Administración. Precisamente, otro de los recursos que la Sala estudiará es el de esta empresa contra su imputación por el abono de una factura emitida por Cenyt por el denominado ‘proyecto Wind’, que tenía por objeto obtener información de la empresa suiza Eólica Dobrogea, con la que la compañía de renovables se alió para acometer un proyecto en Rumanía.

Además, la Sección Tercera también revisará la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de excluir a la propia Iberdrola como perjudicada del caso ‘Tándem’ tras archivar la querella que interpuso contra el que fuera su director de Control Corporativo José Antonio del Olmo por la elaboración de un informe, que se aportó a la macrocausa sobre Villarejo, en el que se apuntaba a Sánchez Galán como conocedor del abono de los servicios prestados por el comisario jubilado. Se da la circunstancia de que el magistrado García Castellón está a la espera de que se resuelvan todas estas cuestiones para poder interrogar tanto al presidente de la eléctrica como a su equipo directivo en el momento de la contratación del comisario jubilado, pues el pasado mes de julio suspendió ‘sine die’ sus declaraciones, después de que la empresa y su máximo responsable solicitaran la nulidad de parte de la investigación, pretensión que fue rechazada en un primer momento por el juez, pero que aún sigue en juego en la Sala de lo Penal.

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Éstas no son las únicas resoluciones que se han puesto en cuestión y que han empantanado a recursos la Sección que preside el magistrado Alfonso Guevara. Las partes personadas en la treintena de piezas que conforman la macrocausa, incluida la Fiscalía Anticorrupción, han impugnado en los últimos meses muchos de los autos del juez que instruye el caso, como los dictados el pasado mes de julio, justo antes del parón de la actividad judicial en agosto, mes inhábil para todas aquellas actuaciones que no tienen carácter de urgencia. García Castellón pisó el acelerador de la investigación y dejó varias líneas listas para llevar a juicio.

Así, puso fin a la instrucción y propuso juzgar a Villarejo; a su socio en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo; a mandos policiales y a jefes de Seguridad de las empresas contratantes o personas vinculadas a estas labores por espionaje a un empresario de Marbella (pieza 8); por la investigación al árbitro que falló a favor de Kiss Fm en el laudo que mantuvo con el Grupo Planeta (pieza 12); por la elaboración de un informe de solvencia patrimonial de un expresidente de Mutua Madrileña (pieza 15); por el presunto “hostigamiento” a la dermatóloga Elisa Pinto, quien tenían un conflicto personal con el exconsejero de OHL Javier López Madrid (pieza 24). 

A todo ello se suma el cierre de la investigación de la operación denominada ‘Kitchen’, el operativo parapolicial urdido en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas la información comprometedora para la formación política, que ha concluido con la propuesta de enviar a juicio también al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; al que fuera su ‘número dos’, Francisco Martínez; y a la entonces cúpula policial liderada por el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino. Tanto los procesados, como Anticorrupción y el propio perjudicado han reclamado la reapertura de la investigación al considerar que aún quedan diligencias por practicar.

Cierre "en falso"

Y no ha sido la única vez que el Ministerio Público ha reprochado al magistrado instructor el cierre “en falso” y de manera “precipitada” de una de las piezas separadas del caso 'Tándem', pues así lo ha hecho en su recurso contra el fin de la pieza 21, sobre la contratación de Villarejo por parte de Repsol y CaixaBank para que frenara el pacto sindicado que alcanzó Sacyr Vallehermoso con Pemex para hacerse con el control de la petrolera española (‘proyecto Wine’). Así, por un lado, los fiscales y la acusación particular, ejercida por el expresidente de la constructora Luis del Rivero, se han opuesto al archivo de las actuaciones, acordado a finales de julio, para ambas empresas del Ibex, así como para sus líderes; y, por otro lado, el término de este procedimiento dos meses después, ciñendo la responsabilidad de los ‘negocios’ con el agente encubierto a los que fueran jefe de Seguridad de ambas compañías, quienes también han interpuesto sus respectivos recursos.

Según han informado fuentes jurídicas a La Información, la Sala aún no ha señalado en el calendario cuándo se detendrá en este asunto, pues además de los recursos por el caso ‘Tándem’ tiene en cola los presentados en el marco de otras investigaciones, así como el enjuiciamiento de otros procedimientos. Precisamente, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal es la que en las últimas semanas ha estado vigilante de los últimos pasos que ha dado el exmilitar venezolano Hugo Carvajal, más conocido como ‘El Pollo’, para poder frenar su proceso de extradición a Estados Unidos. Los magistrados de este tribunal han sido los encargados de reactivar, y después paralizar temporalmente, la entrega del que fuera jefe de los servicios de espionaje militar de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que ha estado dos años en paradero desconocido.

Evitar el "daño reputacional"

Por su parte, fuentes del entorno empresarial señalan que confiaban en que los recursos relacionados con el ‘proyecto Wine’ se hubiesen analizado con premura, al considerar que éstos guardan aspectos de gran relevancia para el futuro de aquellas líneas de investigación que afectan a grandes compañías españolas y a sus directivos. Y es que los argumentos plasmados en el auto de desimputación de los primeros espadas de Repsol y CaixaBank -para evitar causar un mayor “daño reputacional” tras comprobar su escasa participación en la contratación del agente encubierto- han sido acogidos con gran interés por los equipos jurídicos y defensas de otras cotizadas y sus responsables salpicados por la macrocausa, que estudian cómo hacerlos suyos y cómo conseguir que el juez instructor use este criterio también a su favor.

Por el momento, la Sala ya ha ido resolviendo varias cuestiones planteadas en el marco de la décima pieza separada del caso ‘Tándem’, centrada en el robo de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Asimismo, también ha solventando algunas de las dudas planteadas por las partes personadas en la pieza 9 de la macrocausa, la relativa a los servicios que Villarejo prestó para BBVA durante una década, pues en la última semana ha desestimado el recurso de una de las acusaciones, al que se adhirió Anticorrupción, sobre el acceso al ‘forensic’ que PwC hizo para el banco. Cabe recordar que el expresidente de la entidad financiera Francisco González también ha elevado a la Sala su reciente imputación por el delito de administración desleal por el presunto uso de recursos del banco para fines personales, otras de las decisiones que el juez instructor adoptó el pasado mes de julio.