El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no podrá investigar al expresidente de BBVA Francisco González por el delito de administración desleal. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la defensa del que fuera máximo responsable de la entidad financiera contra la ampliación de su imputación en el caso 'Tándem' por este ilícito penal tras las sospechas de la Fiscalía Anticorrupción de haber utilizado los recursos del banco para su "uso exclusivamente personal" para la valoración de una finca que estudiaba adquirir a título propio.
En un auto con fecha de este miércoles, al que ha tenido acceso La Información, los magistrados de la Sala de lo Penal revocan la decisión adoptada el pasado mes de julio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, y confirmada por él mismo el pasado mes de septiembre. La defensa de González ha insistido en todo momento en que no se dan los requisitos necesarios para investigar un delito de administración desleal, como es la existencia de una denuncia previa de la entidad como ofendida o perjudicada en relación a la valoración de una finca en El Escorial. De hecho, el expresidente aseguró en todos sus recursos que requirió la valoración registral de dicho terreno para "salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio" de la entidad que entonces lideraba.
Tras analizar los autos de imputación, sus respectivos recursos, así como las alegaciones del Ministerio Público, que acusó a González de confundir los intereses del banco con los suyos, la Sala da la razón al expresidente del banco. En su resolución, los magistrados de la Sección Tercera explican que en la normativa vigente en el momento de los hechos -el Código Penal se modificó en 2015-se recoge que para la "perseguibilidad" del delito de administración desleal era necesaria la "denuncia de la persona agraviada o de su representante legal", o del Ministerio Público "en los casos de personas agraviadas menores, discapacitadas con necesidad de especial protección o desvalidas, excluyéndose esa necesidad de denuncia cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas".
Precisamente por este último supuesto, el magistrado instructor, defendió que no era necesaria la denuncia, ya que BBVA es "una entidad bancaria de gran relevancia, que cotiza en el Ibex 35, con una multitud de accionistas, y que es uno de los principales bancos de este país", por lo que el "riesgo reputaciones que conlleva la conducta" investigada afectaba "de modo directo a los intereses de los accionistas y al interés general". No obstante, la Sala de lo Penal considera que esta "excepción a la exigencia" de una denuncia no tiene un "alcance tan amplio" como expone el juez García Castellón en el auto por el que acordó mantener imputado a González por administración desleal. Cabe recordar que el expresidente BBVA lleva imputado en la novena pieza del caso 'Tándem' desde 2019 por los delitos delitos de cohecho y revelación de secretos.
La Sala afirma que "con los datos en este momento disponibles", no se puede descartar la posibilidad de que el requerimiento de información realizado por González para valorar una finca encaje en el delito de administración desleal. Aún así, los magistrados subrayan que de resultar acreditada la existencia del mencionado delito, el hecho de que BBVA sea una de las principales entidades bancarias del país y su gran número de accionistas "no implica que exista una afectación de los intereses generales o de una pluralidad de personas" y, además, tendría "una repercusión nimia en el patrimonio de la sociedad (...) o para la economía en general".
"Instrucciones" sobre la finca
La petición de información sobre el inmueble salió a relucir en el interrogatorio de otro de los investigados en la novena pieza del caso 'Tándem', el que fuera director de Riesgos de BBVA Antonio Béjar. El exdirectivo señaló que el actual jefe de auditoría interna y otrora 'mano derecha' del expresidente, Joaquín Gortari, le habría dado "instrucciones precisas" para que "los detectives esos" que trabajaban para el banco, en referencia a Cenyt -el entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo-, investigaran la situación jurídica del propietario de dicha finca.
Gortari acudió a sede judicial como investigado el pasado 15 de julio y, tras ser preguntado al respecto, precisó que, aunque no era habitual que los empleados del banco solicitaran a la propia entidad obtener ese tipo de información para cuestiones personales, el expresidente de BBVA sí lo hizo para evitar cualquier conflicto de intereses o riesgo reputacional para la empresa, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración. En este sentido, indicó que únicamente pidió información a Béjar, como responsable del área inmobiliaria, y en interés del banco, pero que nunca exigió un informe al respecto. Cabe recordar que la entidad financiera archivó el expediente que abrió al que fuera 'número dos' de González al no encontrar ninguna irregularidad en esta gestión.
La Sala de lo Penal recuerda que el caso 'Tándem' se centra en investigar las presuntas irregularidades cometidas por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de sus trabajos privados, al ser contratado por grandes compañías, algunas del Ibex 35, a través de su entramado empresarial, el Grupo Cenyt. En concreto, la novena línea de investigación de la macrocausa versa sobre la contratación que hizo el BBVA de estas empresas entre 2004 y 2017 y por las que abonó 10,2 millones de euros. Teniendo este contexto fijado, la Sección Tercera considera que los hechos relacionados con la posible administración desleal no tienen ninguna conexidad con la trama principal, ya que sucedieron "al margen" de la "organización criminal" liderada por el agente encubierto y desarrollados por "personas ajenas a esta". Por ello entiende, que, en su caso, la competencia para investigar si se cometió un delito no la tiene la Audiencia Nacional.
Más exdirectivos piden declarar
Este último auto de la Audiencia Nacional supone una buena noticia para González, que en los últimos días ha visto como dos de sus exdirectivos le cargaban con la responsabilidad de contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Así lo hicieron el exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano y el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano en sus declaraciones este martes ante el juez, en las que señalaron que el expresidente pidió contratar una empresa que pudiera frenar el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control del consejo de administración de la entidad en 2004. Ambos comparecieron dos años después de que en su primera citación se acogieran a su derecho a no declarar, alegando entonces que las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario.
Tras estos dos exdirectivos también lo solicitó Eduardo Arbizu, responsable de Regulación y Control Interno de BBVA hasta el día después de que la entidad fuera imputada como persona jurídica en el caso 'Tándem', cuya citación está aún pendiente de fijarse. Asimismo, otros altos cargos de la entidad que también guardaron silencio en 2019 han seguido esta estrategia y han solicitado ya su declaración voluntaria. Se trata de Eduardo Ortega, exjefe de los servicios jurídicos del banco; Ricardo Gómez Barredo, exresponsable del Departamento de Contabilidad y Supervisión; José María García Crespo, exdirector de los servicios jurídicos del banco en España y Portugal entre 2006 y 2013; y Javier Malagón, exjefe de Finanzas, según los escritos a los que ha tenido acceso La Información.
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