La oposición abandonaba la Asamblea de Madrid el 11 de noviembre de 2021 en señal de protesta por la expulsión de la diputada socialista Carmen López, que aprovechó una de sus intervenciones para acusar al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresas hay que contratar". Así expresaba la representante del PSOE el runrún que existía entonces en los pasillos del parlamento regional y que perduran en el día de hoy. Tanto es así que los partidos de la bancada contraria han llevado ante la Fiscalía Anticorrupción sus sospechas de irregularidades en diversos contratos públicos, solicitando que se investiguen desde los vuelos en los que llegaron mascarillas en la primera ola de la pandemia hasta el equipamiento de la sala de prensa del Hospital Isabel Zendal, construido en tiempo récord para hacer frente a la crisis sanitaria.
La crisis interna del PP por el intento de espionaje al entorno más cercano de Díaz Ayuso ha servido a PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid para denunciar la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios en relación a la adjudicación de un contrato firmado el 1 de abril de 2020 por el importe de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FPP2 y FPP3 a Priviet Sportive SL, empresa administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta regional. Una licitación en la que el Tomás Díaz Ayuso habría intervenido y habría cobrado una comisión, cuya cuantía se precisa clarificar.
Desde Génova, se apunta a que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid habría percibido unos 280.000 euros de comisión. Sin embargo, Díaz Ayuso corrigió esta afirmación y admitió que su familiar giró el 30 de junio del 2020 una factura de 55.850 euros más IVA a Priviet Sportive SL por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid, negando que tuviera el carácter de comisión. No obstante, mencionó la existencia de otras tres facturas relativas a esta relación comercial, pero eludió dar explicaciones, invocando el "derecho a la privacidad" de su hermano. Estas declaraciones han servido a la oposición para armar varios escritos y poner el asunto en manos del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha decidido abrir diligencias de investigación para "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos", sin dirigirse inicialmente contra ninguna persona física o jurídica y descartando, por el momento, indicios contra la presidenta de Madrid.
Pero los partidos de la izquierda no se han quedado de brazos cruzados y este miércoles han vuelto acudir hasta la sede de Anticorrupción para ampliar sus denuncias y presentar más documentación sobre el supuesto daño patrimonial provocado a la Comunidad de Madrid en relación a otros contratos, algunos vinculados a Tomás Díaz Ayuso. Así, por un lado, siguiendo con el asunto de las mascarillas, PSOE pide que se indague en los aviones fletados por la administración madrileña para traer material sanitario desde China, al no encontrar rastro "en ninguno de los documentos que se dispone los vuelos donde se traía el material objeto del contrato y entregado por Priviet, desde su destino, que se supone China".
Mascarillas más caras
Según señala el escrito de los socialistas, solo consta dicho material en los albaranes de recogida en el Aeropuerto de Barajas por la empresa Procoex Transitarios para su traslado al pabellón 10 de Ifema, que sirvió de almacén de material sanitario para su posterior reparto a hospitales madrileños. Añade que ninguna de las mascarillas entregadas a la Comunidad de Madrid por la empresa del amigo de la familia de Ayuso correspondían al modelo FPP3 y que, aunque los documentos de entrega de la mercancía se identifican como FPP2 o KN95, el "único indicio" que hace suponer que las mascarillas eran del segundo tipo es porque el dueño de Priviet, a través de otras de sus empresas, regaló 400 de esas mascarillas al Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada.
Las sospechas de ilegalidad no se quedan aquí, pues los socialistas también hacen referencia a que, pese a que el interés de comprar las mascarillas en el mercado chino era que valían 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5 euros, el importe que finalmente se pagó "doblaba" el coste con respecto al material adquirido dos semanas después. Por su parte, Más Madrid también refleja estos hechos en su escrito, en el que además cuestiona cómo Priviet Sportive fue la empresa seleccionada para la adjudicación directa por el trámite de urgencia, que permite eludir sacar el contrato a concurso público para acelerar los trámites. "Cabe preguntarse cómo una empresa sin experiencia previa ni contratos previos con la administración actuante accedió a dicho llamamiento unilateral del Servicio Madrileño de Salud, que cuenta con una dilatada cartera de proveedores previos".
"Fraccionamiento" y "sobrecostes"
Las mascarillas y cómo llegaron a Madrid no es la única cuestión que el partido liderado por Mónica García y Unidas Podemos llevan ante la Fiscalía Anticorrupción. Ambas formaciones políticas aseguran que Tomás Díaz Ayuso también "aparece implicado en una pluralidad de contratos de la Administración Pública madrileña", y que en algunos de ellos se habría llevado a cabo el "fraccionamiento" de facturas para poder enmascararlos en contratos menores -no superan los 15.000 euros para suministros y servicios- y, por tanto, también permite saltarse los trámites exigidos por ley de concurso público y la posibilidad de que varias empresas presenten ofertas.
Así, ponen especial interés en varios de los que Artesolar Iluminación S.L. firmaron con el Hospital Ramón y Cajal con importes similares y todos ellos bajo el concepto "Lámpara", destacando que dos de ellos se celebraron el 4 y 5 de marzo de 2020, con solo un día de diferencia. "En su conjunto facturó al Servicio Madrileño de Salud 57.324,96 con IVA por el mismo concepto en un plazo de 10 meses", resume Más Madrid, siendo la mayoría de las facturas ya bajo el mandato de Díaz Ayuso. En las últimas horas, esta empresa se ha desvinculado del hermano de la presidenta regional mediante un comunicado, en el que ha asegurado que éste "ha venido colaborando" como colaborador externo "en algunos proyectos". De hecho, ha informado de que Tomás Díaz Ayuso nunca ha formado parte de la plantilla y ha desmentido que ocupara el puesto de 'Proyect Development Manager', pues es un cargo que "nunca ha existido" en la firma.
Por último, para tratar de demostrar que hubo una "completa falta de control sobre la contratación de emergencia realizada por la Comunidad de Madrid", Más Madrid también ha denunciado la adjudicación el 16 de noviembre de 2020 por el Servicio Madrileño de Salud a El Corte Inglés por el importe de 369.759,83 euros para el "suministro de equipamiento de Sala de Prensa para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal". De acuerdo con la denuncia, en este contrato también hubo "sobrecostes" con la adquisición de equipos de iluminación y audiovisuales, debido a que "en todos los casos los costes son mucho más elevados en el contrato adjudicado que la compra minorista vía página web". En este sentido, la formación política cuestiona qué relación tiene el montaje de una sala de estas característica con la actividad principal del centro sanitario para poder justificar la urgencia con la que se tramitó dicho contrato.
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