Entre abril de 2001 y agosto de 2002 las empresas de la red Gürtel obsequiaron al que fuera dircom de Aena, Ángel López de la Mota, y a su subordinado José María Gavarí, con una serie de viajes a las Islas Baleares, Canarias o Eurodisney en agradecimiento a las adjudicaciones que desde el ente se facilitaron a mercantiles del entramado de Francisco Correa. Tanto es así que las 'dádivas' que recibieron los ahora condenados incluyeron alquileres de vehículos y el pago de las reformas de un ático de Villaviciosa de Odón (Madrid).
La participación de López de la Mota en estos amaños no se limitaba únicamente en facilitar la entrada de las empresas de Correa en las licitaciones de Aena sino también en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas por las que se regía la contratación de los distintos expedientes. De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Nacional que recoge las condenas de Correa el contable de la red José Luis Izquierdo y los dos cargos del ente, se amañaron un total de 22 contratos, entre ellos los relacionados con Fitur 2001 y 2002, Expo Ocio 2002 o el montaje de stands en ferias de Barcelona, Londres, Valladolid o Madrid.
La resolución de la Audiencia Nacional otorga un papel determinado para cada uno de los actores de esta parte de la trama que se juzgó en la Audiencia Nacional entre los meses de diciembre y febrero. Aunque los acusados negaron los hechos -a excepción de Correa- los magistrados determinan que los amaños comenzaron con la designación de López de la Mota como director de Comunicación de Aena. No obstante, los acusados se conocieron mucho antes, en concreto, tras haber trabajado en la oficina de prensa del Partido Popular.
López de la Mota y el también extrabajador de Aena, José María Gavarri, coincidieron en la formación popular y fue ahí cuando entablaron amistad con Correa. En lo que respecta a Izquierdo, los magistrados le describen como el gestor que controlaba el envío y destino de todos los fondos del grupo que no se declararon a Hacienda. Entre ellos destaca 'La caja X Pc' que se nutría del traspaso de comisiones, anotaciones manuscritas y falsa facturación, según recoge la sentencia que se basa en la cantidad de documentación que se incautaron de los condenados.
En lo que respecta a las irregularidades de la contratación, el tribunal detalla que se apoyaron "de forma indebida y torticera" en presuntas razones de urgencia, según consta en los expedientes. Ello provocaba que la contratación se efectuara de manera directa y sin publicidad. De este modo, las empresas del grupo como Special Events, Pasadena o TCM, conseguían las licitaciones con marcas que a veces superaban los 80 puntos sobre 100 y ello pese a que el presupuesto de licitación en algunos casos excedía los 150.000 euros.
Según el tribunal, las razones con las que justificaban la tramitación de urgencia de estos contratos no llegaron a quedar lo suficientemente acreditadas por lo que el procedimiento debería haber seguido su cauce normal; esto es, la tramitación mediante concurso. Con todo, los pliegos elaborados por los condenados establecían conceptos genéricos y sin baremar de cara a facilitar la adjudicación a las empresas del grupo de Correa. De hecho, se da el caso que, en lo que respecta a la adjudicación de Expo Ocio 2002, ésta se aprobó después de la celebración de la feria, que se celebró en marzo de ese año.
Adjudicación 'a posteriori'
Esto quiere decir que Special Events prestó los servicios de ese contrato antes de su formal adjudicación, incumpliendo las normas y principios que rigen en la contratación administrativa. Los condenados, que suman penas que van desde los seis años de cárcel en el caso de Correa hasta los tres para Izquierdo, negaron cualquier irregularidad en estas licitaciones. López de la Mota, por su parte, manifestó durante la vista oral que él nunca dio indicaciones para otorgar una mayor puntuación a una determinada empresa.
Correa se desmarcó del resto de acusados y reconoció los hechos que le imputaba el Ministerio Fiscal ya al final del juicio. Por ese motivo el tribunal ha decidido no aplicar la atenuante de confesión razonando que no hizo ninguna aportación de relevancia para el avance de esta pieza de la red. Con todo, se trata de la tercera condena de la Audiencia Nacional para las actividades de la red puesto que la primera fue la relativa a la etapa I y la segunda la relacionada con las actividades del grupo en Valencia. Por su implicación en ambos casos el empresario sumó 57 años de prisión. El próximo juicio de la trama es el que arranca el próximo lunes relativo a la pieza de Jerez mientras que en una de las partes más destacadas, la relativa al 'pelotazo' de Arganda, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 29 años de cárcel, tal y como adelantó La Información.
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