El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado positivo en covid y no podrá presentar este miércoles la Memoria de la Fiscalía en el acto de apertura del año judicial que presidirá el rey en la sede del Tribunal Supremo este mediodía. Álvaro García Ortiz, que tomó posesión de su cargo el lunes pasado, será sustituido en el acto de apertura del año judicial por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. García Ortiz tiene síntomas leves y se encuentra bien, ha informado la Fiscalía General del Estado.
Amenaza de bloqueo en la renovación
El rey Felipe VI preside la apertura del año judicial más tenso que se recuerda no ya por los casi cuatro años de bloqueo del CGPJ sino por la polémica en torno a la renovación del Tribunal Constitucional, con la amenaza de un boicot del bloque conservador, que en las últimas horas se ha abierto al consenso pero exigiendo unas condiciones. El Supremo acogerá el acto protocolario de apertura del año judicial que congregará a la alta magistratura del país, que prestará gran atención a lo que tenga que decir el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes -es su noveno discurso- respecto del futuro inmediato del Constitucional.
A día de hoy este asunto acapara todo el interés mediático por las negociaciones contrarreloj a favor y en contra de la designación de los dos magistrados para el TC que por turno corresponden. Desde este lunes, los contactos se suceden a un ritmo frenético con intereses contrapuestos entre dos sectores del órgano de gobierno de los jueces de cara al pleno extraordinario de mañana, consagrado al TC, según fuentes de Efe.
Por un lado, el bloque progresista trabaja para lograr un consenso que saque adelante los nombramientos, en línea con lo manifestado públicamente por Lesmes, si no es este jueves si antes del 13 de septiembre, que es la fecha límite que marca la ley. Este grupo sostiene que los vocales están vinculados por ley y que no pueden hacer oposición al Gobierno ni al Parlamento, por mucho que se pueda discrepar con la reforma aprobada por el Congreso que devuelve las competencias al Consejo para nombrar a los magistrados del TC. Lesmes, muy crítico con el texto, avala esta tesis por lealtad institucional y para evitar un choque de trenes que salpique a las instituciones del Estado implicadas. Su estrategia pasa por conseguir, al menos, la mayoría que avaló recientemente a Álvaro García Ortiz como fiscal general el Estado, esto es, sumar los 12 votos que permiten renovar el tribunal de garantías.
Por otro lado, están los críticos. Son los vocales que se opusieron al nombramiento de García Ortiz y que buscan sumar fuerzas para bloquear la renovación del Constitucional. Sigue el enfado entre estos vocales por la reforma impulsada por Moncloa que devolvió las competencias para nombrar a magistrados del TC pero no del Supremo. Sin embargo, en las últimas horas el escenario ha dado un vuelco. Tras una reunión que ha terminado al filo de la medianoche, los vocales del bloque conservador han dado un paso atrás apostando ahora por consensuar un acuerdo para los nombramientos, siempre y cuando se pacten "unas reglas del juego" que otorguen tiempo al Consejo para un pacto en aras de la "institucionalidad".
"Después de un intenso debate, hemos concluido que nuestra postura pasa por defender en todo caso la institucionalidad, y que ello impone que lleguemos a acuerdos debidamente consensuados", han informado a Efe fuentes del bloque conservador. Ahora bien, las mismas fuentes precisan que "para llegar a esos consensos, es necesario establecer, como primer paso, las reglas de juego" sobre las que trabajar para alcanzar esos acuerdos. Solo "una vez establecidas, se generará el marco adecuado en el que resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo", añaden las fuentes.
Esto se traduce en que los vocales más conservadores se abren a negociar los nombres de los dos magistrados para el TC pero más allá del pleno extraordinario fijado para este jueves, lo que desliza la idea de que probablemente no se cumpla tampoco la fecha del 13 de septiembre que establece la ley para acordar los nombres. Su posición supone, además, una respuesta al Gobierno que no barajaba otro escenario que fuera cumplir con la legalidad vigente y acordar en el pleno de mañana los nombres de los magistrados.
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