Mario Conde y sus hijos piden al Estado 36 millones por sus detenciones en 2016

Mario Conde ha vuelto a la carga contra el Estado. El banquero y sus dos hijos han requerido al Ministerio de Justicia que se les indemnice con cerca de 36 millones de euros por la investigación que arrancó la Audiencia Nacional hace cuatro años. El órgano, bajo la batuta del magistrado Santiago Pedraz, impulsó un operativo en el marco del cual se le detuvo junto con su entorno más cercano acusado de repatriar 13 millones de euros desde Suiza. Tres años después, el órgano dio carpetazo definitivo a las pesquisas concluyendo que no cometió ni delito fiscal ni blanqueo, motivo por el cual su defensa pide ahora resarcimiento.

Así, pues, seis de las 15 personas implicadas en la bautizada como 'operación Fénix' solicitan una reclamación patrimonial al Estado de 49 millones de euros razonando que se cometieron un cúmulo de irregularidades desde el mismo momento de su arresto, en abril de 2016. La documentación remitida al ministro Juan Carlos Campo y a la que ha tenido acceso este diario recoge todas las filtraciones en prensa producidas desde sus detenciones. Su defensa letrada explica que las mismas derivaron en un daño reputacional "irreparable y perpetuo de casi imposible restauración en el futuro" puesto que el procedimiento penal acabó cerrándose primero por el instructor y luego por la Sala, pese al criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

De este modo, Conde es el que pide la indemnización más alta de 16 millones de euros mientras su hija Alejandra Conde Arroyo reclama 10,3 millones y su hijo Mario Conde Arroyo 9,5. Le sigue el abogado Javier de la Vega con 7,6 millones y Francisco Romero y Ronald Stanek, con 3,2 y 2,4 millones, respectivamente. Todos ellos forman parte del grueso de 17 personas que estuvieron bajo la lupa de la Justicia por integrar un presunto entramado para repatriar a España fondos, que según denunció el Ministerio Público, provenían del saqueo de Banesto. Tras más de dos años de diligencias y el peritaje encargado a la Agencia Tributaria, en octubre de 2018 Pedraz dio carpetazo a estas diligencias al no ver acreditados los delitos imputados. 

Mira también

Pedraz se niega a pedir a Hacienda que abra inspección tributaria a Mario Conde

"Detenidos ilegalmente"

Sin embargo, la defensa letrada del exbanquero y su familia denuncian un cúmulo de irregularidades que se habrían producido desde su detención el 11 de abril de 2016. Expone su defensa que los agentes de la UCO que llevaron a cabo la operación tenían autorización judicial para registrar sus domicilios pero no para arrestarles, por lo que todos ellos permanecieron dos días "detenidos ilegalmente" en las dependencias policiales donde, además, les interrogaron sin autorización antes de trasladarles a la Audiencia Nacional.

El grueso de esta reclamación patrimonial se sustenta en el tiempo de prisión provisional que cumplieron tras su detención y que se prolongó hasta mediados de junio, previo pago de las fianzas impuestas por Pedraz. Así, por ejemplo, Mario Conde abandonó Soto del Real el 17 de junio tras haber abonado una fianza de 300.000 euros. Su defensa explica que, durante todo ese tiempo, más el que se alargó la investigación, se les retuvo sus ganancias, se les prohibió disponer de sus viviendas, comercializar con sus inmuebles y gestionar sus fondos. El cómputo de estos perjuicios es lo que ahora reclaman a la Administración por su "anormal funcionamiento".

Así, por ejemplo, en el caso del abogado Javier de la Vega, su defensa cuantifica las medidas restrictivas de libertad en 306.000 euros. A ello añade los intereses que ha dejado de percibir tras prohibir el movimiento de fondos, los costes de su defensa legal y del procurador, los viajes ya comprados que no pudo realizar por su detención o la caída de ingresos profesionales y pérdidas de contratos, que cifra en poco más de 308.000 euros. Sin embargo, este monto total supone únicamente el 10% de la reclamación de 7,6 millones solicitada puesto que la cuantía restante (6,8 millones de euros) corresponde al daño moral derivado de esta investigación. Anticorrupción sostenía que Conde se valió de los servicios de De la Vega para dar cobertura legal a su complejo societario. 

Para ello el escrito hace hincapié en la mala imagen aparecida en prensa sobre Conde y su entorno ante la investigación por presunta integración en organización criminal. De hecho, expone que llama la atención que a primera hora del día en que fueron detenidos se produjo la filtración en prensa de esta información, la cual atribuye "sin ningún género de dudas y sin posibilidad de yerro" a los agentes de la UCO encargados del operativo o a la Fiscalía Anticorrupción. El nacimiento de estas pesquisas se debió a la interposición de una querella por parte del Ministerio Público después de que el Sepblac detectara transferencias de dinero desde el país helvético.

Mira también

La Audiencia Nacional da carpetazo a la causa contra Mario Conde por blanqueo

Filtraciones en prensa

Todo ello derivó en que los querellados y denunciados en este caso tuvieran conocimiento de su implicación tras la "masiva" filtración en prensa de la operación, siempre según el escrito, que denuncia además que el magistrado instructor publicó en sus redes sociales el auto sobre las medidas adoptadas para los ocho detenidos en esta operación. Ello provocó, según recalca, que las personas más anónimas implicadas en esta investigación y que tenían hasta entonces "nulo interés mediático" quedaran "nuevamente expuestas".  

"La inobservancia de sus obligaciones por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia permitió a los medios difundir las repetidas noticias relacionadas con el aquí peticionario, siendo de advertir que el grotesco espectáculo al que ha sido sometido el reclamante no entra dentro de los actos que tiene obligación de padecer", reza su defensa, que apela a su derecho a la intimidad. Desde el arranque de la instrucción, Mario Conde dejó claro que no repatrió dinero del extranjero y que no le podrían juzgar por estos hechos. Anticorrupción sostenía que se valió de sus hijos y les utilizó como testaferros para traer a España en los últimos 17 años toda la fortuna acumulada tras el desfalco de Banesto.

Las comisiones rogatorias libradas al país helvético y la investigación de Hacienda llevaron a Pedraz a concluir que ese dinero era previo a su etapa en Banesto. De hecho, dijo que provenía de la venta de Antibióticos S.A y del resultado de inversiones inmobiliarias en Londres y que el movimiento de fondos en las cuentas suizas data de principios de los noventa. Esto hizo decaer el delito de blanqueo y el de fraude fiscal teniendo en cuenta que algunos de los fondos aflorados venían de años "superprescritos", como dijo el perito de Hacienda en sede judicial. Precisamente su peritaje fue determinante para que el magistrado acabara acordando el cierre del caso.