"Hay que hacer un esfuerzo por abrir los centros educativos para impartir educación presencial. Tenemos que entender que es muy fácil proponer educación 'on line' para aquellos que tienen recursos adecuados para hacerla, pero no es lo mismo un niño que tiene su propia habitación, su propio ordenador y una buena conexión a wifi, que un niño que comparte habitación, que no tiene ordenador y que no tiene wifi". En uno de sus ya célebres 'paseos' por las materias que no son estrictamente de su competencia, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ilustró esta semana en apenas medio minuto uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sistema educativo público a apenas tres semanas de la fecha para la que estaba programada la ahora incierta 'vuelta al cole'.
No se puede decir que el asunto no estuviera identificado. El pasado 16 de junio el Consejo de Ministros anunció a bombo y plantillo, con intervención de la ministra de Educación, Isabel Celaá, incluida, la aprobación del programa 'Educa en Digital', cuyo objetivo era, básicamente' garantizar dispositivos y conectividad al alumnado de la enseñanza pública de cara al curso 2020-2021, mediante la inversión de 260 millones de euros en la adquisición de hasta 500.000 dispositivos electrónicos adaptados para contenidos educativos y en la habilitación de conexiones a internet al alumnado calificado como 'vulnerable' por no disponer de la misma.
En pleno camino hacia la 'nueva normalidad', el Gobierno se limitó a decir entonces que los dispositivos que se pretendían adquirir se pondrían a disposición de los centros educativos "durante el primer trimestre del curso". Han pasado dos meses, el 'primer trimestre' empieza en cosa de quince días y prácticamente no hay rastro del programa 'Educa en Digital' más allá de algunos convenios aislados firmados con comunidades autónomas como Navarra, Galicia o Andalucía y de las negociaciones abiertas con otras como Aragón. Red.es, la entidad dependiente del Ministerio de Economía que se encargará de gestionar los fondos europeos que 'alimentarán' esta iniciativa ni siquiera ha podido empezar a trabajar.
De los 260 millones de euros que el Gobierno comprometió en junio para habilitar la posibilidad de la enseñanza 'online' con carácter general en el ámbito de la educación pública y en especial en el segmento del alumnado más vulnerable, el de menor recursos, - 190 millones de euros de Fondos Feder y otros 70 millones de euros que aportarían las comunidades autónomas de sus propias arcas - todavía no se ha movido ni un solo euro cuando estamos en vísperas del inicio del curso escolar. Y la situación amenaza con prolongarse durante una temporada.
"El primer paso es que se firmen los convenios con todas las comunidades autónomas para clarificar las necesidades que existen y poder aplicar con cierto sentido los recursos disponibles, y en ello está el Ministerio de Educación. Cuando esa fase se haya completado podrán empezar a aplicarse los fondos. Ya se dijo que se haría a lo largo del primer trimestre del curso", aseguran fuentes gubernamentales. Se desconoce cuánto se prolongará ese proceso, aunque desde el Ministerio de Educación aseguran que se están acelerando los contactos, pero si se tienen en cuenta los tiempos habituales en los procedimientos de contratación pública es difícil pensar en que las ambiciosas actuaciones que se planteaba el programa puedan ser una realidad antes del mes de noviembre, según advierten fuentes de las comunidades autónomas.
El problema de la brecha digital
El proyecto no sólo aspira a proporcionar cientos de miles de dispositivos a los centros de enseñanza pública que los necesitaran o a proporcionar una conexión a internet al alumnado sin acceso a la red, sino que también pretende financiar la creación de plataformas digitales de asistencia al profesorado para "establecer itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis individualizado de su evolución".
El 'timing' del proyecto, sin embargo, no termina de cuadrar con las necesidades reales del sistema educativo. Los sindicatos ya advirtieron en mayo y junio que la 'brecha digital' que deja a miles de alumnos al margen de la posibilidad de recibir clases a distancia era uno de los principales problemas que había que solucionar. La intensificación de los rebrotes en las últimas semanas y las dudas que se han empezado a sembrar desde algunas consejerías y también desde el profesorado sobre lo inoportuno de reabrir los colegios a la actividad presencial en estas condiciones han devuelto la opción de las clases a distancia al escritorio de las prioridades.
La Plataforma por la Escuela Pública de la Comunidad de Madrid advertía en un comunicado difundido este viernes que la vuelta presencial a las aulas sólo se producirá si existen las garantías sanitarias para ello e instaba a la Comunidad de Madrid a abordar la 'brecha digital' con sus propios fondos presupuestarios y con "los fondos que van a llegar del Estado para invertir en Educación". De momento, los de los programas que más urgen, el PROA para financiar la adaptación de los centros escolares a las necesidades específicas generadas por la Covid-19 y los del programa 'Educa en Digital' para cerrar esa dañina 'brecha digital' aún están en camino, mientras que el grueso de los 2.000 millones de euros prometidos por el Gobierno no llegarán hasta el mes de noviembre...
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios