El alcance del inminente decreto de prohibición de los desahucios vuelve enfrentar a los dos partidos que componen el Gobierno de coalición. El PSOE se ha abierto a aprobar en Consejo de Ministros algunas medidas para acabar con los lanzamientos por parte de un juez pero Unidas Podemos pide ir más lejos y ha puesto sobre la mesa propuestas más exigentes en caso de que la vivienda sea propiedad de un banco y de un fondo de inversión. Los de Pablo Iglesias quieren, en este sentido, centrar el grueso de la medida en los llamados "grandes tenedores" y ofrecer otras soluciones a los dueños más modestos. Los socialistas replican, sin embargo, que cualquier decisión debe sustentarse en criterios de "seguridad jurídica" para todos los propietarios, ya sean grandes corporaciones o particulares con un único piso que utilizan esa renta para completar su sueldo o pensión. Las conversaciones, según coinciden ambas partes del Ejecutivo, se encuentran "atascadas". Mientras, UP ha querido tener un gesto retirando la enmienda junto a ERC y Bildu.
No está siendo una negociación sencilla. Unidas Podemos está jugando fuerte con sus propuestas y el Ministerio de Transportes, el responsable en materia de vivienda, no quiere tomar decisiones que puedan provocar problemas en un sector que aguarda también con expectación la nueva ley que se va a aprobar en Consejo de Ministros antes de que acabe el próximo mes de febrero. Será la próxima gran batalla de la coalición. Pero, en este momento, las negociaciones están empantanadas. Los equipos de David Lucas, secretario general de Agenda Urbana, e Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, han pasado el fin de semana intercambiando papeles. Son propuestas y contrapropuestas con puntos de fricción aún.
Hay varias disensiones entre PSOE y UP. En primer lugar, y probablemente esta sea la principal diferencia entre los socios, por la diferenciación entre los citados grandes propietarios y los tenedores más modestos. Para los de Pablo Iglesias es fundamental que cualquier tipo de ayuda, exención o, incluso, la participación directa del Estado a través del pago de una alternativa habitacional esté dirigida a los dueños de pisos modestos que complementan sus rentas con estos alquileres. En este sentido hay una discrepancia de fondo en las conversaciones: los morados quieren que los bancos y fondos de inversión ofrezcan soluciones a las familias vulnerables que no pueden pagar el alquiler, en el caso de que el piso vaya a quedar vacío. Una opción podría ser ofrecer a los afectados abonar un alquiler social, ejerciendo la entidad en cuestión en ese caso una especie de "responsabilidad social corporativa" en un momento crítico para los afectados por la crisis. El PSOE se resiste a establecer esta diferencia.
En las conversaciones entre socialistas y morados se ha hablado, asimismo, de que la administración puede ofrecer a la familia en riesgo de desahucio abonar un alquiler, ya sea en la vivienda en la que reside y que no puede pagar o en otra. Se trata del "Programa de ayudas al alquiler de vivienda" para sectores de población con escasos medios económicos que ofrece el pago de hasta 900 euros al mes durante cinco años. Sin embargo, en las mismas negociaciones se ha mencionado que este programa no es la solución para los casos de los grandes tenedores de vivienda y que el decreto debería diferenciarlos del resto de propietarios más modestos. También se ha propuesto la solución habitacional en otras viviendas sociales, pero UP se niega a aceptarlo.
PSOE y Unidas Podemos también tienen fricciones por la duración de la medida. El equipo de José Luis Ábalos quiere que el decreto de prohibición de los desahucios se limite hasta el próximo 9 de mayo, que es cuando finalizará, en principio, el actual estado de alarma, pero los morados quieren más. Su apuesta es reflejar una mención a un punto intermedio entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2022, que era el periodo estipulado en la polémica enmienda pactada con ERC y EH Bildu que provocó una crisis en el seno del Gobierno. La negociación en este sentido tampoco avanza.
También ha discrepancias en relación al papel que deben jugar los servicios sociales a la hora de certificar la vulnerabilidad de una familia de cara a un posible desahucio. El PSOE ya ha aceptado que sean los profesionales asistenciales de comunidades autónomas y ayuntamientos quienes certifiquen al juzgado, a través de un informe preceptivo, que los afectados por el alzamiento se encuentran en una situación límite, pero Unidas Podemos solicita una mayor concreción. Quiere que exista en ese momento una alternativa habitacional vinculante y efectiva. Es decir, que la familia tiene que estar realojada en otra vivienda antes de ejecutar el desahucio. Esto sería una solución intermedia: no se prohibirían los procedimientos de alzamiento pero sí se ofrecería una solución directa a la familia afectada.
Otra cuestión que está prácticamente estancada, incluso más que la prohibición de los desahucios, es el veto al corte de suministros. En este terreno la negociación la lleva la Vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera con Unidas Podemos. Ningún avance y el tiempo juega en contra de los negociadores. El frío es una realidad y las compañías energéticas ya han amenazado a sus clientes de paralizar el servicio de agua, luz y gas si prosiguen los impagos.
Esta tensión en la coalición complica el calendario anunciado por Pablo Iglesias la semana pasada. El vicepresidente segundo habló en el Senado de un periodo de dos semanas para aprobar el decreto de ampliación del veto a los desahucios en cuestión de quince días pero fuentes gubernamentales reconocen que cumplir con ese periodo es realmente complicado. De momento la negociación se encuentra estancada en los niveles citados pero no se descarta que en cualquier momento, la próxima semana mismo, se eleve al 'consejillo' de los lunes que reúne a la cúpula del Gobierno, con Sánchez al frente e Iglesias y Ábalos presentes.
Este lunes se celebró en Moncloa una nueva reunión de esos 'maitines'. La coalición, no obstante, ni siquiera trató el asunto de los desahucios y el corte de los suministros, según reconocen fuentes cercanas al cónclave. Hablaron de los Presupuestos, de la campaña de vacunación y próximas acciones del Gobierno de coalición. Ni rastro de tensión ni de roces entre los socios.
Mientras tanto, este martes Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han retirado la enmienda conjunta que habían presentado a los Presupuestos para prohibir los desahucios hasta el 2022, al considerar que se ha alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para promover esta medida a través del decreto en discusión. Según ha avanzado Efe, ayer el grupo parlamentario del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, estuvo negociando hasta el último momento para que republicanos y abertzales accedieran a retirar la enmienda, aunque de no haber llegado a un acuerdo, los morados podrían retirar su firma antes de que esta mañana venciera el plazo. Desde la formación morada aseguraron que no tiene sentido votar esta enmienda cuando la tramitación de un real decreto en el que ya se trabaja sería más rápida que mediante los presupuestos.
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