El Gobierno mantiene negociaciones "avanzadas" con el Partido Popular para aprobar en el Congreso de los Diputados la próxima semana el decreto de la llamada "nueva normalidad". En este momento la formación liderada por Pablo Casado está intentando arrancar a Pedro Sánchez algunas modificaciones en el terreno económico y sanitario que inclinarían la balanza de los 89 diputados populares hacia el 'sí'. Las conversaciones las están dirigiendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, Ana Pastor, de cara a la votación que tendrá lugar la próxima semana. Moncloa ya tiene el voto favorable de Ciudadanos y PNV, pero aspira a conseguir el primer gran acuerdo con el principal partido de la oposición desde que estallara la crisis del Covid.
La negociación versa en estos momentos sobre los dos aspectos citados. En el terreno sanitario, y ante la previsión de que pueda haber rebrotes, el PP acepta algunas medidas de seguridad que se aprobaron en el decreto, como la separación física de 1,5 metros, pero pide ser más ambiciosos. Quieren ir un paso más en un texto que consideran "flojo". La exministra de Fomento, de hecho, como experta en temas sanitarios, ha preparado un informe con una serie de puntos que mejorarían la normativa y que los populares aspiran a incorporar en el texto que se tramite en el Congreso.
En el ámbito económico también existen algunas diferencias sobre cuestiones laborales que los populares aspiran a modificar. Es el caso de la legislación en materia de teletrabajo, según explican fuentes cercanas a las conversaciones. El grupo dirigido por Ana Pastor, en contacto con empresarios, quiere modular la normativa que, según salió del consejo de ministros, contenía la potenciación de esta modalidad a distancia siempre que sea posible tanto en las empresas privadas como en la administración.
Fuentes del PP consideran que la legislación de la "nueva normalidad" debe ser consensuada con el Gobierno y ambas partes se están esforzando para intentar llegar a un acuerdo. Los presidentes autonómicos, con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, también están haciendo sus aportaciones a la normativa y el Gobierno está abriéndose a negociar. Un ejemplo es el 'Fondo Covid' de 16.000 millones que salió ayer del consejo de ministros y que recoge algunas de las peticiones que hicieron ejecutivos autonómicos del PP para hacer frente a la reconstrucción. Madrid será una de las comunidades que más se beneficien de esta transferencia al ser la región más golpeada por el virus.
En Moncloa son optimistas respecto a un acuerdo, que sería el primero con el PP desde que el virus hiciera su aparición. Los primeros decretos de alarma no fueron pactados con Génova, pero la formación presidida por Casado decidió apoyarlos por "responsabilidad". Luego giraron a la abstención y al no. Lo mismo ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital: el Gobierno no negoció con los populares pero los de Casado optaron por votar a favor del decreto para introducir cambios en la tramitación parlamentaria.
En el PP, por su parte, prefieren ser cautos sobre su posible voto favorable, aunque admiten negociaciones bien encaminadas y más bien "informales" con el ministro de Sanidad. También destacan que fueron informados del decreto a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y que no ha habido ningún contacto de Sánchez con Casado desde hace casi un mes y medio. La última vez que dialogaron fue el 4 de mayo, cuando el presidente del Gobierno descolgó el teléfono y contacto con el del PP. Desde entonces, nada. Al contrario: discrepancias y rifirrafes en el Congreso.
El estado de alarma finaliza este próximo sábado a las 23:59 horas y a partir de entonces entra en vigor la llamada "nueva normalidad". Será entonces cuando las autonomías tomen el control de la situación y comiencen a aplicar, en consenso con el Gobierno central, sus propias decisiones. En definitiva, el Gobierno considera que en este momento el pacto es posible y en el PP también ven mimbres para cerrar este primer gran acuerdo que pueda abrir paso a un clima de entendimiento político que no ha existido durante la gestión de la crisis de la Covid.
Sánchez ya se ha comprometido con Ciudadanos a que no haya más estados de alarma y ha aceptado aprobar una batería de leyes para controlar la situación en caso de rebrotes. Este decreto "de medidas urgentes de prevención, contención y control" va a durar hasta que el Gobierno considere, previa consulta con las comunidades autónomas y un informe del Centro de Emergencias Sanitarias, que ha terminado la emergencia sanitaria. "Hasta que derrotemos definitivamente al virus", explicó Illa la semana pasada. Las medidas estarán vigentes hasta que el Gobierno entienda, previa deliberación con el Consejo Interterritorial de Salud, que la situación sanitaria está controlada.
El Gobierno también está negociando con ERC su voto favorable a este decreto, lo que llevaría a unos apoyos similares a los registrados en la convalidación del Ingreso Mínimo Vital. Todos los partidos votaron sí, salvo Vox que se abstuvo.
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