La crisis se llevó por delante millones de empleos, detuvo la actividad de sectores enteros como la construcción y congeló todos los proyectos de infraestructuras no urgentes, incluidas las gasistas. Ya es pasado. El Gobierno ha abierto la mano y ha aprobado la reactivación de una tercera interconexión gasista entre España y Francia a través del Pirineo Oriental. La decisión, según lo publicado en el BOE el 15 de marzo, tiene carácter "excepcional" y responde a la necesidad de asegurar el suministro energético y, de paso, fomentar la competencia.
El problema es que la decisión del Gobierno no ha ido acompañada de informes de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que avalen la rentabilidad del proyecto y detallen las posibles consecuencias para el bolsillo de los consumidores en diferentes escenarios de evolución de la demanda de gas.
En cuestión de dinero, sólo se sabe lo que detalló el BOE en marzo pasado: el proyecto STEP (South Transit East Pyrenees) es la primera fase del gasoducto MidCat. Llevará los tubos del gasoducto de transporte primario de la red troncal de gas natural de Hostalric a Figueras y de Figueras a la frontera francesa -más la estación de compresión de Martorell- y costará a la parte española 152 millones. A la parte francesa le corresponderían 290.
Informes en Francia
Pero si en España no hay informe de la CNMC sobre el proyecto, sí los hay en Francia. Y no son positivos. La Comisión de Regulación de la Energía de Francia (CRE) afirma que el STEP elevaría los precios sin mejorar la seguridad. Reuters dio cuenta, además, de un informe elaborado por la consultora Poyry para la Comisión Europea que cuestiona la viabilidad económica del proyecto y sostiene que sólo lo sería “en un escenario con un mercado ajustado en lo referente al gas natural licuado”.
Para justificar el levantamiento de la suspensión de infraestructuras aprobada en el decreto-ley de marzo de 2012, el Gobierno apela a la seguridad, la diversificación y la integración de mercados, aspectos dice, que "redundarán en beneficio del consumidor". No hay más detalle de números, algo que alimenta las críticas de quienes consideran que el sector gasista está sobredimensionado y que sobran infraestructuras de rentabilidad dudosa.
El proyecto STEP está declarado por la Comisión Europea como Proyecto de Interés Común Europeo (PIC). Cuando se construya se sumará a los dos puntos de interconexión gasista que ya existen: los de Irún y Larrau. El debate sobre su utilidad y su rentabilidad se da a los dos lados de los Pirineos. El proyecto MidCat -con una inversión estimada de 3.000 millones en conjunto- tiene el respaldo de Bruselas. Su funcionamiento duplicaría la cantidad de gas que puede ser transportado a través de los Pirineos.
Un debate abierto
Con el debate sobre la transición energética abierto, algunos analistas cuestionan la utilidad de las interconexiones. Y sus críticas han llegado incluso al Parlamento Europeo. A principios de este año, los europarlamentarios críticos señalaron el riesgo de que las infraestructuras gasistas previstas se conviertan en “activos varados”. Desde ese punto de vista, las interconexiones forman parte de un modelo energético “centralizado y obsoleto” que fomenta el uso de un combustible fósil y, por lo tanto, es totalmente opuesto a las nuevas políticas de energías renovables y a las redes de proximidad.
En el extremo opuesto, quienes defienden las interconexiones ven una oportunidad para que España rentabilice sus infraestructuras gasistas y aproveche el comercio internacional de gas. Fue el sueño del exministro de Industria y Energía, José Manuel Soria: convertir a España en un centro capaz de suministrar a Europa la mitad del gas que ahora llega desde Rusia a través de Ucrania.
Las bazas de España en gas son dos gasoductos con Marruecos y Argelia; siete regasificadoras que le permiten descargar gas natural licuado procedente de cualquier lugar del mundo, y una amplia red de comercialización. Pero la caída de la demanda en más de un 20% en los últimos años a la crisis y la competencia de las renovables ha provocado que las plantas no operen al cien por cien y se encuentren, en parte, infrautilizadas. Por eso las presiones empresariales son tan fuertes y por eso las interconexiones suponen una salida a la incertidumbre en pleno debate sobre la transición energética y las fuentes de energía a utilizar.
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