Las puertas giratorias siguen engrasadas. Los últimos fichajes del bufete Herbert Smith Freehills -el exministro de Justicia Rafael Catalá y el jefe de la Abogacía del Estado en Energía, José Ramón Mourenza- han provocado nuevas ondas en el mundo de la política. Podemos ha registrado en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el sistema de incompatibilidades del cuerpo de la Abogacía del Estado. La formación que dirige Pablo Iglesias pregunta en concreto si el Ejecutivo de Pedro Sánchez piensa modificarlo y, en caso contrario, por qué no lo hace.
El diputado y portavoz en la Comisión de Transición Ecológica, Josep Vendrell (Podemos-en Comú Podem), se interesa también por la posibilidad de aumentar los controles para evitar las puertas giratorias y por alargar los años de incompatibilidad para que los altos cargos puedan entrar en empresas estratégicas. También interpela al Ejecutivo por la situación en que está la Abogacía del Estado frente a los 42 pleitos internacionales en los que el país afronta demandas por importe superior a los 10.000 millones (15.000 si se suman las nacionales).
De momento, el Ejecutivo de Sánchez no tiene respuesta a las presiones de su socio en la acción de gobierno. Ni el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ni el Ministerio de Política Territorial y Función Pública de Meritxell Batet han aclarado a preguntas de La Infirmación si tienen planes para controlar el fichaje de altos funcionarios del Estado por sociedades privadas o cómo van a cubrir el hueco dejado por funcionarios clave en la defensa del Estado ante las denuncias interpuestas en el Banco Mundial por decenas de fondos internacionales.
Fuga de conocimiento
El panorama no es muy halagüeño. Además de la "fuga" de conocimiento que supone el paso de abogados del Estado al sector privado, los gastos de los pleitos crecen. Hasta el momento, según fuentes de la Administración, se han gastado ya 50 millones en la defensa del Reino de España, y los resultados no son buenos.
La idea adelantada por el Gobierno de Sánchez en julio de crear una comisión para reformar en profundidad la Administración Pública sigue en el aire. No se ha concretado. Ni siquiera se han constituido las mesas de trabajo. La comisión iba a estar constituida por ocho expertos presididos por el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Esa comisión tendría que redactar un informe con medidas concretas para el Gobierno antes de finales de año. El tiempo ha pasado y sólo el candidato a presidir la comisión, Jordi Sevilla, ha asumido un reto concreto que no es reformar la Administración, sino dirigir Red Eléctrica de España (REE), participada en un 20% por la SEPI.
En ese lago incierto ha tendido las redes del fichaje el bufete Herbert Smith. El despacho fue el primero que contrató el Gobierno cuando empezaron a llegar reclamaciones internacionales contra España. La Abogacía del Estado no tenía experiencia en arbitrajes internacionales y la idea era buscar un despacho internacional que afrontara la avalancha.
Además de los recién incorporados Mourenza y Catalá, Herbert Smith cuenta en sus filas con otro abogado del Estado en excedencia como es Eduardo Soler. También ha incorporado a Leopoldo González Echenique, abogado del Estado también y expresidente de RTVE.
Fuentes de la Administración reconocen que la salida de un funcionario de élite como Mourenza, con un profundo conocimiento de la estrategia del Estado español frente a los pleitos en el Banco Mundial, ha agitado el ambiente en el Ministerio de Transición Ecológica, ya de por sí enrarecido por las trabas que algunos altos funcionarios han opuesto a los planes de la ministra Teresa Ribera.
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