La imputación del BBVA en el caso Villarejo ha complicado el horizonte judicial de la entidad por lo menos hasta que se resuelva lo relativo a su implicación en este procedimiento penal. Y es que el banco no solo va a tener que responder en la Audiencia Nacional por los presuntos pagos al entramado empresarial que se habrían ordenado entre 2004 y 2005 bajo la presidencia de Francisco González, sino que se pedirán explicaciones de los pormenores de los trabajos que se prolongaron al menos una década después del primer encargo, ya con Carlos Torres al frente del departamento de Estrategia y Desarrollo Corporativo.
La reforma del Código Penal en el año 2010 abrió la puerta a la imputación de las personas jurídicas, de manera que empresas, organizaciones o entidades bancarias pudieran responder penalmente por presuntos hechos delictivos cometidos por personas físicas en el seno de los mismos. En lo que respecta a la banca no es la primera entidad que afronta esta situación: Bankia o Banco Santander fueron imputadas como personas jurídicas en otras causas también investigadas en la Audiencia Nacional, como es presunto fraude en la salida a bolsa, en el caso de Bankia, o la debacle del Popular, en el caso de la entidad que preside Ana Botín.
Ahora, la decisión del magistrado instructor de imputar cuatro delitos al banco sistémico pone en el punto de mira no solo a la antigua cúpula sino también a los actuales directivos de la entidad, que han reiterado su intención de colaborar con la Justicia. Ello es así porque aunque los primeros contactos con el banco se remontan a mediados de los 2000, los pagos continuados por los contratos con el entramado empresarial afectan directamente a la actual cúpula, sino penalmente, sí reputacionalmente debido a la magnitud de los delitos que se les atribuyen (cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción entre particulares).
De cohecho a corrupción
Prueba de ello se evidencia también en la decisión del magistrado al frente de Tándem de negarles la posibilidad de que se personen como perjudicados, por lo menos por el momento. De este modo, el primer delito que atribuye el magistrado instructor de 'Tándem' es el de cohecho. Los investigadores apuntan que la relación laboral entre ambos llevó al banco a desembolsar más de 10 millones de euros si bien solo deberán responder penalmente por aquellos que se cometieron entre 2010 hasta el cese de los abonos. Los fiscales al frente de la causa justifican la comisión de este delito en tanto las contrataciones con las empresas de Villarejo tuvieron un "carácter ilícito".
Ello es así porque Villarejo ostentaba entonces la condición de funcionario en activo en la Policía Nacional, lo que le impedía trabajar paralelamente en su negocio de espionaje. De hecho, las prácticas del mismo llevan al delito de descubrimiento y revelación de secretos. El intento de asalto de Sacyr al capital del banco llevó al mismo a contratar sus servicios, los cuáles consistieron en presunto espionaje y extorsión a políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y varios empresarios. Ese espionaje se pudo repetir, diez años más tarde, a varios periodistas que informaban de los asuntos del banco.
Los seguimientos personales y el acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria constituirían múltiples delitos de descubrimiento y también de revelación de secretos puesto que todos estos datos confidenciales se hicieron públicos en el momento en que se dieron a conocer a la entidad, ahora imputada, para tenerla informada de este encargo concreto. El magistrado García Castellón también les atribuye delito de corrupción en los negocios el cual está justificado en tanto al menos uno de los ocho directivos del banco imputados habría recibido dádivas a cambio de facilitar estas contrataciones entre el banco y las empresas de Villarejo y Rafael Redondo.
Al margen del duro golpe reputacional que surte de esta imputación, las consecuencias para el banco en caso de demostrarse que efectivamente es culpable de los delitos que ahora se le imputan pasarían por elevadas multas. En el caso del delito de corrupción entre particulares para personas jurídicas (artículo 31 bis del Código Penal) la cuantía diaria podría oscilar entre 30 y 5.000 euros aunque el abanico de sanción también incluye la suspensión de sus actividades y la clausura de sus locales y establecimientos por un plazo no superior a cinco años, llegándose incluso a considerar la disolución de la persona jurídica.
En función de la gravedad de la pena se contemplaría como posibilidad la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público o gozar de beneficios e incentivos fiscales por un plazo que no podrá exceder de quince años. Con todo, este horizonte queda lejano para el banco en tanto todavía tiene por delante una larga fase de instrucción de cara a dilucidar estos hechos por los que han sido imputados penalmente los ocho directivos arriba mencionados; entre ellos el exconsejero delegado Ángel Cano y el que fuera jefe de seguridad del banco Julio Corrochano; considerado este último como el 'nexo' de unión entre el banco y Villarejo.
También será determinante la voluntad de cooperación de todos ellos en el marco de esta novena pieza bautizada como 'Operación Trampa'. Así, aunque los directivos imputados- a excepción de Antonio J. Béjar- optaron por acogerse a su derecho a no declarar al estar la causa secreta, todos ellos mostraron en sede judicial su intención de colaborar con estas pesquisas, al igual que el propio banco que preside Carlos Torres. Por ello, a falta de saber los pormenores del calendario, se baraja que el instructor levante el secreto de sumario de esta parte de la causa a la vuelta del verano y, tras esta diligencia, acuerde la citación de los imputados. Es en ese momento procesal en el que se podría llamar a declarar al representante legal del banco para que responda por estos cuatros delitos que ahora se le imputan.
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