El BBVA tendrá que rendir cuentas en la Audiencia Nacional por sus negocios con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El magistrado que investiga sus encargos de espionaje en el caso Tándem ha acordado a primera hora de la tarde la imputación como persona jurídica de la entidad por los delitos de cohecho, descubrimiento, revelación de secretos y corrupción entre particulares después de que la Fiscalía Anticorrupción así lo haya solicitado, según confirman fuentes jurídicas a La Información. Ahora la entidad tendrá que designar un representante legal para que le represente en este procedimiento penal en el cual no podrá personarse como perjudicado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, atiende de este modo el criterio de los dos fiscales al frente de esta macrocausa. Los mismos consideran que, tras el análisis de toda la documentación que obra en el sumario proveniente de los registros efectuados tras el estallido de la operación y de la propia entidad, quedarían acreditados los pagos ilícitos al entramado empresarial de Villarejo por importe superior a los 10 millones de euros.
El Ministerio Público sostiene que los mismos afectaron a diversas "áreas sensibles" del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante el tiempo en que se estuvieron efectuando dichos desembolsos, los cuáles comenzaron entre 2004 y 2005 en el marco del encargo para evitar el intento de asalto de la constructora Sacyr al banco (operación bautizada como 'Trampa') y se prolongaron hasta finales de 2017. Para ese momento ya había estallado el operativo de detención contra Villarejo y sus socios por su implicación en esta macrocausa.
Dádivas de Villarejo
De este modo, los investigadores determinan que existen indicios de sobra para apuntalar al banco en lo que al delito de cohecho y revelación de secretos se refiere, puesto que el encargo que Villarejo acometió para frenar las aspiraciones de la constructora derivó en la interceptación de miles de llamadas telefónicas a personas que directa e indirectamente estarían implicadas en el asunto; entre ellas empresarios, periodistas y miembros del Ejecutivo del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El instructor también les atribuye el delito de corrupción entre particulares y lo hace después de que el Ministerio Fiscal acreditara esta misma semana que al menos uno de los directivos recientemente imputados en esta pieza novena del caso Tándem percibió dádivas a cambio de facilitar la contratación del banco con Cenyt. Las miradas están puestas en el que fuera exjefe de seguridad Julio Corrochano a quien el propio Villarejo señaló en su última declaración judicial como el nexo de unión entre sus empresas y la entidad.
De hecho, Corrochano aterrizó en el banco tras más de 30 años en la Policía Nacional, donde llegó a ser nombrado comisario de la Policía Judicial. Precisamente es uno de los ocho directivos que el juez imputó en la causa (por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos) tras recibir información clave de la entidad, relativa a los departamentos desde donde se efectuaron los pagos al entramado empresarial.
Tras las órdenes de contratación
El comisario cumplió con la citación judicial que se produjo días después de su imputación, pero, al igual que hicieran otros altos cargos del banco como exconsejero delegado Ángel Cano, se acogió a su derecho a no declarar a tenor de que las actuaciones de esta pieza están secretas. Ello no evitó que el juez atendiera el criterio de los fiscales y le dejara en libertad provisional sujeta al pago de fianza de 300.000 euros, la cual hizo efectiva en las cuentas de la Audiencia Nacional el pasado viernes mediante transferencia bancaria.
Los investigadores tratan de estrechar el cerco en torno a la figura dentro de la entidad presidida entonces por Francisco González que habría ordenado contratar con el entramado empresarial del agente encubierto y de su socio, el también imputado en esta novena pieza, Rafael Redondo.A pesar de haber acordado la citación del banco como persona jurídica en este mes de julio, no se espera que se le cite a declarar como pronto hasta septiembre, según fuentes jurídicas consultadas por este diario. Es en ese momento en el que el juez estudiará levantar el secreto de sumario de esta parte concreta del caso Tándem y volver a citar a declarar a los ocho directivos imputados.
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