Informe Pisa: el juez lo desliga del caso Iglesias pero Podemos insta a su estudio

El famoso informe PISA sobre una presunta financiación irregular de Podemos no forma parte de la investigación abierta para esclarecer las causas del robo del teléfono de Dina Bousselham. El documento, que fue hallado por la Policía Judicial en diciembre de 2018 y trasladado a esta parte del caso Tándem, en realidad no ha sido analizado dentro de esta pieza concreta pese a llevar en la misma más de 19 meses. El motivo, según ha esgrimido el magistrado en sus autos, es que las pesquisas se centran exclusivamente en la sustracción del dispositivo de la exasesora de Podemos y su posterior filtración en prensa.

Para conocer las claves de este asunto hay que remontarse a diciembre de 2018. Entonces, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional plasmó en un oficio el hallazgo de una serie de documentos incautados a José Manuel Villarejo tras su detención en noviembre de 2017. Los agentes se toparon con un informe bautizado como PISA del que dijeron que se desconocía su objeto pero que según "fuentes abiertas" se vinculaban a una supuesta financiación irregular de Podemos. El documento en cuestión se grabó en un DVD y el mismo fue a parar a la pieza décima del caso, abierta en marzo de 2019 para investigar el robo del teléfono de la exasesora de Iglesias.

Así lo plasmó el juzgado en una diligencia de ordenación el 9 de abril de 2019, apenas un mes después de que arrancaran estas pesquisas. El juzgado plasmó entonces que en esta parte concreta de la macrocausa Tándem se investigaba lo relativo a este documento que habría encargado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, según expuso Villarejo en sede judicial. Sin embargo, el magistrado Manuel García Castellón ha insistido desde casi el principio de la investigación que en esta pieza no tiene cabida ninguna diligencia relativa al informe atribuido a la policía patriótica ya que únicamente se centra en el presunto robo del teléfono de Bousselham en noviembre de 2015. 

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Por ese motivo, Podemos requirió al instructor que devolviera el DVD a la pieza principal para poder investigar el contenido del mismo, tal y como consta en la documentación del sumario a la que ha tenido acceso La Información. Pese a ello, el partido que ejerce la acusación popular en esta causa sigue sin tener respuesta por parte del juzgado por lo que, 19 meses después del hallazgo policial, no pueden pedir diligencias de investigación sobre el informe que Villarejo achaca al inspector jefe de la Policía José Ángel Fuentes Gago. En su declaración de marzo de 2019 la Fiscalía Anticorrupción sí se interesó por este documento y por los motivos por los que lo encontraron en su casa. Villarejo dijo entonces que no recordaba si lo tenía pero que se lo pudo pasar algún periodista. Además explicó que iba a ser él quien lo elaborara y para ello iba a reunirse en Estados Unidos con confidentes contrarios al Gobierno de Nicolás Maduro. 

En todo este tiempo de investigación Podemos ha pedido una serie de diligencias relacionadas con este documento que enmarcan en una campaña de desprestigio al partido, pero el magistrado ha insistido en que la pieza sobre Dina nada tiene que ver sobre una presunta financiación irregular de Podemos. Tanto es así que la última vez que recordó este extremo fue en su auto del pasado 18 de junio cuando se reafirmó en su decisión de quitarle la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. El magistrado le retiró de la pieza tras las confesiones de su exaesora en sede judicial en las que dijo que recibió su tarjeta de memoria externa de manos de Iglesias y estaba completamente ilegible. Ello le llevó a abrir una nueva vía de investigación para esclarecer qué pasó realmente con el dispositivo y cómo acabó destruyéndose. 

No conforme con la decisión del magistrado, el vicepresidente segundo del Gobierno recurrió el auto haciendo continua alusión a su condición de víctima de una campaña contra Podemos que vendría orquestada desde el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Hasta en ocho ocasiones sacó a relucir el informe del que recordó que se encontró en casa del comisario jubilado y que contenía información bancaria suya de su etapa como diputado en el Parlamento Europeo, la cual también figuraba en el teléfono robado a su exasesora. De hecho, Iglesias ya hizo alusión al informe PISA cuando declaró tras personarse como perjudicado en la pieza en marzo de 2019. 

Ya entonces apuntó que detrás de este "dossier de informaciones falsas" estaba el exDAO Eugenio Pino y que Interior hizo un "uso partidista" del mismo. El magistrado García Castellón respondió afeándole que el informe  vertebraba todo su recurso y que aludía "de forma insistente" al hecho de que el robo del teléfono se produjo en el marco de una campaña contra su formación. "Es importante dejar claro que el Sr. Iglesias nunca fue llamado en este procedimiento en condición de perjudicado por ninguna cuestión relacionada con el llamado informe PISA ni por ninguna otra publicación en medios de comunicación ajena a las imágenes procedentes del teléfono de Dina Bousselham", recalcó el juez el cual dejó patente además que la teoría de una acción política detrás del robo pasaba a un segundo plano tras las últimas confesiones de la exdirigente regional de Podemos.  

Las atribuciones de Bousselham, que luego remitió un escrito al juzgado apuntando que Iglesias no estaría detrás del destrozo de su tarjeta, han hecho que las pesquisas no solo se centren en la difusión del contenido del teléfono sino también en averiguar cómo, cuándo y quien dejó la tarjeta completamente ilegible. Las únicas referencias relativas al informe PISA fueron las aportadas por Villarejo a finales de marzo de 2019. El comisario dijo entonces que se le encargó un viaje a Miami para recabar información que vinculara a Podemos con el Gobierno de Nicolás Maduro aunque finalmente la vicepresidenta del Ejecutivo decidió que no fuera él sino Fuentes Gago. El resultado, según Villarejo, fue un "bodrio" y un informe "descafeinado" repleto de dossieres de prensa cuya finalidad fue su difusión en los medios de comunicación para zanjar el asunto y evitar que se abriera una investigación más exhaustiva en esa línea.