El magistrado de la Audiencia Nacional al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha denunciado ante la Guardia Civil y la Policía Nacional que ha recibido numerosas amenazas de muerte contra su persona en las redes sociales, según ha podido confirmar este diario. Estos mensajes se producen horas después de que el instructor del caso Villarejo decidiera enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y otros miembros de la formación morada por tres delitos en el marco de la pieza sobre el robo del teléfono de su exasesora Dina Bousselham.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto en conocimiento de la Comisaría General de Información de la Policía y del Instituto Armado las amenazas recibidas a través de redes sociales en las últimas horas. Su nombre está de actualidad después de que este miércoles culminara la investigación relativa a la pieza 10 del caso Villarejo -bautizada como Dina- y pidiera al Supremo que investigue a Pablo Iglesias, la exjefa de los servicios jurídicos Gloria Elizo, los abogados del partido Marta Flor y Raúl Carballedo, además de la propia Dina y su pareja Ricardo Sá Ferreira.
El instructor considera que el vicepresidente segundo del Gobierno podría haber cometido los delitos de revelación de secretos, denuncia falsa y daños informáticos en el marco de este capítulo concreto del caso Villarejo en el que se investiga la sustracción del teléfono de la exasesora de Podemos así como su difusión en prensa en 2016. La denuncia de las amenazas coincide también con las que puso de manifiesto en sede judicial el abogado despedido del partido, José Manuel Calvente. Este letrado, que declaró como testigo el pasado 10 de septiembre, expuso al término de su testifical que estaba siendo objetivo de una campaña de amenazas y ataques por parte del sector más crítico del partido tras declarar que existió un 'complot' entre la cúpula de la formación morada para atribuir a las cloacas del estado el robo del dispositivo.
En su comparecencia, que se produjo por videoconferencia desde los juzgados de Barcelona, el letrado explicó estaba recibiendo amenazas igualmente por denunciar ante la Guardia Civil una presunta caja 'b' de Podemos y las achacó al sector más radical del partido, que tildó de 'kale borroka'. Calvente, que se derrumbó en esta parte de su declaración, dijo que temía por su integridad y la de su familia ante la acción de la "guerrilla de Podemos", lo que llevó al magistrado del caso Villarejo a ofrecerle protección y a deducir testimonio para que la Fiscalía investigue esta campaña.
Ahora es el instructor de esta macrocausa penal que aglutina todos los encargos de espionaje de José Manuel Villarejo el que ha puesto en conocimiento de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado las amenazas recibidas en las últimas horas. Las fuentes consultadas explican que se trata de un gran número de mensajes vertidos principalmente a través de redes sociales tras conocerse su decisión de que el Tribunal Supremo interrogue a Iglesias. La investigación de esta pieza concreta, que arrancó en marzo de 2019, terminó esta misma semana con un panorama muy diferente al que se vislumbraba al principio. El instructor considera que Iglesias habría mentido en sede judicial para sacar rédito político y habría achacado a la brigada parapolicial el robo y difusión en prensa del teléfono pese a conocer de antemano que éste se filtró desde el mismo partido.
Un día después de su traslado al alto tribunal, la Sala de lo Penal ya ha pedido informe a la Fiscalía para que se pronuncie en relación a este asunto. Así pues, tras sumar el dictamen del Ministerio Público, el tribunal de la Sala II decidirá si admite o no a trámite la exposición razonada. Los magistrados que lo integran son el presidente de la Sala, Manuel Marchena, además de Ana Ferrer, Andrés Martínez Arrieta, Eduardo de Porres y Andrés Palomo, siendo este último el ponente de la resolución. Iglesias, por su parte, ha descartado presentar su dimisión y considera que no hay indicios suficientes para que el alto tribunal abra causa contra él por los delitos que le imputa el instructor del caso Villarejo.
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