El procedimiento por la salida a bolsa de Bankia cerró este miércoles una fase más con el término de la prueba pericial y documental. Tras intensas semanas de exposición de los peritos judiciales y de las partes, la vista se suspende varias semanas hasta el próximo lunes 22 de julio, día en el que se expondrán las conclusiones de las partes. El procedimiento, que arrancó en noviembre, encara de esta forma su recta final y lo hace sin escuchar finalmente la versión de la todavía directora gerente del FMI, Christine Lagarde, sobre el papel que pudo jugar el organismo en el hundimiento de la entidad.
La acusación que solicitó esta testifical antes incluso del arranque de la vista oral anunció en plena sesión por boca de su letrado, Andrés Herzog, que renunciaba a esta prueba. Lo hace "en aras de no ocasionar trastorno", según expuso durante la sesión, por lo que la causa seguirá su cauce sin contar con las respuestas del cuestionario dirigido a Lagarde. La versión que pudiera aportar de estos hechos cobró especial relevancia tras la testifical del exministro de Economía Luis de Guindos en la que se pronunció sobre el adelanto de las conclusiones del organismo en plena crisis del banco.
El actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) fue preguntado específicamente por el papel que jugó el Gobierno en la difusión en el mes de abril de las conclusiones preliminares sobre el Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP). Aunque estaba previsto que se hiciera público en junio, el organismo difundió una pequeña nota un mes antes del descalabre de la entidad y la salida de Rodrigo Rato, sobre las pruebas de resistencia de la banca española.
El exministro negó en reiteradas ocasiones que el Ejecutivo tuviera capacidad alguna de influencia en las decisiones de Lagarde pese a que algunos acusados apuntaron que este adelanto fue inesperado y supuso el golpe de muerte al banco. El organismo apuntaba en su escueto mensaje que había una decena de entidades vulnerables e hizo especial énfasis en Bankia, aunque sin mencionarla directamente. La Oficina de Evaluación Independiente (OEI), auditora del organismo financiero, determinó al respecto que este salto del calendario fue un movimiento "controvertido pero justificado" que se llevó a cabo a petición expresa del Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy.
El contenido del informe, adelantado por este diario e incorporado a la causa posteriormente a petición de la defensa de Rato, generó más dudas sobre los motivos que llevaron al fondo a actuar de ese modo acelerando la salida del exvicepresidente económico del Gobierno de la entidad y la posterior inyección de más de 22.400 millones de euros para evitar el hundimiento del banco. En este contexto, el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo citó a declarar a Lagarde el 8 de mayo junto con la directora adjunta en el Departamento de Mercados Monetarios del FMI, Ceyla Pazarbasioglu.
Aunque se esperaba que la directiva francesa siguiera los pasos de De Guindos y solicitara intervenir por videoconferencia, finalmente optó por alegar que, en aras de la política de inmunidad vigente en el fondo, su intervención en el procedimiento se iba a ceñir a responder un cuestionario que se le remitiera previamente a través del magistrado de enlace de la Audiencia Nacional en Washington. Ello llevó a la CIC a elaborar dicho documento poniendo el foco en este asunto así como en los pormenores de las reuniones que mantuvieron la futura presidenta del BCE y su 'número dos' en los primeros meses de aquel 2012.
Plazo hasta el 16 de agosto
Este movimiento anuló cualquier posibilidad de conocer de viva voz la versión de Lagarde y, además, dilató en el tiempo su intervención ante la dificultad de las gestiones. Tanto es así que, aunque el cuestionario se elaboró en abril, hace apenas un mes todavía no había llegado al FMI, de acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por este diario. Cuando finalmente se dio traslado, el fondo alegó que el escrito se había mojado sufriendo un desperfecto tal que obligaba a que se reenviara de nuevo desde España.
El tribunal informó a las partes de este nuevo inconveniente y acordó fecha límite a la intervención de Lagarde en el juicio estableciendo que tenía como mucho hasta el 16 de agosto para devolver el cuestionario completado. No obstante, la renuncia de esta acusación -condicionada al avance del procedimiento- ha hecho que Lagarde logre finalmente eludir su responsabilidad en el asunto y tener así que responder posicionándose o bien a favor de la auditoría que señaló al Gobierno como responsable de este giro, o bien a favor de De Guindos, el cual defendió la tesis contraria.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios