“Va a tener que ponerse a dictar sentencias Pedro Sánchez”. Esa es la primera contestación que se le viene a la cabeza a un exmagistrado de este país con más de 30 años de experiencia cuando se le pregunta por el plan de choque del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que contempla habilitar las tardes en la Administración de Justicia y todo el mes de agosto, que hasta ahora siempre había sido de vacaciones, salvo los servicios básicos. La idea del ministro, sobre el papel, es evitar en lo posible que se colapse aún más la Justicia con los miles de procesos que las medidas contra la pandemia del Covid-19 van a generar en el ámbito civil, mercantil y laboral, sobre todo. Pero su proyecto no contempla ni un aumento suficiente de jueces ni una remuneración “digna” para quienes optan por ampliar su jornada para apoyar en otros juzgados, con lo que desde el ámbito jurídico se entiende la iniciativa de Campo más como un canto al sol, "imposible como solución al colapso de la Justicia", que algo efectivo para resolver unos problemas que se acumulan desde mucho antes de que llegara el virus.
Poner en marcha en menos de un mes un plan con real decreto-ley que, de repente, termine con el colapso y la falta de digitalización que desde hace años acumula la Justicia española no convence a la mayor parte de los juristas españoles, con un agravante: todos ellos le recuerdan al ministro que la declaración del mes de agosto como inhábil está aprobada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y no puede ser modificada por un real decreto bajo la excusa de la extraordinaria y urgente necesidad porque vulneraría el artículo 82 de la Constitución Española.
El artículo 1 del real decreto-ley que va este martes a consejo de ministros intenta salvar ese escollo al señalar que del 11 al 31 de agosto serán días hábiles para todas las actuaciones judiciales, que a efectos del artículo 183 de la LOPJ, se declaren urgentes. No obstante, desde el ámbito de la Abogacía del Estado recuerdan que esa vía sólo puede ser promovida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no por el ministro y a conveniencia, por lo que es muy probable que haya recurso ante el Tribunal Constitucional para que no se use un artículo que remite a un reglamento para saltarse una Ley Orgánica.
Fiscales, letrados del Estado, abogados y, sobre todo, jueces y magistrados, ven en el plan de Juan Carlos Campo más una improvisación para salir al paso del tremendo problema de modernización que tiene la Justicia española, que un plan que se pueda aplicar en la práctica, "y que tardaría más de dos años en lograr algo". Así lo advierten la mayor parte de los juristas y asociaciones consultados por La Información , que admiten hay medidas puntuales que pueden servir para agilizar los procesos en materia de derecho concursal, procedimientos rápidos para temas de familia o refuerzo de los juzgados de lo social, ante la avalancha de quiebras de empresas, cuestiones de estado civil y parentesco o las demandas sobre los miles de ERTE que se han generado por el parón económico del virus. “Pero el cuello de botella siempre está en el juez, y si no hay más plantilla y se sigue pagando menos de 100 euros brutos por cada sentencia que se dicta en apoyo a otros juzgados, de nada va a servir lo que pretende el ministro”, asegura un juez con décadas de trabajo a sus espaldas que ha trabajado de refuerzo en otros juzgados de forma extraordinaria, que prefiere guardar el anonimato.
Ni partir la jornada ni agosto
Puestos a analizar la práctica de lo que pretende el ministro, los jueces recuerdan que está bien partir la jornada para los funcionarios, “pero no hay que olvidar que cuando un funcionario o agente judicial lleva un asunto, lo lleva el sólo y nadie más, con lo que no se avanzará nada en la práctica; será una medida efectiva para distanciar a la gente en los juzgados y evitar contagios, pero no para que el trabajo sea más ágil”, recuerda un juez en activo. “Además los jueces vamos a tener que estar mañana o tarde, pero no a todas horas”.
Cuando se plantea la opción de habilitar agosto -si se salva el problema de constitucionalidad que supone-, los jueces coinciden en su análisis con la mayor parte de los abogados: las citaciones no se van a cumplir porque la gente está de vacaciones, “y eso solo va a alargar y a complicar la situación. Desde el Consejo General de la Abogacía Española, integrado por los 83 Colegios de Abogados de España, van más allá y advierten que difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto. “Esta habilitación tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc.”, aseguran.
Digitalizar la justicia en un mes
La norma que se pretende aprobar este martes pone en marcha una serie de medidas telemáticas para agilizar las declaraciones, evitar las aglomeraciones en los juicios y agilizar algunos trámites, con el llamamiento a que “todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías se doten de los medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información necesarios y suficientes para poder desarrollar su función eficientemente”, como se señala en el preámbulo. Frente a ello, desde la práctica judicial recuerdan que lo que hace falta es una digitalización total más allá del sistema Lexnet que ahora existe y que se colapsa.
“Tú le envías un papel al juzgado por Lexnet, por obligación legal; el funcionario lo imprime y monta su archivo en papel y luego se escanea para meterlo en la nube, un paso final en el que siempre se producen errores”, señala de forma muy gráfica uno de los jueces que cada día ‘se pegan’ con este sistema. Otro magistrado que hace año y medio se pasó al sector privado recuerda que, entonces, en algunos juzgados de Madrid se podía hacer una videoconferencia solo desde la biblioteca "y no creo que haya cambiado mucho, a no ser que se propongan utilizar alguna aplicación de las que usa todo el mundo, con el riesgo que eso supone para la seguridad jurídica".
“No se puede pretender digitalizar toda la Justicia en un mes por el Covid después de años de retraso y sin resolver, por ejemplo, el problema de los registros civiles”, recuerdan desde el ámbito fiscal, cuya preocupación es como se van a reordenar ahora las vacaciones y los modelos de trabajo, de la noche a la mañana, de los 5.500 jueces, 2,500 fiscales, 10.000 procuradores, más de 3.800 letrados de la Administración de Justicia y unos 40.000 funcionarios, que son la red que conforma el sistema judicial español. “Todo ello sin añadir a los más de 60.000 abogados en activo que funcionan en España, cuyas vacaciones van a depender ahora de lo que señalen los jueces en los meses de verano”, algo que se había evitado con el “hito histórico” de la declaración de agosto como mes inhábil.
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