El caso 'Púnica' está a punto de llegar a su fin, al menos para la mayoría de las 13 piezas separadas que conforman la macrocausa. El próximo 31 de julio cumple el plazo para cerrar la instrucción y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no solo ha advertido de que esa es su intención, sino que además cuenta con el mandato de la Sala de lo Penal de ir terminando la investigación iniciada en 2014.
Una de las principales piezas, que concentra toda la atención mediática, es la novena, la relativa a la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid, en la que se encuentran imputados ex altos cargos del partido, como los expresidentes regionales Esperanza Aguirre e Ignacio González --este último ya ha sido propuesto para ser juzgado por dos piezas del caso 'Lezo' y para quien la Fiscalía Anticorrupción pide, por el momento, 12 años de cárcel --, o el exsecretario general de los 'populares' madrileños Francisco Granados (principal investigado de la causa).
Esta es una de las líneas de investigación que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 quiere finalizar cuanto antes al considerar que la investigación está "agotada" y no quedan apenas diligencias por practicar. Así lo afirmó en las resoluciones con las que acordó y confirmó el archivo de la causa, y en concreto en esta pieza separada, con respecto a Indra como persona jurídica. En ellas, rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de realizar nuevos interrogatorios.
En el marco de esta pieza 9 de la macrocausa, el magistrado también acordó a finales de abril archivar la causa con respecto a otra expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, al no ver acreditado que participara en la presunta financiación irregular del partido regional con la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco.
Trabajos realizados entre 2012 y 2014
No obstante, mantiene aún en el aire si ve indicios de delitos en las conductas de otros ex altos cargos del PP de Madrid. Fuentes jurídicas consultadas por La Información han señalado que el juez está pendiente de que llegue el informe pericial que solicitó, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en julio del año pasado a profesores universitarios para aclarar si los trabajos realizados por Eico, empresa del investigado Alejandro de Pedro, entre 2012 y 2014 para mejorar la imagen personal en Internet de cargos de la Comunidad de Madrid como Aguirre, González, Granados o los exconsejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola tienen carácter institucional o son privados.
Se trata de un informe pericial similar al que ya elaboraron los mismos expertos informáticos sobre la mejora de la reputación online de la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar. Los peritos concluyeron que la empresa de De Pedro utilizó multitud de cuentas falsas en la red social Twitter para difundir noticias de páginas web 'fantasmas' creados 'ad hoc' en beneficio de la también investigada.
Aunque el caso 'Púnica' mantiene abierta una pieza separada --la décima-- exclusivamente para investigar estos trabajos que habrían sido pagados con fondos públicos, Anticorrupción solicitó en el marco del procedimiento sobre la presunta financiación irregular el informe relacionado con los expresidentes madrileños, Granados, Sarasola y Victoria.
Correos encontrados en un ordenador
La investigación sobre los trabajos de reputación online para Aguirre llevan años siendo foco de investigación, pues la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya alertó en un informe incorporado al sumario de 'Púnica' en 2016 que hallaron correos electrónicos en un ordenador en el domicilio de Alejandro de Pedro en los que se hablaba de la imagen personal en internet durante su etapa como presidenta regional.
Así las cosas, el juez García Castellón está a la espera de este análisis para valorar en conjunto todos los hechos investigados y las diligencias practicadas y decidir si propone juzgar a Aguirre y otros exdirigentes 'populares' o, por el contrario, archivar el caso también para ellos, según han indicado las fuentes jurídicas consultadas, que estiman que el cierre de la pieza sea antes del mes de julio.
Precisamente sobre la presunta financiación irregular, recientemente el juez García Castellón llamó a declarar como testigo al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, después de que éste remitiese a Anticorrupción un escrito en el que se ponía a disposición de la Justicia para contar cómo funcionaba y se nutría la contabilidad opaca de la formación política. Una carta que llegaba justo antes de que comenzara el juicio por la presunta caja 'b' del partido, ya visto para sentencia.
Bárcenas apuntó a Aguirre
En dicha comparecencia, según fuentes jurídicas presentes en la misma, Bárcenas apuntó directamente a Aguirre como receptora de cantidades para financiar una de sus campañas electorales. Afirmó que el dueño de Ploder, Luis Gálvez, había entregado al extesorero 60.000 euros en metálico para este fin, algo que tanto la expresidenta madrileña como el empresario han negado.
Es más, por estos hechos, el juez García Castellón imputó durante un par de semanas al constructor y, 24 horas después de escucharle, decidió dejarle fuera de la 'Púnica' al considerar su versión más "verosímil" que la de Bárcenas. Durante su declaración, Gálvez contestó a una serie de preguntas de la Fiscalía que pueden ser claves a la hora de atribuir ciertos hechos delictivos a los investigados. Admitió que los contratos con la administración madrileña iban acompañados de una cláusula en la que se especificaba que los empresarios se hacían cargo de un 1 por ciento de las facturas de la publicidad institucional del proyecto.
El juez instructor destacó en el auto de agosto de 2019 por el que se imputó a Aguirre que en los contratos públicos de su etapa como presidenta se estableció esa cláusula "falaz" por la cual se incrementaba el precio para pagar gastos de publicidad e información ajenos al objeto del contrato y que presuntamente se podrían haber destinado a financiar irregularmente el partido.
Nueva pieza
Relacionada con la presunta caja 'b' de los 'populares' madrileños, el juez abrió la semana pasada una nueva línea de investigación --formando así la pieza número 13-- para analizar una serie de correos electrónicos y facturas aportadas por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega que podrían acreditar la existencia de un sistema de facturación impuesto "que perseguiría satisfacer necesidades económicas del PP de la Comunidad de Madrid".
Las fuentes consultadas apuntan que la apertura de esta nueva pieza no impedirá el cierre de casi la totalidad del caso 'Púnica', puesto que la idea de no añadir estos nuevos documentos a la pieza número 9 es no retrasar su fin. En esta línea, recuerdan que la última reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) permite al juez prorrogar la de instrucción si cumplido el plazo de 12 meses entiende que aún quedan diligencias por realizar.
Ello quiere decir que esta nueva investigación tiene aún un año por delante antes de llegar al límite temporal legal, y de acercarse a él puede ampliarse sin problemas. De momento, el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha solicitado a la UCO que contrasten las facturas aportadas por el exalcalde de Majadahonda con las que en su día entregó la Comunidad de Madrid para verificar si realmente existen irregularidades, tal y como denuncia Ortega.
En cuanto al resto, el magistrado García Castellón ha solicitado a las partes que informen si creen que debe ordenase alguna diligencia más en relación a tres piezas separadas (la, 4, la 8 y la 12) "para culminar la fase preparatoria" previa al señalamiento de la vista oral.
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