El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón continúa este miércoles con la ronda de declaraciones que fijó tras la vuelta de las vacaciones para aclarar hasta qué punto los trabajadores de BBVA tenían conocimiento de quién era el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Entre los investigados que tienen que desfilar por la sede judicial se encuentran varios policías, pero también un empleado, cuyo testimonio puede resultar relevante para el avance de las pesquisas, ya que fue uno de los principales interlocutores del banco con el exinspector de Policía Antonio Bonilla, una de las personas cercanas al agente encubierto y que siguió con el negocio del espía, después de que éste entrara en prisión provisional como el principal imputado de la macrocausa 'Tándem'.
Entre los citados a declarar este miércoles se encuentra Óscar Santos Tuche, un trabajador de BBVA que, según indicó la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, en un informe al que ha tenido acceso La Información, fue la persona que se comunicaba con Anbycol, la empresa que habría tomado el relevo del Grupo Cenyt, el entramado liderado por el polémico comisario. A Antonio Bonilla se le sitúa en el 'clan Villarejo' no solo por sus múltiples apariciones en las agendas del agente encubierto y en las grabaciones de sus conversaciones, sino porque también era el director de Operaciones de sus sociedades.
Tras la detención de Villarejo en noviembre de 2017, Bonilla habría sido el encargado de trasladar determinados datos a BBVA, muchos de ellos obtenidos de fuentes policiales, sobre una veintena de personas, a petición del trabajador de BBVA. Así se concluye en un oficio con fecha del 25 de abril de 2022, ampliatorio de otro realizado un año antes, que acaba de ser incorporado al sumario de la novena pieza separada de la macrocausa, la que se centra en los encargos que la entidad financiera vasca hizo a Cenyt durante más de una década. Se trata de un informe que había sido incluido en las pesquisas de la pieza principal de este procedimiento judicial, pero que cambió de carpeta después de que la Fiscalía Anticorrupción advirtiera de la relación de su contenido con las actividades desarrolladas para el banco.
La unidad policial explica que, tras analizar el contenido de un teléfono móvil que fue intervenido a Bonilla, se detectó que la "relación comercial" del 'clan Villarejo' con BBVA continuó meses después de que el comisario jubilado ingresara de manera provisional en el centro penitenciario de Estremera. El exinspector "continuaba poniendo a disposición de la entidad (cliente) la información obrante en los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior, de acceso restringido", afirma.
Datos de carácter personal
Entre los archivos examinados se encuentran los correos electrónicos intercambiados entre Óscar Santos y Antonio Bonilla. El primero realizaba las "solicitudes" de obtención de información y el segundo daba las "respuestas", adjuntado en numerosas ocasiones información. Asimismo, la unidad policial también procedió a comprobar cómo el exinspector localizó los "datos de carácter personal" interesados y constató que para ello se sirvió de varios agentes que accedieron con sus claves a los ficheros policiales, actuación que ha provocado sus imputaciones y por la que tendrán que comparecer ante el juez esta semana.
En total, 21 particulares fueron espiados por el colaborador de Villarejo. El juez García Castellón incluyó sus nombres en un listado de 67 personas a las que ofreció personarse como víctimas, a finales del pasado mes de julio, aceptando así una petición del Ministerio Público. Los espionajes llegaron, al menos, hasta julio 2018, cuando se centraron en empresarios, como los altos directivos de Salto Systems (dedicada a sistemas de control de accesos y cerraduras electrónicas) o de Bee the Data (compañía de inteligencia artificial), según indica el informe de la UAI.
Datos reservados por 300 euros
A lo largo de 69 páginas, la Policía destaca que la relación entre el trabajador de BBVA y Bonilla se habría iniciado antes de la detención de Villarejo, pues recoge un e-mail de diciembre de 2016, en el que el propietario de Anbycol entregó un informe que contendría datos de "acceso restringido" sobre un particular, tal y como el propio exinspector indicó en el texto del mensaje o en el nombre del archivo. Cabe recordar que al inicio de las investigaciones, la UAI ya avisó al juez que, entre 2011 y 2017, la entidad financiera había hecho varios abonos a la mencionada empresa.
Los contactos se habrían retomado pocos después del estallido de la 'operación Tándem' para el desarrollo operaciones similares sobre personas que habrían trabajado en el banco, según se desprende de correos electrónicos intercambiados en enero de 2018, en el que se adjuntan documentos con este tipo de detalles ("Informes ex-empleado" o "Empleado Implicado"), o incluso si los datos plasmados venían de "fuentes abiertas" o no.
Así, para acreditar que el acceso a datos confidenciales era parte de los servicios prestados por Anbycol, la UAI destaca uno de los e-mails que Bonilla envió a Óscar Santos sobre la 'investigación' a una antigua empleada de BBVA: "Como quiera que hemos realizado las búsquedas en profundidad por las fuentes abiertas, y no hemos obtenido muchos datos, solo facturaré las parte correspondiente a los Informes reservados (300€+IVA).Te parece bien?' Un fuerte abrazo" (sic), reza el correo recogido en el oficio.
Derecho a no declarar
A raíz de este informe, la Fiscalía Anticorrupción advirtió al juez de la Audiencia Nacional de que los trabajos encargados por BBVA a Villarejo no habrían concluido con su entrada en prisión, sino que siguieron 'vivos' a través de la empresa de Bonilla, que siguió una "misma dinámica". Por ello, con el objetivo de tener tiempo para indagar en estos nuevos hechos, solicitó la prórroga de la investigación hasta enero de 2023; así como el interrogatorio de Bonilla, Santos y los agentes que 'sacaron' los datos de los ficheros policiales.
Anticorrupción advirtió al juez de la Audiencia Nacional de que los trabajos encargados por BBVA a Villarejo no habrían concluido con su entrada en prisión, sino que siguieron 'vivos' a través de la empresa de Bonilla
Bonilla -que además ha sido juzgado en el primer juicio del 'caso Tándem'- ya tuvo la cita ante el juez instructor el pasado 10 de octubre, pero terminó como un mero trámite. Se acogió a su derecho a no declarar, por lo que no despejó ninguna de las dudas de la Fiscalía. También decidieron guardar silencio otros empleados de BBVA que aparecen en el informe de la UAI vinculados a la gestión de los datos personales de los posibles perjudicados. Fuentes jurídicas consultadas por este medio creen que las declaraciones que faltan por practicarse no revelarán grandes detalles sobre los trabajos realizados en 2018, pues ven muy probable que los imputados que quedan por comparecer (Óscar Santos y los policías imputados) sigan la misma estrategia que el dueño de Anbycol y los trabajadores del banco.
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