El juez agenda una ronda de imputados del 'caso BBVA' y deja a FG para el final

Nuevos interrogatorios sobre los encargos que BBVA hizo al comisario jubilado José Manuel Villarejo durante más de una década. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha agendado una nueva ronda de declaraciones de imputados para el próximo mes de octubre, entre los que no ha citado al expresidente del banco Francisco González, quien solicitó su comparecencia voluntaria para poder aclarar todas las dudas que han ido surgiendo a lo largo de los casi cuatro años que acumula la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem'.

Entre los investigados, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha vuelto a citar a BBVA, como persona jurídica, para que preste declaración por las presuntas irregularidades cometidas con la contratación de Cenyt, el entramado empresarial que Villarejo utilizó para realizar actividades privadas mientras seguía siendo funcionario en activo de la Policía Nacional. Pese a los diversos escritos presentados por la defensa del banco para evitar esta citación, así como para solicitar el archivo del procedimiento, el magistrado quiere aclarar si la compañía financiera activó e hizo uso de sus mecanismos de control para detectar posibles conductas penales en los pagos de los servicios del agente encubierto. En esta línea, según la providencia dictada el pasado 16 de septiembre, a la que ha tenido acceso La Información, el representante de la entidad tendrá que acudir a la sede judicial el próximo 26 de octubre.

Mira también

El exministro Sebastián pide al juez que mantenga a BBVA en el 'caso Villarejo'

Esta ronda de declaraciones fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que manifestó sus sospechas acerca de posibles encargos que BBVA habría hecho al agente encubierto y que, hasta el momento, eran desconocidos. Así, el Ministerio Público instó al juez a que ofreciera la personación como víctima a 67 personas, que podrían ser "posibles perjudicados u ofendidos o víctimas de un hecho constitutivo de infracción penal", derivado de los espionajes. El magistrado dio el visto bueno a todas estas peticiones, lo que justificó que prorrogara, a finales de julio, otros seis meses el procedimiento. Asimismo, aceptó las solicitudes que hizo González, entre ellas oficiar a la Agencia Tributaria para que aporte al sumario el 'modelo 347' -que recogen una relación de clientes y la facturación a los mismos- de Cenyt de los años 2004 a 2017, correspondiente al periodo que la compañía trabajó para BBVA. No obstante, el magistrado aún no ha fijado fecha para la que será la segunda declaración del expresidente de BBVA.

En dicho auto de prórroga, el juez García Castellón asumió los argumentos que Anticorrupción plasmó en un informe previo y señaló que también era necesario escuchar a varios trabajadores de BBVA para determinar el grado de conocimiento y cumplimiento que existía a nivel interno sobre la normativa del banco, así como las normas de compras en relación a los encargos a proveedores externos y si existió una auditoría interna. En este sentido, el juez escuchará a los empleados Simón Galera Rodríguez y José Manuel Cantero Criado (11 de octubre); y a Óscar Santos Tuche (20 de octubre). El primer día también comparecerá Ana María Encinas Plaza. 

Los últimos contratos de BBVA

Uno de los testimonios más relevantes tendrá lugar también el primer día de declaraciones, el 11 de octubre, con el exinspector Antonio Bonilla Martínez, policía situado en el 'clan Villarejo', que actuó como director de Operaciones del Grupo Cenyt. Los fiscales sospechan que el entramado encabezado por el espía siguió funcionando después de que éste ingresara provisionalmente en el centro penitenciario de Estremera (en noviembre de 2017), al menos durante unos meses más, tras hallar indicios de que BBVA mantuvo algún tipo de relación comercial entre 2011 y 2017 con Anbycol, empresa de la que era dueño Bonilla. Estos 'negocios' continuaron en 2018, siguiendo la misma mecánica que las contrataciones del entramado de Villarejo, según advirtió la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Pero para apuntalar la tesis de que el 'grupo Villarej0' hizo uso de datos policiales reservados para sus espionajes, el juez también ha citado, el 19 de octubre, a otros tres agentes de Policía, también investigados. Por último, para cerrar la ronda de declaraciones, el magistrado García Castellón ha convocado a otro empleado de BBVA, éste en calidad de testigo, a quien se le identificó como el responsable de la elaboración de unos informes "en contestación a los requerimientos de información del SEBPLAC".

Preguntas a las víctimas

En cuanto al ofrecimiento a 67 personas como perjudicados, Anticorrupción ha presentado un nuevo escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, que también ha podido ser consultado por este diario, en el que recuerda que se les considera víctimas de las actividades de Villarejo porque "en diferentes documentos internos de Cenyt, elaborados presuntamente a instancias de empleados de BBVA, se accedió a bases de datos tanto públicas como reservadas que afectaban a su persona". En este sentido, explica que es necesario que en el momento que la UAI informe a dichas víctimas la posibilidad de personarse en el 'caso Villarejo' como acusaciones, debe preguntarles "qué relación tenían -directa o indirectamente- con tal entidad bancaria (BBVA), o si, encuentran explicación alguna para que la misma tuviese interés en sus personas". 

El juez Joaquín Gadea -refuerzo del titular del Juzgado- ha aceptado esta última petición de la Fiscalía, según se expone en una providencia firmada también el pasado 16 de septiembre, en la que además advierte de que en la diligencia que practique la unidad policial debe quedar constancia de que, en el futuro, estas personas pueden ser llamadas a declarar como testigos "a efectos de poder ampliar el interrogatorio". Entre las víctimas se encuentran empresarios como al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el constructor Nicolás Osuna García; el secretario general del Grupo Noga, José Ramón Lacasa Marañón; el presidente de Ibérica de Maderas y Aglomerados y vicepresidente de la Fundación Mutua Madrileña, Luis Rodríguez Durón; o los altos directivos de Salto Systems, Javier Roquero y Rubén Ramos.